Defensora en la CIDH: "Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién disparó"

Por su lado, el gobierno presentó un informe de "graves" violaciones a los derechos humanos durante los 14 años que gobernó Evo Morales.
viernes, 6 de marzo de 2020 · 23:01

Página Siete Digital / La Paz 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado boliviano en el periodo poselectoral del 20 de octubre de 2019 y lo hizo en las audiencias públicas del 175 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizadas en Haití.

"Mi pueblo necesita justicia, necesita saber quién disparó", en Senkata, Sacaba y Montero durante el conflicto poselectoral vivido con mayor intensidad entre octubre y noviembre de 2019. En ese solicitó a la Comisión a que inste al gobierno transitorio a responder porqué hasta la fecha no se tienen identificados a los culpables.

La Defensora pidió en la sesión un minuto de silencio por las 35 muertes ocurridas en el país, en noviembre pasado y recordó a las 833 personas heridas, además mencionó que existen más de mil personas privadas de libertad.

Cruz recordó que el gobierno emitió un Decreto Supremo que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas. “La Defensoría del Pueblo solicita a la Comisión que inste al gobierno a responder ¿por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Cruz.

 “La vigencia de la Convención Americana se encuentra amenazada por la grave situación de vulneración de derechos humanos, que se ha vivido y que se continúa registrando debido a la sistemática conducta gubernamental”, mencionó.

Cruz solicitó a la CIDH que inste al gobierno transitorio de Jeanine Añez que promueva una investigación independiente y oportuna, y solicitó a los integrantes de la comisión la llegada al país del Grupo de Expertos (GIEI) para reforzar la investigación y "determinar las responsabilidades estatales”.

Además afirmó que en Bolivia desde el 20 de octubre de 2019 a la fecha, "se ha incumplido la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, protección judicial y libertad de pensamiento y expresión". “Desde el Ministro de Gobierno dijeron: ‘vamos a ir a la cacería’, que ‘esas personas empiecen a correr porque los vamos a agarrar’”, recordó.

“Existe un patrón de vulneración a derechos identificado por el uso excesivo y abusivo de los tipos penales de sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes, que transgrede incluso principios como el de presunción de inocencia”, acotó.

También relató que desde el 8 de noviembre se evidenciaron diferentes actos de agresión en contra de los periodistas por parte de grupos civiles, hechos que calificó como “omisión en la obligación de especial protección por parte del Estado”.

Cruz pidió “que cese la persecución judicial arbitraria e ilegal y se garantice el ejercicio de los derechos políticos de exautoridades y de dirigentes de organizaciones sociales”. Asimismo solicitó “que el Estado se abstenga de realizar actos de hostigamiento, persecución y represión en contra de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo”, “que el Órgano Ejecutivo respete la independencia del Órgano Judicial y el Ministerio Público” y “que se garantice la libertad de expresión y la protección especial a los trabajadores de la prensa”.

Finalmente denunció que el Estado no cumple las medidas cautelares emitidas por la Comisión en favor de dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, presentó un informe de "graves violaciones a los derechos humanos durante los 14 años que gobernó Evo Morales", donde detalló el supuesto fraude electoral, además de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y denunció actos terroristas.

“El régimen mató a más de 100 personas a causa de sus convicciones políticas; generó más de 1.000 exiliados; promovió una fuerte discriminación racial y política; ataques a periodistas y medios de comunicación; violó el debido proceso y la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas; criminalizó instituciones y/o organismos que disentían de la ideología del Gobierno; sometió al Órgano Ejecutivo a los órganos Legislativo, Judicial y Electoral; y suspendió de manera ilegítima los derechos políticos”, dijo el Ministro.

Indicó que el gobierno del MAS “organizó ataques terroristas que pretendían hacer explotar plantas gasíferas de Carrasaco y Senkata, sembrando terror en las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba por medio de saqueos e incendios contra instalaciones y vehículos de la Policía".

Asimismo recordó los enfrentamientos de Montero, donde dos ciudadanos fallecieron por impacto de proyectiles, "fue un acto cruel comandado por el ciudadano argentino Facundo Molares Schoenfeld, miembro de las FARC de Colombia y prófugo de la justicia de ese país desde el año 2017", sostuvo y agregó que el extranjero "daba instrucción militar a grupos de choque de Morales”.

Coímbra mencionó que Morales intentó consolidar un proyecto totalitarista en 14 años y que generaron el rechazo de la población que asumió manifestaciones "pacíficas", mientras que de acuerdo a la autoridad el anterior gobierno movilizó a grupos violentos.

“Por todo lo expuesto, es importante señalar que el Estado boliviano, de ninguna manera, puede aceptar pronunciamientos realizados en base a prejuicios e información descontextualizada proveniente de instituciones y personas que claramente carecen de imparcialidad y objetividad, por lo que extendemos nuevamente la invitación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que vaya a Bolivia y, como resultado de una investigación in situ, sus autoridades puedan recién evidenciar la verdad material de los hechos ocurridos", señaló.

El Ministro manifestó que la Defensora del Pueblo es interina y que no tiene la moral para hablar de la defensa de derechos humanos ya que tiene un perfil político.

 

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