Los acusados: Gobierno sigue al menos 11 procesos a una veintena de personas

Mientras opositores afirman que se trata de una persecución en la que se usa al Órgano Judicial como brazo operativo del Gobierno, el oficialismo justifica su actuar con “la búsqueda de justicia”.
lunes, 29 de marzo de 2021 · 05:26

Leny Chuquimia / La Paz

El Gobierno  impulsa, ante el Ministerio Público,  al menos 11 procesos en contra de una 20 de personas. Entre los acusados están desde la expresidenta Jeanine Añez y su gabinete, hasta jefes policiales, militares y exfuncionarios.

Los casos golpe de Estado, Senkata y Sacaba, Respiradores chinos, Respiradores españoles, Gases lacrimógenos, DGAC, Designaciones irregulares, Fundempresa,  FMI, Amenaza  a la libertad de expresión durante la cuarentena y Cierre de fronteras son las demandas. Las cuatro últimas esperan conseguir   de los  dos tercios de la Asamblea Legislativa para consolidarse en  juicios  de responsabilidades.

Mientras  que para unos  es una muestra del uso de la justicia como un brazo operativo del Gobierno de turno, éste afirma que no se trata de una persecución, sino de “justicia”. 

“Los juicios son arbitrarios y son realizados por una Fiscalía que se ha convertido en un  brazo operativo del gobierno del MAS  y por un Órgano Judicial que no es imparcial”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana  Gustavo Pedraza.

Añadió que lo que hay en este momento es una narrativa del MAS sobre  un golpe, “cuando en realidad lo que hubo  fue un fraude”. “No  defendemos  a una persona, sino a la causa”, recalcó.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), señaló que  los juicios y  las aprehensiones “no son persecución, sino justicia”.

“La narrativa de un fraude que impusieron con  ayuda de la OEA fue sólo la excusa perfecta para  llegar al poder por la fuerza, rompiendo todo principio de la democracia. Los resultados de las elecciones del 18 de octubre   ratifican que no hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado, unas masacres en Senkata y Sacaba, desinstitucionalización del Estado, descalabro económico y corrupción desmedida. Por eso perdieron en democracia lo que ganaron por la fuerza”, afirmó.

Cinco procesos veloces

El que generó más reacciones nacionales e internacionales es el proceso por el caso golpe de Estado, impulsado por la exlegisladora del MAS Lidia Patty. La denuncia fue presentada en  diciembre de 2020 y las primeras detenciones se produjeron  el 12 de  marzo.  

Hasta hoy, hay  tres  detenidos: la expresidenta Jeanine Añez y sus ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Además se emitieron  ordenes de aprehensión  en contra de  los exministros Yerko Núñez,  Arturo Murillo,  Fernando López y los excomandantes  de la Policía y las Fuerzas Armadas, Yury Calderón y Williams Kaliman, de quienes se desconoce su paradero.

A estas acciones se sumaron cuatro proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria. Aunque fueron aceptadas por el Ministerio Público en menos de 48 horas,  que lleguen a un juicio dependerá de los  dos tercios de la ALP.

La primera acusación es por la autorización de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación de la ALP, un préstamo que fue devuelto por Arce. Además de Añez, también están acusados el exministro de Economía José Luis Parada Rivera y el extitular del Banco Central de Bolivia (BCB) Guillermo Aponte Reyes Ortiz.


Iván Arias rumbo a su declaración en la Fiscalía. / Foto: Fredd Ramos, Página Siete

La segunda tiene que ver con la vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la cuarentena rígida, con la promulgación del  decreto 4231 que sancionaba  penalmente la difusión de cualquier información sobre la Covid-19 que  genere  incertidumbre en la población. 

La tercera acusación es por  la concesión  del servicio de registro público y comercio a la privada Fundempresa por 15 años, sin  los procedimientos de ley. La cuarta  es por el cierre  de fronteras que impidió el ingreso de  compatriotas desde Chile durante la cuarentena.

“Justicia solo para cuatro” 

El caso de las masacres de  Senkata y Sacaba es otro de los procesos que  sigue el Ministerio Público. Hasta la fecha se tiene a dos imputados: el  general de división en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino y el general Franco Suárez. 

Aunque desde el gobierno y desde el MAS se indica que con el caso golpe de Estado se hará justicia para las víctimas, la denuncia no las toma en cuenta.  

“El caso golpe de Estado no considera las muertes de nuestros hermanos de Senkata, ni siquiera están tomando en cuenta a los heridos. Pero ya tiene varios detenidos e imputados. En el caso político hay mucho avance, pero no  en el que pide justicia para El Alto”, dijo el representante de Derechos Humanos en El Alto, David  Inca.


Exministro  Coímbra durante su aprehensión. 
Foto:Freddy Barragán / Página Siete

Sostuvo que es un tema político que  solo “busca justicia” para cuatro personas: Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

El Gobierno anunció que  prepara un juicio de responsabilidades por las masacres. Para ello pidió el apoyo de las bancadas de CC y Creemos para llegar a los dos tercios necesarios.

Algunos avanzan, otros no

El 19 de marzo, luego de las detenciones de Añez y dos de sus colaboradores,  se llamó a declarar a la exministra de Salud  Eidy Roca por el caso Respiradores chinos que data de 2020. La exautoridad se refugió en el Comité  Pro Santa Cruz, desde donde dijo que la compra por la que se la quiere acusar no fue hecha por ella.

