“Hubo largo tiempo para hacer algo y no se avanzó nada en 25 años”

El excanciller Antonio Araníbar Quiroga recuerda cómo el tema del Silala comenzó a ganar espacio en la agenda pública. Recientemente fue convocado por la Cancillería a una cita para tratar el tema.
domingo, 19 de diciembre de 2021 · 05:00

Alfonso Gumucio Dagron

El 28 de octubre de 1908, una resolución de la Prefectura de Potosí adjudicó el uso de aguas de las vertientes del Silala, en el vice-cantón Quetena, en la Provincia de Sud Lípez, a favor de la compañía The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited, mediante escritura de aguas N048/1908.

Desde entonces Chile (ya no esa compañía privada) ha utilizado esas aguas sin que Bolivia haya podido articular una política de Estado que ponga fin al abuso de un recurso natural del país.

Puesto que el tema está otra vez sobre el tapete a raíz de una reunión de alto nivel que promueve el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, Página Siete conversó con el excanciller Antonio Araníbar Quiroga, en cuya gestión (1993-1997) se dio un giro al tratamiento del tema de las aguas del Silala.

Entiendo que el presidente Arce  convocó, al más alto nivel, a   una reunión de excancilleres sobre el tema del Silala ¿Fue invitado?

El día 7 de diciembre recibí, por medio de un correo electrónico dirigido a mi hija, Lorena, la invitación del actual canciller a una reunión de excancilleres para tratar con el presidente Arce Catacora el tema del Silala, la misma que debía efectuarse el día viernes 10 de diciembre.

Dicha invitación no venía acompañada —cuando en mi caso era indispensable que lo fuera— con las seguridades y garantías del respeto al Estado de Derecho para el disfrute de mis derechos ciudadanos conculcados por los gobiernos del mal llamado “proceso de cambio”, toda vez que soy objeto de un procesamiento judicial que no respeta las mínimas normas del debido proceso y constituye una forma vil y artera de judicialización de la política, además de una muestra de la careta “democrática” de un régimen dictatorial que es lo que en definitiva caracteriza a los gobiernos de (Evo) Morales y Arce Catacora.

¿Podría resumir cuál es el origen del conflicto entre Bolivia y Chile por las aguas del Silala?

No es tarea fácil resumir, pero lo intentaré. El Silala es una zona muy agreste y seca del departamento de Potosí, situada en la zona fronteriza con Chile, donde existe una aglomeración de ojos de agua a lo largo de un perímetro bastante grande, de donde brota agua que ha sido canalizada a principios del siglo pasado para su utilización en el lado chileno, aunque las aguas nacen exclusivamente en el lado boliviano.

Su utilización por Chile fue posibilitada en 1908 mediante una resolución prefectural de Potosí, con base en la Ley de Aguas de 1906, vigente en ese momento y aún en 1997, cuando me ocupé del tema. Esa resolución favoreció a la compañía The Antofagasta (Chili) and Bolivian Railway Company Limited, para el funcionamiento del ferrocarril de la empresa inglesa que tenía su sede en Chile.

El tema se desató en 1996 cuando yo estaba de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien llevó adelante, como bien se sabe, el llamado proceso “de capitalización” de empresas públicas, incluyendo a la empresa nacional encargada del agua.

Fue ese año que El Diario, de La Paz, inició una campaña periodística destinada a presionar al gobierno, partiendo de un supuesto que atribuía una falta de ética y de probidad a los sectores críticos al proceso de capitalización, ya que no mencionaban que se habría establecido un acuerdo secreto con Chile para enviar a ese país gas y petróleo boliviano, de manera contraria a los intereses de Bolivia.

¿Quién estaba detrás de esa campaña?

No sé concretamente qué personas estaban detrás, pero el medio era el vocero que desató y desarrolló la campaña. Los ataques estaban dirigidos en particular a la Cancillería que estaba a mi cargo, por lo que era claro que el propósito, antes que golpear solamente al gobierno del MNR, era golpearme a mí y sacarme del juego.

Pero esa campaña provocó un pedido de informe en el Senado que derivó en acciones que permitieron diseñar un nuevo concepto sobre el Silala en la Cancillería. En su autobiografía “La política como opción de vida” valora la intervención del senador Arturo Liebers, por haber contribuido en su manera de encarar el tema.

