Otra vez, el MAS plantea regular las redes sociales

La nueva propuesta apunta a aplicaciones y plataformas como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Prevé como sanción la privación de libertad de dos a cuatro años.
jueves, 13 de agosto de 2020 · 22:16

Página Siete Digital

Luego del fracaso de varios proyectos de ley para regular las plataformas digitales, en la Cámara de Diputados, dirigida por el Movimiento Al Socialismo (MAS), hay otro proyecto de ley que sanciona el uso inadecuado de las redes sociales en el país. La nueva propuesta apunta a aplicaciones y plataformas como YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, entre otras.

“La presente ley tiene por objeto, establecer la sanción del uso inadecuado de las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y medios similares, con fines delictivos, ofensas, difamaciones, calumnias que menoscaben la dignidad, honorabilidad de toda persona”, señala el proyecto de ley con fecha del 8 de julio de 2020.

El incumplimiento de la norma prevé como sanción la privación de libertad de dos a cuatro años.

Cinco intentos fracasados de regular las redes (Página Siete)

Desde 2016, hubo al menos cinco intentos de regular las redes sociales (RRSS) en Bolivia, con el fin de frenar la propagación de la “desinformación”. 

El 22 de mayo de 2016, surgió la primera propuesta de regular las RRSS. Fue planteada por el Gobierno de Evo Morales luego de su derrota en el referéndum del 21 de febrero, atribuido a las plataformas virtuales. Poco después se creó la Dirección General de Redes Sociales, para controlar las cibercomunidades. El Gobierno del MAS dispuso para ello, un presupuesto anual que osciló entre 5 millones y 7 millones de bolivianos.

Días después, una segunda petición de control llegó en un anteproyecto de ley elaborado por las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Se sumó una tercera que contaba con un proyecto de ley entregado el diputado, Víctor Borda. 

En febrero de 2018, el entonces ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, censuró la circulación de mensajes ofensivos y un día después una cuarta petición llegó de la mano del diputado del MAS Julio Huaraya.

En 2019, aunque no se hizo una petición formal, tras las críticas hechas en las RRSS al entonces Ministro Carlos Romero -por el caso Montenegro- la autoridad interpuso una demanda penal ante el Ministerio Público. La Fiscalía inició una investigación pero un día después la autoridad desistió de su denuncia.

Y no fue hasta el decreto 4231 firmado por la Presidenta Jeanine Añez, que hubo un quinto intento de regular la “desinformación”. Éste fue abrogado por el rechazo de varios sectores de la sociedad, artistas, periodistas y organismos internacionales.

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