Imputan a Murillo y a López para activar sello rojo de Interpol

Cossío informó que se pide la detención de ambas exautoridades en San Pedro.
sábado, 9 de enero de 2021 · 01:24

Página Siete  / La Paz 

La Fiscalía  de La Paz formalizó ayer la imputación contra los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, en el caso de presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, para solicitar el sello rojo de Interpol y de esta manera lograr que las exautoridades sean aprehendidas y traídas al país.

“La comisión de fiscales ha informado que ha emitido la correspondiente imputación formal contra los dos exministros. Estamos solicitando la detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses, por cuanto tenemos suficientes elementos indiciarios que pueden demostrar la autoría de estas personas”, informó el fiscal  Marco Cossío.

Explicó que ambas exautoridades fueron imputadas por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y uso indebido de influencias.

Anunció que la imputación es el paso previo para la activación del sello rojo de Interpol para traer al país a los exministros desde Estados Unidos, donde ambos se encuentran, desde el año anterior.

Precisó que para solicitar el sello rojo tiene que existir una declaratoria de rebeldía y aprehensión de parte de autoridad jurisdiccional, para lo cual ya se pidió una audiencia con la imputación.

La Fiscalía de La Paz admitió en junio de 2020 la denuncia contra Murillo y López por el caso gases lacrimógenos. Entonces  Cossío informó que fue admitida la denuncia contra los exminsitros por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos. La denuncia fue formalizada el mismo mes por parte de los ahora exdiputados del MAS Franklin Flores, Elvira Rojas, Sonia Brito, Édgar Montaño (ahora ministro de Obras Públicas), Ayda Luz Villarroel, Juana Quispe y Remberto Calani contra los dos ministros.


En junio de 2020, el jefe de información de  Gigavisión, Junior Arias,  denunció con documentos que  en noviembre de 2019 el gobierno transitorio adquirió agentes químicos de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC  para ser entregados a la Policía Boliviana. La adquisición se habría realizado con la ayuda de “un intermediario” y con un presunto sobreprecio de 14,8 millones  de bolivianos.

De acuerdo con los papeles develados, el hecho irregular vincularía a Rodrigo Méndez, jefe de gabinete del entonces ministro Murillo, y a otras personas, entre ellas el exministro López. Después la cartera de Gobierno, a través de un comunicado y sin mostrar ningún documento de descargo, negó  irregularidades e indicó que no “descansará” hasta obtener una rectificación de parte de Arias.

Lo que fue objetivo de un pronunciamiento por el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza. “Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”, dijo  Lanza en Twitter.

 

 

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