Este proceso tiene su par, el caso Respiradores españoles que pronto cumplirá un año. El  imputado  es el antecesor de Roca, Marcelo Navajas. En octubre de 2020 se dejó sin  efecto la imputación a Navajas pero en diciembre fue retomada. Además del exministros, están acusados  Giovanni Pacheco (director Aisem), Fernando Valenzuela (exdirector jurídico) y Fernando Humérez (testigo).

Las primeras órdenes de aprehensión emitidas luego de la posesión del gobierno de Luis Arce fue en contra de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, por el caso Gases lacrimógenos. Una compra hecha a un intermediario con presunto sobreprecio.

También se  detuvo a  Marcel Rivas, exrresponsable de Migración, acusado de  colaborar en la fuga de los dos  imputados.

En medio de las últimas detenciones, la Fiscalía  emitió dos citaciones contra el ahora alcalde elector de  La Paz, Iván Arias, exministro de Obras Publicas del gabinete de Añez.    

La autoridad fue llamada en calidad de sindicado por  varios casos de corrupción dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las designaciones irregulares en la entidad que dirigía.

4 juicios dependen de los dos tercios de la ALP

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que el Gobierno no llevó a juicio de responsabilidades a la expresidenta  Añez porque el MAS no tiene los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Apuntó a los opositores CC y Creemos, quienes cuestionaron el manejo político de la justicia.

“La aprobación de juicios de responsabilidades requiere de los votos de las bancadas de Carlos Mesa (CC) y Fernando Camacho (Creemos) para   los dos tercios. Si ambos rechazan, significa que apoyan la impunidad para autores de esos delitos”, indicó Lima a través de Twitter.

En respuesta, el líder de CC, Carlos Mesa, calificó  de cínico el pedido de Lima. “El Gobierno del presidente Arce, que plantea esta lógica, está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles. Quienes están manejando la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a jueces y fiscales, quienes convierten a fiscales en martillo de la represión y persecución judicial muestran que el Órgano Judicial es totalmente dependiente del Gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a hablar de impunidad?”, declaró.

La  aprobación de los juicios de responsabilidades por los casos de corrupción, daño económico al Estado y  las masacres de Senkata y Sacaba —en  contra de la expresidenta Jeanine Añez y sus excolaboradores— dependen de conseguir la aprobación de los dos tercios al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El artículo 16 de la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, establece que para enjuiciar a un  Presidente y Vicepresidente se requiere el voto de los dos tercios de  la ALP. A diferencia de las gestiones pasadas, el  MAS  no  tiene mayoría

Luego del tuit de Lima, el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, publicó: “Fuimos claros al condenar la corrupción del gobierno transitorio y todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse”.

 

27 denuncias contra personal de la Policía

A la fecha el viceministro de Descolonización,  Pelagio Condori, presentó 27 denuncias  en contra de igual número de miembros del verde olivo. Entre los acusados  hay  coroneles, tenientes coroneles, mayores,  capitanes, subtenientes,  suboficiales, un sargento y un cabo. 

De las demandas presentadas ante la Fiscalía  Policial, dos   fueron rechazadas y una fue presentada   hace una semana. Todas se apoyan en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que establece las instancias que deben sancionar las faltas disciplinarias   

“No es venganza en contra de la policía, sino lo que indica la normativa”, dijo Condori. 

Los procesos  son por los hechos acaecidos en noviembre de 2019, cuando -según el demandante- estos uniformados impulsaron  el motín policial y con éste la renuncia de Evo Morales, además de haber quitado  y quemado las wiphalas de sus uniformes.  

“En la actualidad existen 25 denuncias vigentes y una que está en apelación del rechazo. esperamos que sea repuesta  para que sigan las  investigaciones. El pueblo boliviano quiere una reconciliación pero con justicia”, manifestó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

 

Punto de vista
gary prado,  abogado caso Terrorismo


“Quieren llenar la canasta de delitos”

 El pez muere por la boca y en la entrevista con María Galindo el Ministro de Justicia  admite que al no tener los dos tercios deben buscar el juicio por otro lado. El tema no es la justicia ni    la búsqueda de la verdad. Como hay un control férreo de  Órgano Judicial por parte del MAS, vemos que se obra de manera ilegal para instaurar  una posverdad.

Hay cuatro procesos que se han presentado ante el Ministerio Público   como juicios de responsabilidades, pero no tienen posibilidad material   de conseguir los dos tercios en la ALP para su autorización.  En realidad esos procesos están ahí para mostrar una conducta delictiva y de corrupción reiterada. Lo que se busca es cómo llenar la canasta de delitos para mostrar que así como se golpeó, se autorizó un crédito al FMI, se cerró las fronteras ilegalmente a nuestros conacionales etc. 

Es decir, se pretende acabar con la imagen  pública para desvirtuar toda posibilidad de defensa. Para poner al público en posición adversa a Jeanine Añez y su gobierno.      

  Estamos reviviendo los hechos que desde el 2006 en adelante se vivieron en la gestión de Evo Morales, en casos como el de  Porvenir, de Yacuiba o el de Terrorismo. Son casos en los que el Gobierno comete  ingerencia y   presiona al Órgano Judicial y el Ministerio Público para arrinconar, exiliar, apresar  y dejar sin voz a los opositores  a su gestión. 

El caso golpe de Estado tiene  similitudes  con el caso Terrorismo. El hecho no existió pero hay una supuesta víctima que es  Evo Morales y la supuesta responsable es Añez, su gabinete y los comandante militares. Estamos repitiendo la perversa gestión de Evo.

 

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