Tras “cohabitar ”, estalla pugna entre Lanchipa y el Gobierno

El Fiscal General manifestó: “Vemos que lastimosamente muchas personas se han sentido afectadas, se sienten dañadas con este proceso de investigación”.
jueves, 18 de junio de 2020 · 00:04

Yolanda Mamani Cayo   / La Paz

Tras “cohabitar” por varios meses desde la caída de Evo Morales, el fiscal general  Juan Lanchipa  y el Gobierno están en medio de una pugna, detectan  juristas y expertas en temas políticos. En el oficialismo niegan aquello y lo califican de “especulación”.  

Esa “convivencia” -se señala- habría  posibilitado el inicio de casos como el del fraude electoral o el de sedición y terrorismo, contra el expresidente Evo Morales, sus ministros y otras autoridades de su administración. 

“Ellos  hicieron un pacto, un pacto subterráneo suscrito por debajo de la mesa y a espaldas del pueblo”, afirmó la abogada y diputada Norma Piérola.

La jurista Paola Barriga considera que hubo una “ruptura” porque la Fiscalía abrió procesos de investigación por el caso de la compra irregular de los 170 respiradores españoles. “Quizás entre ellos existía alguna coordinación al inicio, pero como esto se ha develado y es público, al Ministerio Público no le queda más que hacer esa persecución penal”, aseguró. 

Desde filas del oficialismo niegan ese extremo. El Gobierno, en la actualidad, procesa a Lanchipa y le acusa, además, de tener una directa coordinación con    Morales y el exministro Héctor Arce, por lo que le exige  su renuncia.

Un punto de inflexión de la relación Gobierno-Fiscal General se registró el 30 de abril, cuando el ministro de Gobierno Arturo Murillo dijo a Lanchipa  “que dé la cara y no se oculte”, y que si no tiene el valor para trabajar durante la crisis del coronavirus, renuncie. 

El 14 de mayo, el Ministerio Público informó que se instruyó la conformación de comisiones de fiscales para investigar denuncias en YPFB y en torno a los vuelos de los aviones estatales, entre otros.  El 20 de mayo, la Fiscalía General del Estado instruyó  la  conformación de una comisión de fiscales para una indagación  “minuciosa, transparente y objetiva” de la compra de los 170 respiradores.  

El 16 de junio, el viceministro de Transparencia Guido Melgar  informó que presentó una denuncia penal contra Lanchipa por los presuntos delitos de beneficio en razón del cargo y uso indebido de influencias, de los que supuestamente se habría valido para postularse al cargo de Fiscal General en 2018.

En esa misma jornada, Lanchipa informó que en el caso respiradores, la comisión de fiscales tomó declaraciones a personas que viven en España, y agregó que se solicitará la ampliación de declaraciones a quienes las    brindaron  inicialmente, “a fin de tener elementos más sólidos y contundentes y no perjudicar este trabajo de investigación. Por ello los fiscales han solicitado la ampliación, que concluye la próxima semana”.  

Frente a las denuncias del Gobierno en su contra, Lanchipa  atribuyó esas acusaciones como “una respuesta al proceso de investigación que estamos llevando adelante en estos hechos de corrupción,  desarrollados durante la época de la pandemia”.  “Vemos que lastimosamente muchas personas se han sentido afectadas, se sienten dañadas con este proceso de investigación”, expresó. 

El diputado Tomás Monasterio, de Unidad Demócrata,  afirmó que el Ministerio Público está dilatando todos los procesos contra  Morales y sus excolaboradores, una actitud que calificó de “demasiado pasiva y funcional”. El legislador  percibe la “instrumentalización del Ministerio Público al servicio del MAS”, que -sostuvo- tiene el objetivo de desgastar y atacar al actual Gobierno.

“Este antecedente se puede dejar en evidencia por la relación estrecha de confianza que mantiene el señor Lanchipa con el señor Héctor Arce y Evo Morales en Argentina”, aseguró Monasterio, quien  subrayó que la indagación que realiza su equipo  “no es parte de una conspiración, una vendetta o un complot”, porque todas las pesquisas son respaldadas con documentos que prueban los hechos.

El oficialismo busca que  Lanchipa -posesionado en octubre de 2018, durante  el gobierno de Evo Morales-  renuncie a su cargo y  se someta a un juicio ordinario. “Juan Lanchipa es un corrupto, debe renunciar y debe ser procesado por la vía penal”, afirmó el diputado Monasterio.

Página Siete intentó contactarse con Lanchipa para conocer su versión, pero no se tuvo éxito. 
 

 

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