La COB denuncia que proceso contra Huarachi vulnera todo principio sindical

El miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía de La Paz contra Huarachi, por atentado contra la salud.
jueves, 30 de julio de 2020 · 23:36

Página Siete Digital

Central Obrera Boliviana (COB) emitió un pronunciamiento en el que manifiesta que un proceso penal en contra del líder del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, “desconoce el principio básico del sindicalismo”, el fuero sindical, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que garantizan las acciones desarrolladas por el movimiento obrero en busca de sus reivindicaciones sociales, laborales y económicas.

“Hoy este Gobierno transitorio muestra su verdadera cara fascista y totalitaria, y desconoce los actos que realizamos los dirigentes en el marco de nuestro estatuto orgánico“, señalan y agregan que los mismos no son desarrollados a nivel personal sino a nombre de las organizaciones a las que los dirigentes representan.

El martes el Pacto de Unidad a la cabeza de la COB, desarrolló una marcha y mitin de protesta exigiendo que se respete la fecha de elecciones del 6 de septiembre, pactada por las principales fuerzas políticas del país.

El miércoles el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentó una demanda penal ante la Fiscalía de La Paz contra Huarachi, el expresidente Evo Morales y la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Yañiquez por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública, instigación a delinquir, asociación delictuosa y otros, tras la realización de la marcha.

El líder de la COB indicó que no teme a las represalias por parte del Gobierno.

Asimismo, en el pronunciamiento la Central Obrera observa las políticas para afrontar el coronavirus, salud, educación, trabajo, economía, y el estado de derecho. También indica que las medidas asumidas no han sido efectivas y han llevado a una profunda crisis que hoy vive el país en el ámbito sanitario y económico.

En ese sentido, señalaron que “no permitirán más atropellos a la dignidad de los trabajadores y del pueblo en general”.

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