Organizaciones manifiestan «indignación» por detención de Inca y Quispe, defensores de DDHH

De acuerdo a las organizaciones, dichos actos represivos, “demuestran la intención de limitar a la población el ejercicio de sus derechos democráticos".
miércoles, 23 de septiembre de 2020 · 22:46

Página Siete Digital

Más de 30 organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, a través de un pronunciamiento, expresaron su indignación y rechazo a la detención ilegal y arbitraria de los defensores de derechos humanos, David Inca y María Cristina Quispe, arrestados el pasado viernes por efectivos policiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) en inmediaciones de la plaza Murillo, cuando se disponían a dejar una carta al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez por la falta de atención a los familiares de las víctimas mortales y a los heridos de la masacre de Senkata.

“Las organizaciones de Derechos Humanos y las personas firmantes expresamos nuestra indignación por el hecho reciente de criminalización de defensores/as de DDHH de la ciudad de El Alto”, indica el pronunciamiento.

El viernes, la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata (AVS), María Cristina Quispe y el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (Apdhea), David Inca, fueron detenidos cuando intentaban dejar una carta a Núñez exigiendo justicia para los heridos y los familiares de fallecidos de los hechos luctuosos de Senkata en El Alto, ocurridos en noviembre de 2019.

Las más de 30 organizaciones, observan que ambos defensores de los derechos humanos, “fueron detenidos arbitrariamente sufriendo el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales por el sólo hecho de exigir justicia para las víctimas directas de los hechos y sus familiares”, remarcan.

“A sólo dos meses de cumplirse un año desde que diez personas perdieran la vida por efecto del uso de armas de fuego y decenas resultasen heridas durante las protestas del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, las víctimas solicitaban en puertas del palacio de Gobierno entablar una conversación con el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, para expresarle su protesta por el incumplimiento de los acuerdos y compromisos que asumió el Gobierno nacional de brindarles ayuda humanitaria y asumir la atención médica para las víctimas”, agrega el pronunciamiento.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que el derecho a la reparación está constitucionalmente reconocido y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció una línea jurisprudencial con medidas de reparación de carácter integral y no únicamente patrimonial, la misma que es vinculante para el Estado boliviano.

“Los efectivos policiales de la UTOP, al detener de manera arbitraria e ilegal al representante de la Apdhea y a la vicepresidenta de la AVS, incurren en la violación del derecho a la protesta como extensión del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la reunión pacífica”, se lee en el documento, en relación a los derechos reconocidos en normativas nacionales y en tratados internacionales.

De acuerdo a las organizaciones, dichos actos represivos, “demuestran la intención de limitar a la población el ejercicio de sus derechos democráticos y el trabajo de los y las Defensores de los Derechos Humanos, que asumen la tarea de dar voz a las poblaciones vulnerables. Los Estados deben respetar, proteger y garantizar el trabajo de los/las Defensores de los Derechos Humanos sin limitaciones indebidas o arbitrarias, cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos”.

En ese sentido, las organizaciones y personas firmantes exigen que las instancias gubernamentales realicen una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos acontecidos en Senkata, con el apoyo de entidades y expertos internacionales hasta llegar a la verdad histórica de los hechos y la identificación de los responsables directos e intelectuales de los hechos para su debido procesamiento y sanción penal correspondiente.

Además de proceder a la reparación integral a las víctimas, y respetar, proteger y garantizar el trabajo y las acciones de las y los Defensores de los Derechos Humanos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, evitando en todo momento su criminalización.

El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, Fundación Construir, la Comunidad de Derechos Humanos de Bolivia, Comunidad Pukara, Católicas por el Derecho a Decidir, Fundación Pukañawi, Red Ada, Psinergia, Adesproc, Capacitación y Derechos Ciudadanos, entre otras, son las organizaciones firmantes.

 

 


   

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