«El control gubernamental debe ser civilizado y no criminalizado»

Rodríguez Veltzé es el vocero de la comisión de notables que busca cambiar la Constitución para cambiar la justicia. Observa la hiperjudicialización, que lleva todos los asuntos a la vía penal.
domingo, 6 de diciembre de 2020 · 01:38

Mery Vaca / La Paz

Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la Corte Suprema de Bolivia, expresidente de la República y exagente de Bolivia ante La Haya, ha vuelto a hacer noticia estos días porque integra la comisión de notables que pretende poner en marcha una reforma judicial en el país, en momentos en que los tribunales han tocado fondo. 

Rodríguez es el vocero de la comisión;  sin embargo, las propuestas que lanza en esta entrevista con Página Siete para cambiar la Constitución y las leyes, las hace a título personal, puesto que la entidad de juristas apenas acaba de nacer.

¿Cuál es el alcance de la comisión de notables? ¿Acompañarán la reforma judicial los cinco años?

Esta es una iniciativa del Ministerio de Justicia y que responde a gestiones que el Ejecutivo y este ministerio han hecho ante la Asamblea Legislativa para avanzar en una reforma judicial en etapas. Una más urgente y otra de largo plazo. Es un espacio consultivo, es decir, no somos funcionarios, y el propósito es contribuir con la experiencia y sugerencias a un tema que lleva larga data de no atenderse debidamente. 

¿Cuáles serán los plazos para esta reforma?

Hay una ventana de oportunidad muy estrecha. Es como un tren que va a pasar y que hay que tomarlo, y que tiene relación con el cierre de la legislatura, un evento electoral próximo, al cual se puede acoplar esta iniciativa que debe consultar a la gente, para hacer una reforma específica y que permita dar un primer gran paso. Luego viene una etapa mucho más grande que debe encararse con mayor holgura y mayor reflexión.

¿Qué cosas deberían introducirse en la reforma judicial, además de la supresión de las elecciones judiciales?

Hay que ir con alguna calma, porque recién hemos tenido una primera reunión, que fue más de tipo protocolar. Esta iniciativa  tiene relación con algunos asuntos específicos, como la conformación de los altos tribunales que tienen sede en Sucre, su modalidad de selección que reemplace a su elección, el término de sus funciones, su incorporación a un sistema de carrera que permita evaluar de manera periódica y permanente, el desempeño de un par de órganos en Sucre que son el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Finalmente, un tema que se comentó en la reunión y que tiene enorme relevancia que es el de los recursos presupuestarios para que cualquier reforma pueda encararse.

¿Cómo debería ser la selección de los magistrados para no volver a caer en el cuoteo?

Yo tengo una postura personal, no soy afecto a mantener el sistema de voto popular, porque no creo que pueda trasladarse al ciudadano una elección que es más técnica. Es más bien una elección que debe concentrarse en escoger a los mejores ciudadanos y ciudadanas que puedan cumplir esa función y es una tarea que no ha mostrado efectividad en las dos elecciones anteriores y más bien ha tenido efectos negativos. Yo me inclino por retornar a una elección que tenga como base la meritocracia y no puede eludirse la participación de los representantes políticos que son los representantes ciudadanos. 

A mi juicio, no es tan importante la modalidad de elección, pues en otras latitudes los jueces los elige el presidente o los monarcas, sino el desempeño de esas autoridades, que tiene que valorarse en términos de probidad e imparcialidad. Ahí hay una responsabilidad no sólo institucional de establecer una forma de evaluar de forma periódica o permanente ese desempeño jurisdiccional sino hay otras modalidades que desde la sociedad civil deberían generar mayor interés. En otros países, el análisis permanente de fallos, de jurisprudencia es lo que marca desde la sociedad civil, el desempeño que tienen estos jueces.

¿Se tendría que establecer como un consejo ciudadano o cómo se evaluaría?

En otros sistemas, las altas cortes tienen una alta credibilidad porque hay una estabilidad, una predictibilidad de que son fallos imparciales. No se puede esperar que sea el ciudadano común el que esté vigilando los fallos, esta es una tarea a mi juicio básicamente de la academia, pero también puede haber instancias de valoración del desempeño de manera permanente de ciertos indicadores, como la oportunidad con que se expiden fallos. Esta no es una novedad, cuando me tocó estar en la corte, se avanzó en un sistema de carrera que tenía como uno de los ingredientes esenciales  la valoración del desempeño.

