Investigan financiamiento a dos grupos civiles de resistencia

Según el gobierno, estos grupos tienen miembros de 20 a 35 años, por lo que no cuentan con recursos para costear sus actividades.
lunes, 29 de noviembre de 2021 · 05:00

Página Siete/ La Paz

El gobierno inició una investigación para identificar las fuentes de financiamiento de la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala.

“Detrás de esto hay un financiamiento que también es parte de las investigaciones. Eso es importante mencionar”, manifestó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv, reportó ABI.

La autoridad gubernamental dijo que la pesquisa toma en cuenta que los miembros de esos grupos parapoliciales tienen entre 20 y 35 años, por lo que no tienen los medios económicos para costear sus actividades.

Acotó que la investigación forma parte de las acciones gubernamentales realizadas para cumplir una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), con respecto a la desarticulación de ambas organizaciones delictivas.

Además, recordó que el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas pidió hace algunos días que se preste atención al desmembramiento de las dos organizaciones parapoliciales.

“Por otro lado, también tenemos a la Human Rights y la misma Embajada de los Estados Unidos que están reforzando todo aquello”, aseveró.

El titular de Seguridad Ciudadana dijo que el Gobierno nacional tiene el compromiso de cumplir esa y otras recomendaciones efectuadas por el GIEI-Bolivia, que están relacionadas con la reforma de la justicia y la reparación de daños a los familiares de las víctimas, heridos, torturados y presos políticos durante el golpe de Estado de 2019.

El 25 de octubre el líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, aseguró ayer que el gobierno busca “amedrentar al pueblo”, en alusión a su traslado al penal de San Pedro de Oruro; antes estuvo en las cárceles de Cantumarca, de Potosí, y San Roque, de Sucre. La familia del detenido denunció que se busca “armar” antecedentes para tenerlo preso.

Molina fue encarcelado en el penal de San Roque, en marzo de este año, por los destrozos a predios de la Fiscalía General del Estado. Se dispuso esa medida pese a que antes la jueza Ximena Mendizábal resolvió la libertad irrestricta del sindicado porque no había suficientes elementos de convicción sobre su probable participación en esos hechos.

Luego, el líder de la RJC fue conducido  al penal de Cantumarca, en septiembre, porque se  hallaron tres celulares en su celda en Sucre, situación que está en investigación. Y, recientemente, lo llevaron a la cárcel de San Pedro de Oruro, ya que supuestamente está involucrado en pugnas, agresiones y extorsión;  por eso,  los privados de libertad pidieron su traslado.

En julio siete presuntos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) fueron arrestados esta jornada por trasladar armas a un congreso de tierras al municipio de San Miguel de Velasco. Estos sujetos fueron interceptados por la Policía por inmediaciones de Cotoca.

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