¿Qué es el caso Elfec que saca chispas al gobierno de Añez?

El ahora exprocurador General del Estado José María Cabrera y el exministro de Economía Óscar Ortiz, rechazaron la propuesta de decreto de Murillo para pasar acciones de Elfec a manos privadas.
lunes, 28 de septiembre de 2020 · 21:37

Página Siete Digital

A través del Decreto Supremo (DS) 494 del 1 de mayo de 2010, el entonces presidente Evo Morales procedió  a la nacionalización de la empresa Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) de Cochabamba.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto la recuperación para el Estado Plurinacional de Bolivia las acciones necesarias en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S. A.- Elfec S. A., a fin de asegurar el control, administración y dirección del Estado en esta empresa”, se lee en la norma firmada por el Gobierno de Morales.

El decreto instruía a Empresa Nacional de Electricidad (Ende) para que en representación del Estado Plurinacional de Bolivia realice las acciones suficientes y necesarias para cumplir con el objeto de dicha disposición, y pagar el monto correspondiente al paquete accionario recuperado a partir de un proceso de valuación a ser realizado por una empresa independiente.

La norma también garantizaba la continuidad laboral de los trabajadores y el cumplimiento de sus derechos, a excepción de los cargos jerárquicos que debían ser puestos a disposición.

Pero fue en abril de 2012, que Ende en representación del Estado se hizo propietaria del 92.12% de las acciones de Elfec, tras el proceso antes establecido.

Dichas acciones pertenecían a la empresa Luz del Valle conformada por el 56% de las acciones de la Cooperativa Boliviana de Telecomunicaciones (Comteco) y por el 40% de los trabajadores de Elfec.

De acuerdo a las autoridades de entonces, la conciliación con los accionistas no prosperó y se procedió a consolidar la propiedad de cerca de la totalidad de acciones de Elfec a favor de Ende, a través de otro decreto.

El estado quiso pagar un monto de más de 2.000.000 de dólares por las acciones, sin embargo el presidente del directorio de Comteco, Jaime de Ugarte, manifestó que no estaba de acuerdo al evalúo y señaló que se trataba de una expropiación injusta impulsada por el Gobierno.

El 14 de septiembre, la presidenta Jeanine Añez, durante  la conmemoración de la gesta libertaria de Cochabamba,  anunció que las acciones de la empresa estatal serían devueltas a privados.

Sin embargo, el ahora exprocurador General del Estado José María Cabrera y el exministro de Economía Óscar Ortiz, dos de sus colaboradores más allegados, antes de ser alejados de la gestión transitoria, mostraron su negativa y aseguraron que la iniciativa podría vulnerar el ordenamiento jurídico vigente en el país, ya que se había riesgo de provocar un daño económico al Estado.

De acuerdo a las exautoridades, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien manifestó que se busca hacer “justicia” para con los empresarios que tenían acciones en la empresa nacionalizada.

El 18 de septiembre, Cabrera reveló una complicada situación jurídica del ministro del Murillo en el caso de la compra de agentes químicos y la oferta a los cochabambinos de devolver las acciones de Elfec, sin tener respaldo legal. Horas después fue destituido del cargo.  

“El ministro Arturo Murillo ha desatado su furia en contra del Procurador General por la realización de dos actuaciones específicas: El primero, por los cuestionamientos a la afectación de Ende y el segundo caso o la gota que rebasó el vaso, fue mi actuación ante la Asamblea por el caso gases lacrimógenos”, dijo entrevistado por Erbol.

Sostuvo que ambas situaciones motivaron que Murillo “de manera furiosa le requiriese a la presidenta del Estado la remoción del Procurador que estaba cuestionando el incumplimiento de las funciones constitucionales del Ministro de Gobierno”. 

Explicó que su despacho observó el proyecto de decreto supremo de Murillo, quien sin tener competencia de área menos fundamento jurídico, intentó hacer aprobar en la instancia técnica de UDAPE y luego en el Gabinete en la “vía rápida y expedita”, la transferencia de acciones de Ende a manos privadas, lo cual hubiera causado un grave daño económico al Estado.

De acuerdo a Cabrera, el ministro proyectista Arturo Murillo tendría que haber hecho conocer sus argumentos legales para transferir las acciones de Ende.  “No existe hasta el día de hoy el documento de ese decreto supremo. Ningún ministro de Estado se ha animado a firmar ese decreto que privatiza la Empresa Nacional de Electrificación (Ende)”, afirmó.

El pasado martes, Añez y su gabinete, incluido Ortiz, firmaron el DS 4346, que “autoriza” a Ende a recabar información financiera, administrativa, legal y técnica para determinar el estado patrimonial de la Elfec, en un plazo de 30 días hábiles.

Además de establecer una comisión ministerial para “para supervisar que Elfec S.A., en el marco de la normativa societaria y comercial vigente, determine su composición accionaria, incluyendo a Ende”, se lee en el numeral II del artículo único.

Tras la destitución de Ortiz, ejecutada este lunes y rumoreada desde el pasado viernes, la exautoridad develó que se negó a firmar el primer proyecto debido a la inconsistencia del mismo y que esa fue la causa de los problemas con Murillo.

Informó que efectivamente firmó la norma una vez que se estableció los procedimientos de investigación y la conformación de una comisión para determinar el estado de la empresa estatal, y nuevamente habló de inconsistencias jurídicas, las mismas que podrían derivar en la comisión del delito de daño económico al Estado.  

Murillo, ratificó este lunes que se debe devolver las acciones de Elfec a los socios y extrabajadores y reconoció los roces con Ortiz, quien de acuerdo al ministro, se negó a viabilizar dicho proyecto.

“Ustedes me conocen, soy sincero, soy franco, y transparente, este tema generó muchísimos roces porque lamentablemente hay gente que defiende a capa y espada sus regiones, pero cuando otros defendemos a nuestras regiones, se oponen”, afirmo Murillo.

El ministro de Gobierno, agregó, “a mí no me manda ninguna logia ni ningún poder regional; a mí me manda el pueblo boliviano, yo trabajo para el pueblo, para mi gente, no trabajo para grupos de poder. Si esto incomoda a algunos, lo siento, hubo roces, pero aquí hay una palabra empeñada por nuestra Presidenta y la va a cumplir”.

Respecto al compromiso de la presidenta realizado el 14 de septiembre, el titular de Gobierno, señaló, “(…) aquí hay una palabra empeñada de nuestra presidenta y esa palabra empeñada la presidenta la va a cumplir” y agregó que con esa incursión se hará “justicia”.

 

 


   

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