¿Cuánto tiempo deberían estar en sus funciones los magistrados? Se habla incluso de cargos vitalicios como sucede en algunos países.

Hay líneas que promueven que mientras duren los buenos servicios de los jueces, estos deberían permanecer en sus cargos, obviamente sujetos a una valoración de su desempeño. Yo particularmente creo que los plazos prolongados, como de nueve o 10 años, son los más razonables, con opción de una reelección; pero aquí también entra el factor de la edad. En algunos países se pone la regla del cargo vitalicio, pero con una edad tope en la cual se   invita al magistrado a jubilarse. 

¿Qué hay que hacer con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental? ¿Cerrarlos o cambiarlos?

No hay una posición de eliminación, entiendo que hay una preocupación del desempeño, que tiene que ver con un sentido práctico de las cosas. Cuando se examina la viabilidad de un tribunal, no solamente (se ve) su existencia formal en la norma, sino, si este tribunal está cumpliendo un número racional de casos. Seguramente hay una valoración que se va a plantear sobre el Tribunal Agroambiental. 

En el Consejo de la Magistratura también hay reparos desde que se creó a fines de los 90. El espíritu de su creación era sustraer a los jueces de la actividad administrativo disciplinaria, para que se dediquen a administrar justicia, y haya otra capacidad que atienda ese tema, pero con el diseño orgánico de la Constitución se ha desfigurado de alguna manera eso,  porque hay un divorcio entre los órganos jurisdiccionales con el Consejo, por lo que les han devuelto la capacidad de administrar sus recursos;  el tema disciplinario no funciona razonablemente y menos el de las designaciones. Hay un tema de diseño para que los recursos del Estado se optimicen y se tendrá que examinar qué es lo que mejor convenga.

¿Cuánto es actualmente el presupuesto de la justicia en términos porcentuales y cuánto debería ser para su adecuado funcionamiento?

Bolivia tiene un déficit de atención presupuestaria en el sistema judicial desde hace décadas. No llegamos al 1% del presupuesto general de la nación y seguramente se necesitan varios puntos porcentuales más. No puedo responsablemente decir cuánto, pero creo que ese es uno de los desafíos mediatos que debería trabajarse. Esta comisión también así lo ha señalado, que es indispensable tener los suficientes recursos.

La Fiscalía, si bien no es parte del sistema judicial, está en el meollo del asunto porque se ha convertido en un mecanismo de manipulación política. Los fiscales responden al ministro de Gobierno de turno. ¿La reforma tendría que llegar hasta ese nivel?

Creo que la Fiscalía si bien no es parte del Órgano Judicial, pero concurre en la actividad jurisdiccional de manera fundamental. Creo que la Fiscalía pasa por el mismo síndrome de deslegitimidad de muchos de los tribunales o jueces que tenemos y debería ser parte de esta renovación, de esta iniciativa de una reestructuración. Esto tiene que ver con volver a entender cuáles son los límites de la justicia penal, de la justicia que persigue una sanción. Creo que ha habido una distorsión desde el momento en  que se aprobaron leyes que criminalizan una cantidad de actividades como la función pública, o actividades de orden civil o comercial, que acaban llegando a la justicia penal para lograr soluciones que yo llamaría extorsivas. Creo que es fundamental recuperar un sentido de lo que es el control gubernamental civilizado y no criminalizado. 

 La gestión pública puede incurrir en errores o en desviaciones y en situaciones que en la mayor parte de los casos son rectificables, sancionables por el orden administrativo y no remitirse inmediatamente a la Fiscalía. Pero, en gran medida eso se ha instalado en una narrativa ciudadana y los medios contribuyen enormemente porque cuanta situación irregular se plantea, se pide no solamente que actúe el sistema penal, sino detención preventiva y cuando hay libertad provisional, son los primeros en reclamar porque también tienen sus líneas. Creo que hay que recuperar la civilidad de las observaciones al sector público. Hay una distorsión de una cultura jurídica excesivamente criminalizante.

¿Alguna otra reforma importante que cree que se debe hacer?

