CIDH en Haití: Gobierno dará un informe y víctimas no pudieron ir

La audiencia “Vulneración de los Derechos Humanos en el contexto electoral” será hoy. El Ejecutivo presentará un reporte sobre octubre y noviembre de 2019.
viernes, 6 de marzo de 2020 · 00:04

Luis Escóbar  / La Paz

El Gobierno prevé presentar un informe sobre lo acontecido en octubre y noviembre de 2019, en la audiencia pública de la   Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH),  prevista para esta tarde  en Haití, en la que se abordará lo acontecido en esas fechas en Bolivia.

Las víctimas de Senkata, que son la contraparte, informaron que  no asistirán a la cita por falta de recursos económicos.

 La audiencia será en Puerto Príncipe, donde   se lleva adelante el 175 periodo de sesiones de la  CIDH.   El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, llegó ayer al mediodía a esa ciudad   acompañado del agente de Bolivia en la OEA, Jaime Aparicio, y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas.  

“Vamos a presentar el Informe de Estado sobre los DDHH de octubre a noviembre del año pasado”, declaró Coimbra a Página Siete. En ese  documento, que  fue difundido  el 21 de enero, el Estado  detectó al menos seis actos “terroristas” que se habrían registrado  días antes y después de la dimisión de Evo Morales. Esos hechos fueron atribuidos  a los partidarios del MAS. 

Como primer “acto” se describe que el 12 de noviembre de 2019 se produjo un “ataque terrorista” al gasoducto en Carrasco. El 14 -se anota- hubo una tentativa de “ataque terrorista”,  que tenía el objetivo de hacer explotar las válvulas de gas en la avenida Tejada Sorzano,  de La Paz. 

El tercer “acto” es la detención de “un miembro de las FARC”,  quien supuestamente entrenó a afines al MAS. El  cuarto “acto”  que se menciona en el informe se produjo el 15 de noviembre cuando  “grupos armados” ligados a  las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba -se lee en el reporte- provocaron las muerte de nueve personas. 

El quinto “acto” se registró el 19 de noviembre,   cuando “grupos de choque partidarios de Morales –con apoyo de extranjeros– cometen un atentado terrorista contra Senkata”. El  sexto “acto” es que afines al MAS sembraron terror en El Alto, La Paz y Cochabamba por medio del saqueo e incendios contra instalaciones y vehículos de la Policía.

“Estamos profundamente interesados en  que se sepa la verdad histórica de los hechos de octubre y noviembre, solo pedimos una investigación objetiva e imparcial, sin enviados ideologizados, sin injerencia política, los bolivianos merecemos saber a detalle quiénes generaron violencia, quiénes la financiaron y quiénes la ordenaron”, dijo el Ministro de Justicia.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Senkata, a través de un comunicado, informó que no pudieron llegar a Puerto Príncipe, como estaba previsto,  por falta de recursos. “Damos a conocer que por falta de recursos económicos, nosotras y nosotros no hemos podido asistir a esta audiencia para denunciar en primera persona lo ocurrido y vivido”, se lee en el pronunciamiento que emitieron.

  En ese comunicado apuntan contra el MAS y el Ejecutivo. “El MAS pactó y dejó a solas a las víctimas de Senkata, mientras que el Gobierno fue el que ordenó las masacres”, se lee en ese texto. 
 

El martes, la diputada  Sonia Brito confirmó   que sus colegas del partido azul    asistirán a la  sesión de la CIDH. “Nosotros vamos a denunciar los casos de persecución y violencia política, detenciones indebidas, masacres, detenidos políticos, heridos y muertos. Vamos a pasar toda la información sobre el estado y situación de los derechos en Bolivia después de las elecciones”, declaró.

  En el calendario de audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la CIDH se registran tres sesiones relacionadas con Bolivia: 1) “Situación de los pueblos indígenas”, 2) “Situación de los derechos humanos”, y 3) “Vulneración de los derechos humanos en el contexto electoral en Bolivia”. 

En diciembre, la CIDH difundió un informe preliminar de su visita al país. En el documento habla de “masacres” ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto). El Gobierno rechazó el documento.  
 

 

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