Lo relevante de este episodio es que finalmente el tema fue tratado en el Senado, y allí desmonté la mentira de que el proceso de capitalización pretendía construir un oleoducto hacia Chile, que habría significado una traición al país. En esa discusión, que fue de mucha altura y contenido patriótico, destacó la figura del senador de oposición Arturo Liebers, de Tarija (MIR), cuya intervención reconocí públicamente, porque tuvo el acierto de señalar que no existía ningún río en el Silala y de lo que se trataba era de una situación distinta a la que aludían los interpelantes.

La verdad es que quienes hablaban del Silala, los que acusaban y el país entero, no tenían idea del tema, inclusive el Instituto Geográfico Militar, cuyos mapas contienen la referencia a un supuesto e inexistente “río Siloli”. Así pues, incluyendo a la propia Cancillería, todos aludían a un “río internacional de curso sucesivo”, denominación que se popularizó a raíz del conflicto de Bolivia con Chile a propósito del desvío por Chile de las aguas del río Lauca y por lo cual se llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas en 1978.

¿Quién construyó y quién controla la infraestructura de canales que lleva las aguas hacia Chile?

Para desviar las aguas hacia Chile, The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited construyó a principios del siglo pasado un sistema de canales de piedra en territorio boliviano. Nadie parecía darse cuenta de que esos canales hacía mucho tiempo que ya no servían a la empresa de ferrocarriles, pero seguían llevando agua a Chile.

En el país se hablaba del tema, pero nadie lo conocía, ni siquiera los más fervorosos críticos. De ahí es que tomé la decisión de pedir un cuarto intermedio en la sesión congresal, y organicé un viaje al lugar invitando a varios senadores, para hacer la revisión in situ, donde constatamos que no se trataba de un río, y que no había razón para hablar de un “río internacional de curso sucesivo”, y que esas aguas eran manantiales, ojos de agua, todos en territorio boliviano. De ahí la necesidad de la revocatoria de la resolución de 1908 y de la anulación de la concesión, decisión que no le correspondía adoptar al gobierno central, sino a la prefectura de Potosí.

En su autobiografía dice que trabajar con Sánchez de Lozada no era fácil, debido a su obsesión por los detalles, lo cual le impedía tomar decisiones oportunamente. Que por ello decidió acudir directamente al prefecto de Potosí, Omar Manzano, para lograr en poco tiempo una resolución prefectural que cambió la definición y que luego fue elevada a decreto supremo, sin involucrar inicialmente al presidente y a dos ministros que tenían tuición sobre el prefecto.

En general, el estilo de gobierno de Goni era examinar muy en detalle cada tema sobre el que tenía que tomar una determinación, y por ello resultaba a veces difícil llegar a una resolución en el momento oportuno. No pretendo hacer una crítica, sino describir cuál era el tipo de relación que Goni mantenía con sus ministros, con el gobierno y con el país. Por ello, mi decisión fue no involucrar a Goni en el tiempo de poner en marcha una estrategia jurídica y política como la que fui pergeñando, y entonces quise llegar a él con las cosas ya encaminadas. Siempre conté con el apoyo de Goni, justamente porque había el respeto mutuo entre personas que pueden confiar entre sí. Ese fue el camino que utilicé.

Hay otro elemento que no señalé en el libro, y en el que no quiero profundizar porque son terrenos poco explorados documentalmente, me refiero a que el interés por esas aguas y su utilización era fundamentalmente de la industria minera, tanto de Chile como de Bolivia, de ahí que la implicación personal de Goni era más que evidente. Entonces, había que cuidar todos esos aspectos para evitar que el tema se enturbiara, y eso es lo que hice, y creo que lo hice no solamente con lucidez, sino con absoluto sentido patriótico. Quería evitar a gente como Carlos Sánchez Berzaín, que jugaba roles que prefiero no calificar, a diferencia del otro ministro, José Guillermo  Justiniano, de gran valía intelectual, política y humana, con quien se podía trabajar, y de hecho lo hicimos de manera muy estrecha a lo largo de la gestión ministerial. De aquellos dos ministros dependía el prefecto de Potosí, y por ello la importancia de que ese prefecto, que actuó con patriotismo y determinación, fuera el que tomara la responsabilidad de emitir esa resolución prefectural (que fue íntegramente preparada y redactada por la Cancillería a mi cargo), y lo hizo con plena convicción y coraje. Ese fue el rol de Omar Manzano.

¿Qué relación existe entre este reclamo boliviano y la reivindicación marítima?

