El perfil de 12 operadores políticos y jurídicos tras el caso de supuesto golpe

Testigos y fiscales fueron denunciados por extorsión, incumplimiento de deberes y montaje de casos. Organismos reclaman que se garantice el debido proceso.
domingo, 21 de marzo de 2021 · 05:30

Carlos Quisbert / La Paz

El proceso que se sigue contra exautoridades y opositores por un supuesto “golpe de Estado (cívico, policial y militar)” en 2019, está en entredicho. Existen denuncias de persecución política y sospechas de vulneración del debido proceso y, ante ello, Página Siete realizó una revisión del perfil de la denunciante, los “testigos clave”,  los operadores de la justicia y otros actores involucrados. Llaman la atención las denuncias por extorsión, estafa, incumplimiento de deberes y montaje de casos.  

“Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros invocan -al igual que la de Evo Morales en 2020- la ambigua figura de ‘terrorismo’ que se presta a arbitrariedades”, escribió en su cuenta en Twitter el 12 de marzo el director ejecutivo de Humans Rights Watch, José Miguel Vivanco, al conocer el contenido de las órdenes de aprehensión emitidas esa fecha contra la expresidenta Jeanine Añez y otras diez personas.

“Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros (Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán) no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’”, concluyó Vivanco y adjuntó fotos del documento para evidenciar sus observaciones al trabajo de los cuatro fiscales que tienen a su cargo el caso.

Pese a las críticas, el domingo 13 de marzo la jueza de Instrucción en lo Penal Cautelar Novena, Regina Santa Cruz, determinó la detención preventiva de las tres exautoridades por cuatro meses, mientras duren las investigaciones. Todas fueron imputadas por terrorismo, sedición y conspiración.

Al día siguiente, los abogados de Añez, Luis Guillén y Norka Cuéllar, denunciaron al menos 11 irregularidades, desde la emisión ilegal de  órdenes de aprehensión,  toma de declaraciones de un “testigo clave” a último momento, hasta el hecho de que la jueza les negó el derecho a interponer incidentes.

La compleja denuncia fue presentada en diciembre de 2020 por Lidia Patty, dirigente campesina y entonces diputada del MAS, en la que, en un inicio, señalaba como principales autores del presunto golpe sólo al ex líder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, y a Williams Kaliman,  excomandante  en Jefe de las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, se conoció una lista de al menos siete procesos penales en los que el primer “testigo clave”, Antonio de la Fuente, figuró como denunciado por estafa, extorsión y otros delitos. En contacto con Página Siete, De la Fuente afirmó que es  amigo y fue asesor “sin sueldo” de Patty y de otras diputadas del MAS, a las que aconsejó para presentar ésta y otras denuncias contra opositores.

Estos elementos coinciden con la observación de Vivanco a la justicia boliviana. En otro mensaje en Twitter escribió que las detenciones de la expresidenta y sus colaboradores “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.

 

 Exdiputada  Lidia Patty, denunciante

La denuncia de presunto “golpe de Estado” en 2019 fue presentada 13 meses después, en diciembre de 2020, por la entonces diputada Lidia Patty Mullisaca, contra el excomandante en Jefe de las FFAA, William Kaliman; el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho;  su padre José Luis;  y el ex comandante general de la Policía, Yuri Calderón.

Sin embargo, la dirigente campesina fue parte de los legisladores del MAS -que controlaba el Legislativo con sus dos tercios- que firmó y avaló la Ley Excepcional 1270 de Prórroga del Mandato de Autoridades Electas, promulgada el 20 de enero de 2020,  por cual reconoció el mandato de Añez y dio lugar a la convocatoria a las elecciones de octubre de 2020 en la que resultó electo Luis Arce.

Además,  durante los meses en que según ella se vivía en “dictadura”, cobró 280 mil bolivianos de salario como diputada electa, según reveló el actual legislador de Creemos, José Carlos Gutiérrez. El opositor señaló que si  la justicia da lugar al argumento de Patty, ella deberá ser imputada por incumplimiento de deberes, prolongación de funciones, beneficio en razón del cargo y daño económico al Estado.

“Busco justicia, que se haga la investigación por los hermanos que han sido masacrados por este gobierno de facto de Jeanine Añez”, afirmó Patty  al momento de presentar la demanda ante la Fiscalía Departamental de La Paz.

  

Testigo clave uno: De la Fuente

Óscar Antonio de la Fuente Amelunge declaró por caso de supuesto "golpe de Estado" el 21 de diciembre de 2020, propuesto como testigo por la exdiputada Lidia Patty. En contacto con Página Siete, afirmó que es amigo de ella y de diputadas como Concepción Ortiz, Clery Vargas y Juana Quispe, todas asambleístas del MAS, a quienes dice que asesoró sin cobrar, cuando en noviembre de 2019 lo llamaron para pedirle consejo.

Sin embargo, pese a que declaró más de ocho horas y -según dijo- presentó pruebas ante los fiscales, De la Fuente aseguró que “nunca” dijo “nada” de Jeanine Añez y los exministros ahora detenidos y encarcelados, porque la denuncia era sólo contra el excomandante de las FFAA y Fernando Camacho. Dijo que desconoce la razón por la cual los fiscales usaron su declaración para incriminar a la exmandataria.

