La CIDH dio amparo al menos a cinco afines al MAS desde 2019

Cuestiona al organismo y lo acusa de tener un sesgo político. El expresidente Jorge Quiroga calificó de verdugo a la secretaria ejecutiva de la comisión.
domingo, 10 de octubre de 2021 · 05:16

Juan Pérez Munguía  / La Paz

Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia, entre  2019 y 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a por lo  menos  cinco personas allegadas al Movimiento Al Socialismo (MAS). En muchos casos las resoluciones del organismo fueron emitidas en “tiempo récord”.

En 29 de diciembre del 2019, el organismo internacional otorgó medidas cautelares a favor de la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, y al representante de la Defensoría en Cochabamba, Nelson Cox. Esto aconteció dos días después de que estas autoridades presentaran sus recursos.

Un mes antes, en noviembre del 2019, Cruz y Cox participaban en actos políticos públicos del MAS. La defensora azuzaba a los masistas en sus concentraciones con la frase “ni olvido, ni perdón, justicia”, todo ello en un clima de extrema polarización política y social que vivía el país.

Arce, entre tanto, fue acusada por los vecinos de Quillacollo (Cochabamba) de financiar y apoyar a los campesinos que iban a bloquear el puente Hayculi. “Me han amenazado con quemar mi casa, pero no hay miedo, carajo, porque no podemos permitir que un grupito de malandrines  quieran dañar al gobierno”, dijo  un días antes de la renuncia de Morales.

Durante los conflictos, los pobladores de Vinto tomaron las instalaciones municipales y retuvieron a la alcaldesa Arce;  además, le  echaron con pintura, le cortaron el cabello, le hicieron caminar descalza  e intentaron hacer que renuncie.

Entre tanto, miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) acusaron a Cox  a quien llamaban   “el comandante de Kara Kara”- de ser un “operador político del MAS”. Lo señalaban por supuestamente coordinar con grupos masistas de esa zona cochabambina y del Chapare para ir a desbloquear a los denominados “pititas”.

En enero del 2020, la CIDH otorgó medidas cautelares a los abogados Mary Elizabeth Carrasco Condarco y Juan Alipaz Aparicio. estos juristas  acusaron y lograron la detención del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández. En su solicitud de cautelares, los juristas argumentaron  que por ser los abogados de ese caso recibían mensajes de amenazas de que iban  a quemar sus casas y a lastimar a sus  familiares.

Acusan a CIDH de parcializarse

Tras conocerse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la solicitud de medidas cautelares para Jeanine Añez, la alianza opositora Creemos mediante un comunicado recordó al organismo que otorgó varias resoluciones a afines al MAS, que estaban en menos situación de peligro que la exgobernante.

“La CIDH (…), encargado de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de forma parcial en todos los Estados de la región, ha evidenciado un sesgo político que le ha impedido ejercer su función tutelar a favor de la expresidenta (Añez)”, señala el pronunciamiento de los parlamentarios de esa sigla.

El expresidente Jorge Quiroga le respondió a Abrão que calló y avaló ante las reelección ilegal de Evo Morales. Además cuestionó a la CIDH por solo otorgar medidas cautelares a masistas, que argumentaron que estaban en peligro por recibir amenazas de WhatsApp.

“Tania Reneaum (secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) verdugo de Jeanine Añez, contradice al GIEI, avalando detención preventiva y negándole clínica”, expresó Quiroga.

La Procuraduría General del Estado (PGE), durante la gestión transitoria, criticó en varias oportunidades al organismo por aplicar un doble estándar para Bolivia.

Como ejemplo puso el caso del exrrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, a quien le otorgaron medidas cautelares, después de cinco meses de haber hecho la solicitud. Además recordaron que durante el gobierno de Evo Morales, entre el 2006 y 2018, fueron solicitados 115 amparos, de los cuales la CIDH  dio curso a seis  y de ellos, solo otorgó medidas cautelares   a tres casos.

 

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