Relatoría especial de la CIDH expresa preocupación por Decreto 4200 en Bolivia

La Procuraduría General del Estado concluyó que la norma “es plenamente compatible con los principios, del estado constitucional de derecho y respeta la libertad de expresión.
sábado, 11 de abril de 2020 · 17:59

Página Siete Digital / La Paz

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su “grave preocupación” por la promulgación del Decreto de Emergencia Sanitaria por el Covid-19, que hizo el Gobierno de Jeanine Añez, para frenar la pandemia porque el mismo vulneraría el derecho a la expresión.

“La Relatoría expresa una grave preocupación por la aprobación del decreto en Bolivia, que sanciona con prisión ‘desinformar’ o ‘incitar a delitos contra la salud’ para enfrentar el Covid-19. Es una figura amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística (…) La norma no cumple con principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud. La Relatoría, reitera que además es desproporcionado el uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público. Llamamos al gobierno de Bolivia a dejar sin efecto (el Decreto 4200)”, señala la institución en su cuenta oficial de twitter.

La postura de la institución, que tiene como mandato general vigilar, proteger y estimular el derecho a la libertad de expresión en América, es similar a la que el pasado martes expresó la Human Rights Watch (HRW), institución internacional de vigilancia de los derechos humanos, en sentido de que tal decreto, que establece medidas contra la propagación del coronavirus, “incluye una disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

Por su parte, ante el comunicado de la HRW, la Procuraduría General del Estado (PGE) se pronunció y concluyó que un decreto emitido por el Gobierno de Jeanine Añez “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho y que “la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia”.

El 25 de marzo, la Presidenta dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) señala que "las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública".

Según la PGE, “la finalidad de la norma (el decreto) es la prevención de desinformación y no la restricción a la libertad de expresión”.

El propósito del decreto “es el de generar conciencia en la población sobre la transmisión de información errónea o falsa sobre el coronavirus que atenten contra la salud y las acciones gubernamentales tendientes a su mitigación; mas no prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a aquella emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales”, agregó el organismo en su pronunciamiento.

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