De la Fuente protestó y lamentó que se citen siete denuncias presentadas en su contra  por extorsión, estafa y otros delitos, “sin aclarar” que  estarían cerrados y que en el Registro de Antecedentes Judiciales Penales (Rejap) no figura sentencia condenatoria en su contra.

De acuerdo con  publicaciones de 2009, el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo,  denunció a De la Fuente por presentarse como su asesor y pedir dinero, hecho del cual existen videos. Zvonko Matcovik lo señaló como “mensajero” del exfiscal Marcelo Sosa, cuando intentó extorsionarlo con 200 mil dólares, hecho que niega y afirma que sólo conoció a Sosa “de vista".

 

Testigo clave dos: Teresa Morales

La  exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)  fue  denunciada, en 2019, por  resoluciones contrarias a  la  ley, incumplimiento de deberes y revelación del secreto profesional  por Ximena Valdivia,  exgerente de PAT, por divulgación de datos que fueron usados mediáticamente por el MAS para dañar la campaña electoral de Carlos Mesa  como candidato a la Presidencia en 2019.

Morales declaró como la segunda “testigo clave” de la Fiscalía en el caso de supuesto “golpe de Estado” el 13 de marzo de este año, un día después de las aprehensiones y cuando Jeanine Añez y sus dos exministros ya se hallaban en celdas policiales de La Paz.

En su declaración, la militante del MAS se refirió a  las reuniones que se dieron 13 meses antes -el 11 y 12 de noviembre de 2019, convocadas por la Embajada de España, la Unión Europea y la Iglesia Católica Boliviana- entre Adriana Salvatierra, quien un día antes hizo pública su renuncia a la presidencia del Senado;  la senadora del mismo partido, Susana Rivero;  y líderes de todos los partidos con representación parlamentaria, además de dirigentes cívicos.

Morales dijo que si bien fueron convocadas para  “pacificar el país”, se presionó a Salvatierra para que renunciara. La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) calificó de “fantasiosa” la versión y aseguró que en esa “mesa de diálogo  nunca se fraguó un golpe de Estado;  por tanto, las detenciones basándose en esa interpretación son injustas”.
 

 Omar Mejillones, fotos y cuentas


El fiscal anticorrupción fue  imputado por extorsión en 2018 a denuncia de una víctima de estafa de  la Cooperativa “El Buen Samaritano”, quien presentó audios, fotos y recibos de lenocinios que -dijo- Mejillones le obligaba a pagar con la promesa de dar prioridad a su caso.

Pese a toda la evidencia el proceso fue cerrado, según los datos del Tribunal de Justicia de La Paz. Mejillones nunca dejó el cargo porque gozaba de inamovilidad laboral por tener un hijo recién nacido.

“Presento denuncia en contra de    fiscales corruptos que usted protege (…)  en contra de Omar Mejillones, Edwin Blanco y Randal Mardóñez”, señala el memorial que el exdiputado Rafael Quispe presentó en Sucre, ante el entonces fiscal general Ramiro Guerrero.

 

 Lupe Zabala y un vínculo familiar


Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, denunció un supuesto tráfico de influencias debido a un  nexo familiar que existe entre la fiscal Zabala y el viceministro de Justicia, César Siles, quienes estuvieron casados.

Junto a Omar Mejillones, Zabala es parte de la comisión de fiscales y estuvo en las audiencias cautelares de los primeros exjefes militares detenidos.

Justiniano hizo público un certificado sobre la relación entre el viceministro y la fiscal y afirmó que ésta debió haberse excusado del caso por ello.

 Desde el Ministerio de Justicia negaron cualquier tipo de intromisión y se publicó como falso el certificado de matrimonio,  pues la autoridad actualmente tiene otra familia.

   Rudy Terrazas y montaje de casos


El entonces jefe nacional del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc)  Freddy Valda, denunció en septiembre de 2018, a Rudy Terrazas y otros seis fiscales por seis delitos, luego de que éstos “montaran” dos casos en su contra.

“Los fiscales corruptos que me montaron estos dos procesos y han hecho que me encarcelen por varios meses en el penal de Patacamaya son los fiscales Luis Tola, Erlan Almanza, Juan Carlos Soria, Javier Flores, Ramiro Jarandilla, Rudy Terrazas y Daniel Ayala, todos encabezados por Edwin Blanco y estoy esperando que emitan algunos informes para probar lo que estoy diciendo”, aseguró Valda a Página Siete en ese entonces.

Valda logró revertir el caso en su contra luego de que la víctima de otra estafa confesara que los fiscales la obligaron a declarar en su contra para incriminarlo en el caso Anapol. Eso a cambio de dar prioridad a su caso, que hasta la fecha continúa sin resolución.

 

Harold Jarandilla regresó al cargo


El fiscal fue denunciado por montar un caso y extorsionar al imputado  en medio de un consorcio ilegal con una abogada, a la que señalaron como su pareja, en 2015. 

