Para el MAS no corresponde que el Ejecutivo consulte al TCP sobre ley del inquilinato

Según el diputado Borda, el proyecto de ley no se generó en el Ejecutivo y, por tanto, no debió consultar la constitucionalidad sino el Legislativo.
martes, 14 de julio de 2020 · 18:49

Página Siete Digital

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) se aseguró este martes que no corresponde al Ejecutivo que consulte al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la constitucionalidad del Proyecto de Ley de Arrendamientos, sancionado por el Senado sino a la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque allí se originó la norma que espera su promulgación.

“La ley del inquilinato señora (Jeanine) Añez no se originó en el Ejecutivo sino en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo tanto, la única persona facultada para interponer una consulta previa de legalidad o control de constitucional de una ley, conforme al artículo 112 del Código Procesal Constitucional, es la presidenta de las Asamblea Plurinacional, la señora Eva Copa, no usted, no está legitimizada”, afirmó este martes el diputado Víctor Borda (MAS), en un video.

“Interpongo consulta sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley Nº 597/2019-2020, Ley Excepcional de Arrendamientos (Alquileres), en contra del referido acto legislativo, conforme a los antecedentes fácticos y argumentos de derechos que estoy segura servirán”, detalla el memorial enviado por la mandataria al TCP, en la jornada de este lunes.

El diputado masista exigió al TCP rechazar la consulta en las próximas 48 horas y pidió al Ejecutivo promulgar la norma. “Exigimos que el TCP dentro de las 48 horas conforme el procedimiento constitucional lo rechace in limine (en derecho) por no existir la legitimación activa para esa consulta previa y se promulgue conforme manda la Constitución”, dijo.

Borda afirmó que el “Código Procesal Constitucional, en su artículo 112, habla de la legitimación activa. ¿Qué autoridades pueden interponer al TCP una consulta previa de legalidad de una ley? Establece en su parágrafo primero que el Presidente o Presidenta puede interponer esta consulta cuando el proyecto de ley se haya originado en el órgano Ejecutivo”.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, explicó este lunes que presentó esta consulta ante el TCP porque el Gobierno recibió peticiones de varias personas y profesionales “para que no se vulneren derechos de propietarios e inquilinos”. “Esto se hizo porque la Asamblea nos ha remitido la ley sancionada y nosotros, dentro del plazo oportuno que tenemos, ya sea para promulgar u observar, se ha considerado que la Presidenta pueda elevarlo en consulta para que el TCP, como máximo guardián de la Constitución y las garantías constitucionales, pueda realizar un test de constitucionalidad al texto y pueda prevalecer por sobre todo la supremacía constitucional”, dijo a Erbol.

Borda, con el Código Procesal Constitucional en mano, afirmó este martes que no entiende cómo en el Ejecutivo los asesores de Añez no pudieron revisar la norma antes de presentar la consulta al TCP. “No entiendo cómo puede haber tantos abogados en el Órgano Ejecutivo y ni siquiera puedan asesorar o interpretar sindiretica y jurídicamente; está el artículo 112”.

Según el diputado del MAS, lo que está de fondo es no promulgar y no favorecer supuestamente a sectores humildes de la sociedad. “Esto demuestra una vez más que lo que intentan es alargar la aplicación de esta ley (del inquilinato) y, obviamente, el Gobierno una vez más demuestra que  no está a favor de la gente humilde, de la gente pobre”, acotó.

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