Al menos cinco acciones alimentan la sospecha de parcialización de la CIDH

En agosto de 2020 la PGE ya había denunciado que la Comisión tomaba decisiones "con evidente sesgo político"
sábado, 9 de octubre de 2021 · 12:53

Página Siete Digital

Al menos media decena de acciones nutren las sospechas de la oposición de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúa parcializada en favor del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia. La última de ellas es el rechazo a las medidas cautelares que pidió la expresidenta Jeanine Añez.

Ya en agosto de 2020 la Procuraduría General del Estado (PGE), entonces a cargo del abogado José María Cabrera, había denunciado que este organismo persistía en manejar un doble estándar para el caso del país, favoreciendo rápidamente con la concesión de medidas cautelares a personas afines al MAS y dilatando decisiones en el caso de los opositores.

Este viernes, la CIDH hizo saber que rechazó el pedido de medidas cautelares que presentó Añez y que cerró su caso. Estableció además que el Estado debe “seguir garantizando las condiciones dignas de detención”, con lo que estableció que actualmente la expresidenta recibe un trato adecuado.

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En su cuenta en Twitter, el expresidente Jorge Quiroga publicó que además existen otras acciones que revelan la parcialización de la CIDH, entre ellas el silencio que en su momento mantuvo en cuanto a la repostulación indefinida de Evo Morales y la otorgación expedita de medidas cautelares a ciudadanos afines del MAS, como la defensora del Pueblo Nadia Cruz y el ex delegado defensorial y actual viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

Respaldó la publicación con la captura de un mensaje que publicó en su cuenta en Twitter el 12 de febrero de 2019 el entonces secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, donde informó que a ese organismo no le corresponde hacer recomendaciones sobre la opinión consultiva referida a la reelección indefinida de Evo Morales.

Como tercer y cuarto antecedente de esta parcialización recordó las medidas de protección que fueron otorgadas a Cruz y Cox en diciembre de 2019, luego de que ambos denunciaron que sus oficinas fueron objeto de intento de tomas.

Entonces, grupos de activistas se movilizaron en puertas de la Defensoría del Pueblo para exigir la renuncia de sus responsables por su parcialización con el gobierno del MAS.

A estas cuatro acciones se suman las que observó en agosto de 2020 la PGE, cuando denunció que la CIDH “persiste en el manejo de un doble estándar, con evidente sesgo político, en el proceso de concesión de medidas cautelares”.

Como prueba de ello mencionó el caso del periodista argentino Adair Pinto (quien acusó a un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala)  que fue tratado por la CIDH con preferencia frente a otro similar presentado por el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés y entonces miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Waldo Albarracín.

Albarracían había presentado su solicitud el 20 de febrero de 2020 y Pinto ocho días después, el 28 de febrero, pero su caso avanzó más rápido. El 16 de abril ya había sido comunicado al Estado y el del exrector tuvo que esperar hasta el 11 de agosto.

“Este evidente trato diferenciado confirma que ese organismo internacional mantiene la práctica del doble estándar para el tratamiento de solicitudes de medidas cautelares, con una clara inclinación política, ya que Pinto, hace una labor periodística claramente favorable al anterior gobierno. En el caso Albarracín la solicitud fue respaldada con denuncias de  ataques como el que sufrió su hijo Franco en febrero de 2018, cuando recibió el impacto de un proyectil durante una protesta por el desconocimiento de los resultados del referéndum constitucional que rechazó la repostulación de Evo Morales a la Presidencia”, señala un comunicado emitido por la PGE en agosto de 2020 .

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