Expertos: Ley de inmunidad vulnera Código Penal y la CPE

Los analistas también consideran que si se consuma el proyecto de norma también se transgrediría la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
jueves, 20 de agosto de 2020 · 01:00

Yolanda Mamani Cayo   / La Paz 

El proyecto de ley de “inmunidad retroactiva” para los dirigentes de la Central Obrera Boliviana  y el Pacto de Unidad, que impulsa el MAS, transgrede el Código Penal, la Constitución Política del Estado (CPE) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, coincidieron expertos constitucionalistas y el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab).

El constitucionalista Carlos Börth identifica que en los 12 días de bloqueo y protestas se consumaron por lo menos siete delitos tipificados en el Código Penal, los cuales van desde el uso de armas y explosivos hasta atentar contra la salud y la vida de los pacientes. Si el proyecto se convierte en ley, estos delitos quedarían impunes y por consiguiente  se estaría transgrediendo el Código Penal.

Entre los  delitos del Código Penal que identificó Börth están: Tenencia y porte ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos;    atentado contra bienes públicos utilizando explosivos y armas de fuego;  propagar enfermedades graves o contagiosas; provocar escasez o encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales en perjuicio de la salud pública; afectar la salud de la población de una u otra manera y mediante cualquier otro acto;  y homicidio culposo.

“Si semejante proyecto de ley llegase a ser sancionado por la Asamblea Legislativa y entrase en vigencia, generaría no sólo impunidad para los autores de los ilícitos cometidos entre el 4 y 15 de agosto pasados, sino también, lo que es peor, condiciones para la proliferación de la violencia en todas las protestas sociales”, agrega el experto.

Para Arturo Yáñez, presidente del Conalab,  el MAS en el Legislativo “está haciendo una norma para vulnerar los derechos y no para protegerlos”. 

El experto considera que este proyecto vulnera la CPE y hasta convenios internacionales que el Estadio boliviano debe cumplir.

“El Estado boliviano,  a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,  está obligado ante la comunidad internacional a dos principios básicos. Primero, está obligado a respetar los derechos que están establecidos en la Constitución y en las convenciones, y con esta ley no lo estaría haciendo”, explicó Yáñez.

Si esta norma se sanciona y se promulga, agregó el especialista, “la Asamblea Legislativa  le estaría haciendo incurrir a Bolivia en una responsabilidad internacional” ante  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad que -sostuvo- ya emitió fallos contra los Estados que violaron los derechos humanos.

 El derecho a la salud y a la vida  son dos principios básicos que establecen las normas y convenios internacionales de los que Bolivia es signataria, como por ejemplo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, mediante la  cual los Estados que son parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometen a cumplir el “Derecho a la vida” (Art. 4) y “Derecho a la Integridad Personal” (Art. 5). 

El analista y abogado Andrés Gómez agrega que el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos  dispone que “toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad”, además que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás”.

“Los parlamentarios del MAS que promueven el mencionado proyecto se asemejan a misántropos que entregan armas a criminales para matar inocentes y luego los encubren para que el crimen parezca perfecto”, añadió Gómez. 
 

El artículo 10 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone  que “toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales”.

Ese principio está refrendado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

En el Título Derechos Fundamentales y Garantías de la CPE se desglosan los derechos como a la vida, a la integridad física, a la salud, al agua y a la alimentación, entre otros. En ese apartado también se dispone que los tratados y convenios internacionales, ratificados por el Legislativo y que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno.

Además de aquellos, los expertos mencionan que   los artículos 180 y 225 de la CPE también serían vulnerados si el MAS aprueba la ley que da “inmunidad retroactiva” a sus dirigentes.

El artículo 180 se refiere a la jurisdicción ordinaria que no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción y se fundamenta en los principios procesales respetando el debido proceso e igualdad de partes.

Y el 225 que dispone  que el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.

 

Punto de vista

José Antonio Rivera, constitucionalista: “Es irracional y contraria a toda lógica

Es algo absolutamente irracional, inadmisible y contrario a toda lógica, racionalidad, contrario al Estado constitucional de derecho y propio de un estado autocrático en el que nos tuvieron 14 años.

Pretenden fundamentar en la CPE haciendo citas impropias, en los tratados y convenciones internacionales. Ninguna norma de la Constitución prevé que se tenga que mantener en la impunidad acciones ilícitas que encuadran en los tipos penales de los delitos tipificados por el Código Penal, conductas que generan daño psicológico, daño a la salud y la salubridad, daño al patrimonio del Estado, daño al interés general y al bien común, daño a la seguridad jurídica.

No existe una sola norma internacional, un estándar mínimo, una norma de la Constitución que permita semejante irracionalidad.

Lo que ha acontecido en Bolivia no fue un ejercicio lícito y pacífico de la reunión y manifestación, fueron acciones de violencia, destrozando caminos carreteros a través de dinamitas, explosivos, caminos y carreteras que tanto le cuesta construir al Estado, obstruyendo el libre tránsito de vehículos y de personas.

Lo grave es que han impedido el suministro de un bien esencial para la vida como es el oxígeno que hay que transportar debido a las limitaciones de producción de Santa Cruz hacia las otras ciudades y a cuya consecuencia hemos lamentado la pérdida de vidas humanas.

Han desplegado acciones de obstrucción de caminos carreteros impidiendo el suministro de productos alimenticios a la población en general, acciones de destrozo de ambulancias y agresiones a personal médico, agresiones a periodistas, eso no es acción de reunión ni manifestación pacífica.

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