Enjuiciarán a extribunos y en la Corte IDH crece el rechazo a la reelección

Más de 15 entidades, entre ONG e instituciones académicas de la región, expresaron observaciones sobre la reelección indefinida. El Gobierno apuntó a los exmagistrados que dieron luz verde para aplicarla en Bolivia.
miércoles, 30 de septiembre de 2020 · 01:28

Pablo Peralta M.  / La Paz

El ministro de la presidencia Yerko Núñez anunció ayer  un juicio de responsabilidades en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dieron vía libre  a la reelección indefinida.  En tanto, la pasada jornada prevaleció el rechazo a esa figura en la  segunda audiencia virtual sobre ese tema, que se llevó adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

“El 21 de febrero de 2016, los bolivianos dijimos no a la repostulación del expresidente Evo Morales y estos ‘masistrados’ le dieron la posibilidad de volverse a postular en contra de la Constitución Política del Estado, las leyes y el pueblo . (...) Por eso, vamos a iniciar un juicio de responsabilidades a estos magistrados”,  dijo  el ministro de la Presidencia  Yerko Núñez.

En noviembre de 2017, los entonces tribunos  del TCP Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Ruddy Flores y Neldy Andrade suscribieron la sentencia que da vía libre a la reelección indefinida y que habilitó a Evo Morales para ser candidato, pese al referendo del 21F.  

El anuncio de Núñez se dio después de que el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Joel Hernández  manifestara ante la Corte IDH,   que “ni en el ámbito del sistema interamericano ni en el del derecho internacional se ha reconocido como tal un derecho autónomo a la reelección presidencial indefinida”. 

Ayer, más de 15 entidades, entre ONG e instituciones académicas,  establecidas en lugares que van desde México hasta Argentina, manifestaron ante la Corte IDH  que la reelección indefinida no es un derecho humano. 

Jorge Alberto Pérez Tolentino, en representación del Centro de Investigación Científica Aplicada y Consultoría Integral (México), aseguró que la reelección indefinida es “nociva” para los derechos humanos y consideró, además,  que esa figura no debe permitirse en los Estados. “Una permanencia de este tipo en el cargo conlleva necesariamente al abuso del poder”, afirmó.

La directora de Ciudadanos del Mundo por Derechos Humanos (Venezuela)  Gloria Perico de Galindo  expresó ante la Corte IDH que la reelección indefinida “contradice” los principios democráticos de la limitación del poder (el respeto de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades) y que,  además,   atenta contra la aquiescencia misma de la democracia, que es la alternancia en el poder.

“La reelección presidencial indefinida es la muerte de la democracia en sus principios cardinales, como es la alternancia en el ejercicio del poder. Es urgente que esta honorable Corte proscriba la reelección presidencial indefinida”, sostuvo. 

Maira Alejandra García Ramírez, en representación de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Universidad Santiago de Cali (Colombia), expresó: “Coincidimos con aquellas (posturas) que consideran que la figura de la reelección presidencial en ninguna de sus formas debe ser considerada un derecho humano”. 

Por su parte, Agustina Vásquez, en representación de la Universidad de Flores y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina), manifestó que la prohibición de la reelección indefinida no es contraria a la Convención, y, más bien, es una protección al derecho de la ciudadanía a ejercer ese cargo público. 

“Restringir la reelección indefinida bien podría constituir un interés público imperativo, el fortalecimiento de la democracia participativa, al participar, al permitir la alternancia de distintos ciudadanos al acceso de los cargos públicos en condiciones de igualdad y evitar así la perpetuación de una persona en el poder”, aseguró. 

Guido Ibargüen, director de Derechos en acción (Bolivia), sostuvo que la reelección presidencial indefinida, que no es un derecho humano tutelado por la Convención Americana,  es en sí misma “una figura con alto potencial de atentar contra el sistema de democracia representativa”.

Por su parte, Ramiro Orías, jurista boliviano,  expresó su postura en representación de la Fundación para el debido proceso. Orías afirmó que el debate de esta cuestión no se circunscribe a los problemas coyunturales de un país determinado, porque es una materia de interés hemisférico, en la que  además no existe una práctica constitucional uniforme.

El jurista indicó que es fundamental que la Corte IDH contribuya  al desarrollo de estándares interamericanos en esta materia, “ponderando los límites legítimos que se pueden imponer al derecho a ser elegido de manera objetiva, necesaria y proporcional”.

 

 

 


   

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