Cuando cumplí mis últimos tiempos en la Corte, entre el 2004 y 2005, se hizo el primer gran diagnóstico, en el que una de las conclusiones más importantes  tiene que ver con el acceso a la justicia, un acceso que permita que el ciudadano de a pie pueda resolver sus asuntos con relativa facilidad y no necesariamente con abogados o jueces, sino en espacios que llamamos justicia de paz o lo que quiera llamarse. Hemos ultrajudicializado la posibilidad de resolver nuestros problemas. Lo que se planteó en ese tiempo fue establecer los juzgados de paz vecinales o como lo hacen en las comunidades indígenas originario y campesinas. Más del 70% de los municipios rurales no tienen juzgados, pero tienen cierto nivel de paz social, sistemas de justicia restaurativa que se ocupan de las solucionar el fondo del problema y no necesariamente de encarcelar o perseguir a la gente. 

Usted ha surgido como magistrado del anterior sistema de selección de jueces. Entonces, no habrá sido totalmente malo. ¿Era mejor el anterior sistema que hacer elecciones judiciales? ¿Cómo valora los dos sistemas?

Hay que recordar que hasta las reformas constitucionales de los tempranos 90 había un cuoteo prácticamente descarado porque una cámara elegía por simple mayoría a los vocales de las cortes distritales y la otra a los ministros de la Corte Suprema. Era un escándalo, de ahí que las primeras reformas, se estableció que para nombrar a los magistrados de las altas cortes en Sucre era necesario dos tercios de votos del Congreso de entonces. 

Fue en esa oportunidad que yo me convertí en magistrado y creo que (ese sistema de votación) modificó radical y cualitativamente lo que era un cuoteo descarado. Mi elección junto con la del extinto Carlos Tovar se produjo por más del 90% de los votos porque representábamos junto a otros colegas un perfil distinto, era gente desafecta a una militancia y con una trayectoria legal judicial más explícita. Creo que (es un sistema que) sigue siendo válido. El hecho de que políticos elijan a los jueces, no convierte a los jueces en políticos, tiene que ver con la integridad personal de cada juez. Que lo elija el pueblo, el ciudadano, un grupo de notables, no es lo más importante, es el desempeño de su función como un juez probo e imparcial.

 Hemos gastado  200 millones de bolivianos en elecciones judiciales inservibles. Seguramente se han rifado vidas y la libertad de personas en este sistema. ¿Qué pasó? ¿Por qué un error tan grande e histórico en el país? ¿De quién es la responsabilidad?

Hay políticas de Estado que plantean instrumentos legales, leyes, o la propia Constitución, cuyo responsable es el titular de la soberanía. Si examinamos quién aprobó esa Constitución,  estamos hablando de más del 60% de los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que cuando se diseñan o proyectan estas normas, debería actuarse con más reflexividad, con más prudencia y tomar en cuenta las lecciones aprendidas para hacerlo mejor. 

¿A usted no le consultaron cuando se decidió introducir la reforma? ¿No les advirtió que podía ser algo malo? Por algo será que somos el único país del mundo que tiene elecciones judiciales a ese nivel.

Ha habido muchos criterios que se expresaron en el curso de la Asamblea Constituyente, pero fueron decisiones soberanas que asumieron quienes tenían la mayoría. Yo escribí artículos sobre estos temas y la Corte Suprema envió estos esfuerzos preconstituyentes. Hicimos llegar algunos criterios, hubo iniciativas formalmente planteadas. Otra cosa es que hayan decidido otro rubro y,  bueno,  hay que corregirlo.

Mientras inician esta reforma judicial, los jueces no se inmutan. Por una puerta salen los de un signo político y por la otra entran los del otro signo político. ¿No le parece un contrasentido? ¿No se puede enviar un mensaje al menos de sobriedad?

Hay conductas que no se pueden entender ni tolerar. Quiero destacar un principio y es que la soberanía reside en los ciudadanos y esa soberanía delegada en funciones jurisdiccionales es la base del poder que tienen los jueces. Por eso la importancia de este consenso político. Si somos los ciudadanos quienes concurrimos a esta posibilidad de reforma constitucional,  en marzo vamos a dar la señal de que ha llegado el tiempo de reformas, y estos jueces tendrán que ver que es el soberano el que decide, no el partido de turno, no la mayoría legislativa, es el soberano, tiene esa dimensión. Ese es el mensaje que transmitiría, aquí no hay cálculo, cuando el soberano decide, se acata.
 

HOJA DE  VIDA

  • JUEZ  Fue ministro de la Corte Suprema y su presidente hasta que en 2005 asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Carlos Mesa.
  •  Presidente   Su misión fue convocar a elecciones generales, las que ganó Evo Morales.
  •  Diplomático  Fue agente de Bolivia ante La Haya para la demanda marítima y para el Silala.

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