¿Qué dice la ley que regula el Estado de Excepción aprobada por el MAS?

Dicha norma fue cuestionada en días pasados por autoridades del Órgano Ejecutivo.
jueves, 18 de junio de 2020 · 09:44

Paulo Lizárraga A. / La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS), con sus dos tercios en el Parlamento, promulgó la Ley regulatoria de Estado de Excepción ayer en la Cámara de Diputados.

Debe entenderse primero que un “Estado de Excepción” es la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias.

La mencionada norma es cuestionada por el Gobierno central y abogados constitucionalistas por limitar el accionar de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana frente a los hechos de violencia que puedan ser generados por ciertos grupos de la población. Uno de los elementos que llama la atención es la urgencia en el tratamiento y cuando está el debate la definición de las elecciones generales. 

“Ata de manos” a las fuerzas del orden

En días pasados autoridades del Órgano Ejecutivo mencionaron que la Ley de Estado de Excepción pretende “atar de manos” el accionar de las FFAA y la Policía.

Sobre esa línea, dicha norma señala en el parágrafo I del Art. 13 que tanto civiles como militares policías “serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción”.

Sin embargo, la violación de los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado (CPE)

Cualquier servidor público, civil, militar o policial que actúe violando los derechos establecidos en la CPE, pretendiendo amparase en el estado de excepción, será procesado y sancionado administrativa, civil y penalmente.

Infractores, sancionados con el 10% del salario mínimo

La norma señala que no pueden existir sanciones privativas de libertad o que atenten contra el acceso a servicios básicos para el individuo que incumpla el Estado de Excepción.

“Queda prohibido como forma de sanción, cualquier tipo de restricción a la libertad o privación del acceso a los servicios básicos, bancarios, carburantes, alimentación o los servicios de salud”.

No obstante, la misma establece una sanción pecuniaria (de paga) sólo del 10% del Salario Mínimo Nacional (poco más de Bs 200).

“No se establecerán sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas del Estado de Excepción.  Salvo la multa pecuniaria que no podrá exceder del 10% del Salario Mínimo Nacional o del ingreso de la o el infractor, debiendo aplicarse el monto que resulte mayor.”, menciona el parágrafo I del Art. 9.

FFAA, sólo en caso que la Policía sea rebasada

La ley regulatoria señala que los efectivos de la institución castrense sólo podrán ser convocados en el caso que la Policía Boliviana vea rebasados sus esfuerzos por controlar los hechos de violencia que puedan suscitarse.

“Solo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la policía boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, señala el Art. 20.

No debe ser “discriminatorio”

El inciso d) del Art. 6 de esta norma sostiene que el accionar asumido bajo el Estado de Excepción no podrá “basarse en causas meramente discriminatorias, ni implicar o tener como efecto la discriminación de ninguna naturaleza en contra de una persona o grupo de personas, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona”.

En tal sentido, tampoco puede vulnerar los derechos y libertades garantizados por la Carta Magna.

“La Declaración de Estado de Excepción no podrá en ningún caso suspender los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, reconocimiento de personalidad jurídica, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, derecho al nombre, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la nacionalidad, derechos políticos, derecho a la información, derechos de las personas privadas de libertad”, dicta el Art. 7.

La ALP puede levantar las condiciones “en cualquier momento”

Una de las atribuciones que se le confiere al Presidente del Estado es justamente la declaratoria de Estado de Excepción. Que según esta ley, su duración no puede exceder de los 60 días y para realizar una nueva declaratoria debe haber una “rendición de cuentas”.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado autorizado de levantar las medidas del Estado de Excepción.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional podrá modificar o dar por finalizado el estado de excepción, en cualquier momento de su vigencia, en todos sus aspectos o en algunas de las restricciones o medidas, a excepción de la ampliación de su plazo de vigencia”, señala el parágrafo I del Art. 15.

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