“Dilación maliciosa” en el caso Banco Unión: Fiscalía pide volver a fojas cero

Desde 2018, la entidad financiera no probó que alguno de los siete acusados haya sustraído el dinero y sigue impune una denuncia de extorsión de un abogado a nombre del fiscal y la jueza.
domingo, 19 de diciembre de 2021 · 05:40

Carlos Quisbert  / La Paz

Transcurridos tres años y siete meses del  desfalco en la agencia del Banco Unión en el municipio de Desaguadero, la fiscal Ingrid Feraudi presentó en noviembre de este año una nueva imputación por un delito que ya había sido rechazado en 2019. Con esta acción, la funcionaria paralizó el inicio del juicio contra siete acusados que debió comenzar en enero de 2020.

“No sabemos si esto viene desde el Banco Unión, la Fiscalía o el sistema judicial o de los tres, pero de lo que estamos seguros es que hay una dilación maliciosa, retardación de justicia con el fin de tener detenida a una persona inocente, contra la que saben que no tienen pruebas”, lamentó un familiar del principal acusado del supuesto desfalco, Julio César Rivera.

“Como familia, pedimos, les rogamos, a los abogados que actúen como buenos seres humanos. Reflexionen y consideren que no son memoriales u objetos fríos. La retardación de justicia que generan afecta la vida de un hombre inocente y a varias familias que viven en la angustia porque este martirio no acaba”, sostuvo la misma fuente.

Amedrentados por los malos tratos de funcionarios y temerosos de que los procesos se agraven aun más contra sus seres queridos, piden la reserva de su identidad, pero como respaldo de su denuncia ante este medio presentaron los documentos por medio de los cuales los implicados pretenden demostrar su inocencia ante las autoridades.

“No nos dan otra salida que recurrir a la denuncia pública, la gente que lo acusa ha paralizado la vida de Julio César (Rivera) en la cárcel desde mayo de 2018, cuando el fiscal (Omar Mejillones) lo expuso ante toda la sociedad como un criminal, pero sin prueba más que el informe que solo responsabiliza a cajeros y personal de menor rango, pero no a los gerentes que debieron controlar si hubo o no un desfalco”, relataron los familiares en entrevista con Página Siete.

“Julio César no tiene padres, sus tres hijos viven con su esposa y la abuela, y en este tiempo que lo tienen encarcelado ha muerto su suegro y uno de los acusados que estaba detenido en Santa Cruz. ¿A los abogados del Banco Unión, a los fiscales y a los jueces no les importa la vida de otras personas?”, cuestionó uno de los familiares.

En efecto, además del familiar de Rivera, el exjefe de tarjetas del Banco Unión Róger Medina falleció en Santa Cruz, donde tenía detención domiciliaria por el primer caso de desfalco cometido por Juan Pari. Según la resolución 46/2021 de fecha 25 de octubre del 2021, se declaró extinta la acción penal en contra de Medina, documento que de nada le valió luego de años antes quedar sin trabajo y fue encarcelado en el penal de Palmasola.

Etapa de juicio

Según los documentos, la fiscal Feraudi presentó la imputación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas contra Rivera y su esposa (octava implicada), el 4 de noviembre de este año, ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, donde el caso estaba radicado desde el 29 de enero de 2020. Es decir, que el Ministerio Público pretende volver a la etapa preparatoria un año y 10 meses después de que se cerrara la investigación y que su colega (exfiscal) Germán Rea emitiera una resolución de rechazo en favor de ambas personas.

Rivera fue detenido y  enviado a la cárcel en mayo de 2018, imputado por delitos financieros ante el supuesto desfalco de 1,6 millones de bolivianos. Esa cifra, según un “informe de auditoría especial IN/AIN- OP/17/2018”, fue sustraída en cinco oportunidades, desde 2015 hasta 2017, cuando dejó el cargo de jefe de operaciones.

En el documento, la fiscal afirmó que en su intento de lavar el dinero sustraído Rivera hizo 18 depósitos bancarios sospechosos que suman 482.342 bolivianos desde el 19 de diciembre de 2014 hasta el 17 de agosto de 2017. Además, que su esposa hizo compras de valores del Banco Central de Bolivia (BCB) con dinero que no estaría acorde a sus ingresos económicos, tomando en cuenta que ambos fueron funcionarios del Banco Unión (su pareja había dejado de trabajar años antes).

En contraparte, los documentos de descargo de Rivera y su pareja citan el mismo informe financiero del Banco Unión en el que se señala que el supuesto desfalco se dio desde 2015, por lo que se descarta que parte de los “depósitos sospechosos” sean del dinero sustraído a la entidad financiera.

“Todo el movimiento de dinero que tienen en sus cuentas es demostrable y viene de sus ahorros por los años de trabo”, afirma uno de los familiares de Rivera y de su pareja. Entre los indicios citados por la fiscal Feraudi no figura una auditoría independiente ni un informe policial sobre el análisis de auditoría del banco, y tampoco figuran actos investigativos recientes que hayan motivado que se emita la nueva imputación.

Según los documentos, la imputación por legitimación de ganancias fue rechazada por el tribunal que tenía a su cargo el inicio del juicio, pero luego de una “aclaración” el expediente fue remitido de retorno al juzgado de origen, cuarto Anticorrupción, y el juicio quedó paralizado.

Otra observación es que la imputación que paralizó el inicio de juicio solo es para Rivera y su esposa, pero no menciona qué pasa con los otros acusados. Rivera es el único detenido de este proceso.

Mikaela Salinas, abogada de otro de los acusados, confirmó que no les notificaron con la nueva imputación, pero sostuvo que al no afectar a su cliente la defensa queda a la espera de lo que resuelvan las autoridades.

Página Siete se contactó con la apoderada del Banco Unión, Massiel Riveros, quien señaló que no estaba autorizada a dar declaraciones y sin precisar a quién debería dirigirse la consulta, pidió que se envié una nota al banco. En el caso de la Fiscalía, también se solicitó entrevista con la asignada al caso, Feraudi, pero en dos semanas no hubo respuesta.

Carta de denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
Foto: Página Siete

Las  irregularidades

  • Pruebas  Entre las varias irregularidades denunciadas en este caso  se tiene la pérdida de cinco cajas de pruebas documentales en la Fiscalía, que pasó mientras el caso estaba a cargo del exfiscal Germán Rea.
  • Extorsión  Otra denuncia es sobre la extorsión del abogado Marwel Flores  hecha a nombre del fiscal Germán Rea y la jueza Melina Lima, sobre el pedido de 19.000 dólares para que las autoridades favorezcan al único detenido del caso, Julio Rivera, con la detención domiciliaria. El escándalo nunca fue explicado por el entonces fiscal departamental Marco Antonio Cossío. Los representantes del Banco Unión no se pronunciaron sobre ninguna de las dos denuncias.

La retardación de justicia afecta la vida de un hombre inocente y de varias familias que viven en la angustia

Familiar del acusado

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