Caso Huayllani: defensa de López rechaza orden de detención

El abogado del exministro calificó de inconstitucional el fallo del juez.
martes, 30 de marzo de 2021 · 05:04

Carlos Quisbert / La Paz

Ariel Méndez, abogado de Fernando López, exministro de Defensa, calificó de inconstitucional la determinación asumida el pasado viernes por el juez cautelar de Sacaba, quien declaró en rebeldía a su defendido, a Arturo Murillo, exministro de Gobierno, y a Sergio Orellana, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA).

“Sería inconstitucional. Tengo información de que el señor (exministro) López nunca asistió ni fue convocado a una declaración informativa policial;  por lo tanto, es improcedente el caso que se le sigue en rebeldía”, afirmó Méndez en contacto con Unitel.

La pasada semana, en el Juzgado Primero de Sentencia Penal de Sacaba se suspendió la audiencia cautelar de Rodolfo Montero, excomandante general de la Policía   (2020), imputado dentro del caso de muertes de personas en el puente de Huayllani, del municipio cochabambino de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019.

En esa fecha, grupos violentos del MAS, que pedían el regreso del expresidente Evo Morales, se enfrentaron a las fuerzas del orden con el fin de ingresar a la ciudad y confrontarse con los ciudadanos que protestaban por el fraude electoral. En el lugar fallecieron diez personas por disparos de arma de fuego.

Por el mismo caso  ya fueron sometidos a audiencia de medidas cautelares el general Alfredo Cuéllar, exjefe de la guarnición militar de Cochabamba,   y  Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía. Ambos cuentan con detención domiciliaria.

De acuerdo con la información de la Policía, Murillo, López y Orellana salieron del país a finales de  2020. El 4 de marzo, la Fiscalía imputó por asesinato y tentativa de asesinato a Montero y las tres exautoridades.

La audiencia cautelar de Montero fue suspendida el pasado viernes, debido a que el acusado presentó un incidente de acción procesal defectuosa contra la imputación, por lo que se reprogramó la cita para el 1 de abril, cuando se conocerá la determinación del juez.

Dentro de este caso, se denunció que la Fiscalía no investigó los impactos de bala que recibieron los vehículos militares.
 

 

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