Un año después, fue destituido por Edwin Blanco, quien aseguró que existía una gran cantidad de denuncias sobre irregularidades en los casos que manejó en la Fiscalía de El Alto.

Uno ellos fue el del feminicidio de la periodista  Hanalí Huaycho, el que fue cerrado en medio de la polémica sobre las dudas por la identidad del cadáver del asesino de la joven, quien supuestamente se suicidó. La Fiscalía niega informar sobre el estado de las denuncias y explicar cómo regresó a ejercer el cargo.

Ahora forma parte de la comisión de fiscales en el caso del presunto golpe.
 

Juez Décimo Armando Zeballos


El juez de Instrucción en lo Penal, Cautelar Décimo, Armando Zeballos, estuvo a cargo de las audiencias cautelares del exjefe de Estado Mayor del Comando en Jefe de las FFAA, Gustavo Arce, y del excomandante del Ejército, Pastor Mendieta.

En ambos casos resolvió enviarlos con detención preventiva al penal de San Pedro, por seis meses, debido a los riesgos de fuga, pese a que ambos se presentaron a declarar.

La defensa de Arce y Mendieta afirma que el juez no controla el trabajo de los fiscales y permite que éstos imputen a los jefes militares sin demostrar un indicio material que los implique en la comisión de los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.
 

Jueza  Regina Santa Cruz

La jueza de Instrucción en lo Penal Cautelar, Regina Santa Cruz determinó, el 17 de marzo, enviar por cuatro meses con detención preventiva a la expresidenta  Jeanine Añez, al igual que a los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

Los abogados de las exautoridades denunciaron al menos 11 irregularidades de fondo en la actuación de la jueza quien, entre otros puntos, dijeron los abogados, no permitió que la defensa presentara incidentes, no sancionó las aprehensiones ilegales y también determinó el encarcelamiento sin que existan indicios de responsabilidad y violando el derecho a un juicio de responsabilidades, por su condición de exmandatarios.

Del Castillo en los operativos de Beni


Miembro del grupo de adoctrinamiento político “Columna Sur del Oriente” del MAS, al igual que Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, el ministro Eduardo del Castillo  coordinó el operativo de allanamientos y aprehensión de Jeanine Añez, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán.

Si bien los familiares de los exministros denunciaron que se trató de secuestros y operativos que no figuran en las funciones del ministro de Gobierno, Del Castillo afirmó que se cumplió con el debido proceso y que no existe persecución política. Días antes de los operativos, algunos sectores  del MAS exigieron su renuncia y pidieron que sea sustituido por el exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana.

 

Iván  Lima explica más que la  Fiscalía

El ministro de Justicia salió a la palestra ante la ausencia y falta de pronunciamiento del presidente del Estado, Luis Arce, y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuando se dieron los operativos de aprehensión contra la exmandataria Jeanine Añez y los dos exministros.

Asimismo, fue quien dio explicaciones, ante la  falta de respuestas por parte del ahora exfiscal departamental de La Paz, Marco Cossio, sobre las denuncias de ilegalidades cometidas en los operativos de captura contra la expresidenta Añez, los dos exministros y lo sucedido en las audiencias cautelares.

Fue el primero en explicar que se procesa a Añez en calidad de exsenadora y no como expresidenta.
 

Aguilera, señalado por Camacho


El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, encabezó los sorpresivos operativos que, el 12 de marzo y la madrugada del 13, dieron como resultado la aprehensión de la expresidenta Añez y los exministros en Beni y su traslado en vuelos especiales a La Paz.

Fernando Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz,  principal denunciado por el presunto “golpe del Estado”, cuestionó la presencia de Aguilera en dichos operativos y recordó que  fue investigador y “parte del montaje” del caso Rózsa, o terrorismo, para desmontar a la oposición en Santa Cruz en abril de 2009.

Aguilera rechazó la acusación y señaló que su presencia fue para  cumplir  la orden de la Fiscalía.

 

Los  procesados

  • Cívico   Según la denuncia de Lidia Patty, exdiputada, Luis Fernando Camacho, expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz,  y su padre José Luis, son parte de los principales promotores del supuesto “golpe de Estado”.
  • Militares Otro denunciado es el excomandante en jefe de las FFAA (2019), William Kaliman, quien  el 10 de noviembre de 2019 dio una conferencia, escoltado por su estado mayor, para sugerir la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Se desconoce su ubicación. Junto a él aparecieron el almirante, Gustavo Arce (detenido), el vicealmirante  Palmiro Jarjuy Rada, general  Jorge Terceros Lara,  general  Jorge Fernández Toranzo y general  Jorge Pastor Mendieta Ferrufino  (detenido).
  • Prófugos Existen órdenes de aprehensión con varios procesados de los que se desconoce su paradero como el el excomandante en jefe de las FFAA (2020) general  Sergio Carlos Orellana Centellas;  el excomandante de la Policía (2019)  Yuri Calderón; los exministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo;  y de Defensa, Fernando López. En tanto, Roxana Lizárraga, exmnistra de Comunicación,  fue admitida con refugio político en Perú.

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