EEUU: La Fiscalía procesó a 150 exservidores del gobierno de Evo

El Informe de Derechos Humanos 2020 del Departamento de Estado sobre Bolivia indica que la justicia está “vulnerable a la influencia indebida” del poder.
jueves, 1 de abril de 2021 · 05:04

Yolanda Mamani Cayo  / La Paz 

El Informe de Derechos Humanos 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Bolivia refiere que el Ministerio Público inició procesos contra aproximadamente 150 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. 

El reporte de la Casa Blanca cita datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), emitidos en agosto del año pasado.

“La Fiscalía General inició procesos penales contra aproximadamente 150 exfuncionarios del gobierno de Morales en todos los niveles desde noviembre de 2019 hasta febrero”, se lee en  dicho informe, en el que se agrega que los cargos comunes incluyeron la supuesta comisión de delitos como sedición, terrorismo e incumplimiento de deberes.

En reiteradas ocasiones, el expresidente Evo Morales y dirigentes del llamado Pacto de Unidad aseguraron que fueron más de 1.500 “detenidos injustamente” entre exfuncionarios, dirigentes y movilizados en el gobierno de la entonces presidenta Jeanine Añez.

El informe de EEUU también hace énfasis en el Órgano Judicial. “La ley establece un poder judicial independiente, pero el Poder Judicial seguía sobrecargado, vulnerable a la influencia indebida de los poderes Ejecutivo y Legislativo y plagado de denuncias de corrupción. Las autoridades en general respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos”, dice el documento.

En el informe también se subraya que después de las elecciones del 18 de octubre de 2020, en las que ganó Luis Arce del MAS, la mayoría de las órdenes de detención y las investigaciones penales contra los exfuncionarios se retiraron, y, además, los exfuncionarios asilados en la Embajada de México abandonaron la residencia extranjera, y en días posteriores los jueces anularon las órdenes de detención que había en su contra.

Los “arrestos arbitrarios” y la detención preventiva  son otros dos puntos que observa el informe del Gobierno de Estados Unidos.  En el primer caso, en el informe se lee: “La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el Gobierno no siempre respetó la ley”.

La detención preventiva es otro factor que cita el informe de la Casa Blanca. En el documento se señala al respecto: “A pesar de los límites legales de la prisión preventiva, la prisión preventiva prolongada siguió siendo un problema. Procedimientos legales complejos, gran número de detenidos, ineficacia judicial, injerencia del Ejecutivo, corrupción, escasez de defensores públicos y mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a retrasos en los juicios que alargaron la detención preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos más allá de los límites legales para completar del juicio o la presentación de cargos formales”.

Respecto a la libertad de expresión, en el informe se señala que el gobierno de Morales como el de Añez “tomaron represalias” contra los medios  que expresaron opiniones disidentes.

“Si bien la Constitución establece la libertad de expresión, incluida la de prensa, el pasado gobierno de Morales y, en menor medida, el gobierno de transición, tomaron represalias contra los medios de comunicación que expresaron opiniones disidentes”, se lee en el reporte. 

 

 El informe de DDHH   2020

  • Impunidad  El informe de derechos humanos 2020 de Estados Unidos  sobre Bolivia indica que el Gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del Gobierno que cometieron abusos, pero la aplicación desigual de la ley y un poder judicial disfuncional condujeron a la impunidad.
  • Dato       Sobre  detenciones arbitrarias, el informe dice que el Gobierno no siempre respetó la norma. “La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el Gobierno no siempre respetó la ley. La ley también establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El Gobierno en general observó esta disposición”, dice.     

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