Cuatro organismos internacionales se pronunciaron advirtiendo violación a derechos en Bolivia

La ONU, la CIDH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional coinciden en sus observaciones sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, luego de los acontecimientos de noviembre de 2019.
sábado, 29 de febrero de 2020 · 19:05

Página Siete Digital / La Paz

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) compartió un pronunciamiento de entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Human Rights Watch (HRW); y Amnistía Internacional, que advierten violación de la democracia y los derechos humanos en Bolivia.

La ONU a través de instancias como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ACNUDH) elabora un informe sobre la “crisis” en Bolivia. Al respecto la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a afirmar que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, aunque el gobierno transitorio negó ese extremo en diversas oportunidades. 

Incluso la Celac, hace notar que en el informe de la ONU se menciona la forma de toma de poder, en el siguiente texto: “El bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia”.

Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, señaló que su oficina está preocupada “por la imputación de decenas de antiguos cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua Administración”.

Del mismo organismo, Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados, afirmó que le preocupa “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales (…) Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”, dijo.

Asimismo la CIDH en diciembre de 2019 emitió un informe en el que insta el gobierno boliviano a trabajar en la inmediata reparación de los derechos de los heridos y familiares de las víctimas de noviembre de 2019 y exigiendo “cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales o a grupos privados actuando en asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos y a que garantice que a cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba tratamiento médico y sanitario adecuado”.

Además exhortó al gobierno a proteger a las personas privadas de libertad, por su condición de vulnerabilidad y especialmente a aquéllas que prestaron su testimonio a la Comisión y han sido "amenazadas", de acuerdo al informe.

Tras las movilizaciones poselectorales en el país se registraron más de 30 personas fallecidas y cientos de heridos, al respecto la CIDH manifestó que “dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral”, calificando de hechos de violencia “extremadamente graves”, con aparente participación de la fuerza pública.

Por lo que solicitó una investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, a través de una investigación internacional independiente e imparcial.

Incluso el relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, calificó como “masacre” las muertes en El Alto y Sacaba, y manifestó que es “alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto (4078) muy cuestionable”.

También se refirió a la criminalización y persecución de opositores políticos y expresó su preocupación por la situación jurídica de los exvocales del TSE presos o investigados, "y por la garantía de sus derechos procesales y demás derechos humanos", rescata la Celac del informe.

Incluso advierten un clima de "silenciamiento" de la prensa que habría contribuido a legitimar declaraciones de altos funcionarios gubernamentales.

Por otra parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, afirmó en CNN que lo sucedido en Bolivia con Evo Morales “es técnicamente un golpe de Estado”, remarcando que el mismo renunció a sugerencia de un jefe militar.

En su Informe Mundial 2020 afirma que el Decreto Supremo 4078 era inconsistente con las normas internacionales de Derechos Humanos. Y hace mención a amenazas a periodistas, entre esas las vertidas por la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en relación a acciones vinculadas a “sedición”.

Respecto del delito de “sedición”, el informe destaca la permanente alusión que de él hace el ministro Arturo Murillo y advierte que la definición de “sedición” es imprecisa en la legislación boliviana.

Finalmente la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió al decreto 4078, aseverando que “la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”.

Rosas también afirmó que “las autoridades bolivianas deberían dejar de acosar a periodistas y opositores al Gobierno y garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos”.

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