Esa pregunta debe ser respondida y yo lo planteo en mi artículo: ¿Cómo, cuándo y por qué quid pro quo (algo a cambio de algo), se hizo por parte del gobierno de Banzer y de su canciller Javier Murillo de la Rocha, la incorporación del tema del Silala a la agenda binacional con Chile, cuando este era y es un tema de exclusivo interés y responsabilidad del Estado y del gobierno boliviano? Esto es lo que no se ha respondido y tiene que aclararse. No lo aclaró Murillo de la Rocha en el momento de incorporar el tema en la “agenda bilateral de 13 puntos” de la que se ufanaba, donde se introdujo el tema de la reivindicación marítima como justificativo, cuando en el fondo ni lo uno ni lo otro se encaró nunca con seriedad y credibilidad por ese gobierno. De modo que cuando gobiernos posteriores pretenden hacer algo respecto del Silala, tiene que salir a la luz el eslabón de por qué y qué es lo que se hizo con la resolución que adoptó el prefecto de Potosí. ¿Dónde está la información? No hay esa información al alcance de la ciudadanía y de las instituciones de nuestro país.

¿Es realista el pedido de una indemnización por cien años de uso de esas aguas, que usted califica de “ilegal e ilegítima”, aunque fue una concesión acordada por el Estado boliviano en 1908?

La concesión fue en su momento legal, pero la utilización que hizo Chile de esas aguas no correspondía a la causal inicial. En ese sentido era ilegal e ilegítimo, y lo sostengo, pues no hay razón que vincule una cosa con la otra, y la élite boliviana sabía para qué estaban sirviendo esas aguas, y probablemente desde Chile se ocupaban de “aceitar” y hacer marchar las cosas. Es una élite pro-chilena y anti-patriota que ha estado vigente desde la época de la oligarquía, pero que lamentablemente el MNR no desmontó, sino que adquirió nuevas formas y siguió vigente. Sabido es que no pocos de los que ritualmente se llenan la boca gritando contra Chile el 23 de marzo de cada año, no son sino patrioteros que ocultan los verdaderos problemas, ya que sobre el tema del agua transfronteriza, por ejemplo, no se ha actuado en forma patriótica, y ahí vienen los intereses personales de protagonismo y por supuesto toda la politiquería que se ha hecho en torno a la política internacional con Chile.

¿Cómo beneficiaría a Bolivia un mayor control sobre las vertientes? ¿Valdría mejor desviar las aguas hacia Bolivia para su uso en la agricultura, o vender el recurso hídrico a Chile?

Es eso lo que yo había pedido a técnicos, que nos dijeran, porque no tenía ni tengo elementos de juicio para decidir el mejor camino. Han pasado muchos años como para que la Cancillería de Bolivia tenga una respuesta posible sobre el tema, que es de una complejidad inmensa, y no es para que un abogado y embajador “a la carrera” —como me decían los opositores en el afán de desacreditar mi intervención en estos temas— pueda tener un criterio técnico, para determinar lo que debemos hacer. Eso fue dicho en 1997, hemos tenido como país mucho tiempo para hacer algo, y no se ha avanzado nada en 25 años.

Si dependiera de usted ¿cuál sería el camino  a seguir?

Hay que examinar el estado completo de la situación, y si se tienen estudios que corroboran esta posición, conversar con Chile sobre el tema y encontrar una solución. Este es un agravio más de la larga lista que tenemos con Chile, pero tenemos que encararlo con una política de largo aliento y de efectiva noción de Estado. A esto he dedicado un pequeño libro titulado “Bolivia, Chile y Perú: hacia un futuro compartido”, donde planteo que es absolutamente necesario incidir en eso. La posibilidad de una integración trinacional del norte de Chile, el sur de Perú y el oeste de Bolivia sigue pareciéndome un camino no solamente posible, sino indispensable para nosotros. Somos los bolivianos los que debemos impulsar eso. Paradójicamente, hubo una señal positiva en el discurso de posesión de Banzer en 1997, ya que la parte que se refiere a las relaciones con Chile está tomada de mi libro. El enfoque trinacional de beneficios mutuos con Chile y el Perú, está planteado por Hugo Banzer el año 1997 en los mismos términos formulados en mi libro, aunque lamentablemente  quedó solamente en el enunciado sin dársele contenido práctico.

HOJA DE VIDA 

  • Origen  Nació en Cochabamba, el  10 de noviembre de 1941.
  • Labor   Abogado, político y diplomático. Exdiputado nacional.
  • Carrera  Exministro de Hidrocarburos ( 2004) y exministro de Relaciones Exteriores y Culto (1993.1997)  Ocupó varios cargos diplomáticos.

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