MAS plantea una ley de distribución equitativa de la publicidad estatal

Una investigación del Ministerio de Comunicación, develó que en los tres últimos años del gobierno de Evo Morales el diario La Razón y la Red ATB fueron los más beneficiados con este tipo de anuncios.
miércoles, 1 de julio de 2020 · 14:17

Página Siete Digital 

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Efraín Chambi, anunció que su bancada trabajará una ley para una distribución equitativa de la publicidad estatal y argumentó que se quiere evitar que en el futuro los medios sean objeto de chantaje por parte de los gobiernos.

El legislador considera que los medios de comunicación tienen que informar de manera objetiva e imparcial.

“La bancada trabajará una ley en cumplimiento a la distribución equitativa de la pauta publicitaria estatal en los medios de comunicación. Lamentamos lo que pasó con PAT, pero sirvió para que los medios no sean sujetos de chantaje por parte de ningún Gobierno de turno”, indicó Chambi en una conferencia de prensa.

Agregó que a partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se espera “que ningún Gobierno pueda manipular a los medios de comunicación”.

En mayo de este año, una investigación del Ministerio de Comunicación develó que el diario La Razón de La Paz y periódicos de reciente creación en el país se llevaron gran parte de la publicidad estatal durante los tres últimos años del gobierno de Evo Morales.

También evidenció que la red ATB, de los mismos dueños de La razón, recibió en ese tiempo más de Bs 100 millones por publicidad, más que todos los canales de televisión y sólo por debajo del canal estatal.

Los datos mostraron que este matutino captó Bs 12 millones por este concepto y un diario de Tarija, El Periódico, percibió Bs 4,5 millones, más que otros impresos antiguos y de circulación nacional.

En 2016 la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, y con ello consumó un atropello a la libertad de expresión y puso en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta.

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