Opositores hallan eco en EEUU sobre sometimiento de la justicia

Once parlamentarios se reunieron con la CIDH y Human Rights Watch. Les dijeron que la justicia está “seriamente amenazada y absorbida por el poder político”.
jueves, 22 de abril de 2021 · 05:28

Cándido Tancara Castillo  / La Paz 

Legisladores opositores, que se encuentran en Washington (EEUU), se reunieron ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) y la ONG Human Rights Watch (HRW), y a la culminación de ambas citas dijeron que de manera coincidente y por separado expresaron que el sistema judicial boliviano está “seriamente amenazado y absorbido por el poder político” del gobierno de Luis Arce, con las  detenciones de exautoridades civiles, militares y policías con el argumento del supuesto “golpe” en noviembre de 2019.

“Están preocupados por el poco apego a la ley, por las violaciones a los derechos humanos y constitucionales, y por la falta de independencia del Poder Judicial; de manera categórica son los temas puntuales que deterioran una democracia, hacen que se vea en grave riesgo y hacen prever que de seguir en ese camino, podemos llegar a situaciones lamentables”, sostuvo la senadora Centa Rek,  de Creemos, que se encuentra en la capital estadounidense.

La comisión de legisladores  en EEUU está integrada por Marcelo Pedrazas, Enrique Urquidi y Luisa Náyar, de Comunidad Ciudadana (CC); y Walthy Egüez, Erwin Bazán, Mariel Marín, Henry Montero, Centa Rek, Richard Ribera, María Rene Álvarez y Ericka Chávez, de Creemos. Primero se reunieron con cuatro relatores de la CIDH y luego con el director de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Rek informó que la CIDH expresó su interés en “hacer un observatorio permanente a derechos humanos y en seguir el proceso de Bolivia, en la actual coyuntura,  con las situaciones violatorias”.

La senadora  dijo: En la CIDH “nos escucharon  todas las denuncias que hicimos, afirmaron que están preocupados por la situación de Bolivia que generan observación permanente de derechos humanos, porque es una crisis prolongada (desde octubre y noviembre de 2019 hasta ahora) y mucho más preocupante”.

Cuatro militares, un policía y tres exautoridades del Ejecutivo, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez y dos de sus exministros, acusados por el supuesto “golpe de Estado”, después de la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, se encuentran encarcelados desde marzo; las acusaciones se extienden a una veintena de exautoridades. En el otro frente, las personas que fueron acusadas durante el gobierno de Añez de promover violencia antes y después de la dimisión de  Morales, están fuera de las cárceles, beneficiadas con un decreto presidencial promulgado por  Luis Arce.

El diputado Enrique Urquidi (CC) rescató una aseveración  de la CIDH. “Está muy preocupada, una de las relatoras observó el principio de legalidad en Bolivia, se encuentra en entredicho, se encuentra en profunda crisis institucional, porque el Órgano Judicial está escondiendo al  Ejecutivo”.

Dijo que la CIDH también les anticipó que no hay reelección indefinida para un candidato presidencial, como era el caso de Evo Morales, que acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitarse para una cuarta reelección inconstitucional, después de perder en el referendo del 21F de 2016. “La CIDH nos anunció que no  existe derecho humano para la reelección indefinida, como pretendía hacernos creer Evo Morales, basado en un artificio jurídico de interpretación constitucional que en su momento hizo el TCP; es un gran logro”. Anunció  que la CIDH les comunicó que esta decisión será enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte-CIDH.

La senadora Rek explicó que Vivanco dijo en la reunión que Bolivia se encuentra en un momento de mayor crisis en el tema de derechos humanos. “Nos escuchó, nos dejó ver que no considera que Bolivia está en un momento crítico, no es una crisis como las que hemos pasado antes. La posición que tienen los observatorios de derechos humanos es que es un momento peligroso”, añadió.

Urquidi rescató de Vivanco su preocupación por  la utilización de la justicia para la violación de los derechos humanos. “Nos manifestó que en Bolivia se está jugando con fuego, en sentido de que como ocurrió en el gobierno de transición, el MAS y los que están ejerciendo el poder político, desde Arce, están usando al Órgano Judicial y a  la Fiscalía como operadores para la censura, para la vulneración de derechos y garantías constitucionales no sólo de opositores sino de varios ciudadanos”.

Afirmó que Vivanco “ha reconocido la difícil situación por la que pasa el país y anunció que estará vigilante, pendiente de lo que vaya a suceder en adelante”,  pues prometió que “harán análisis y evaluación de la documentación que hemos acompañado de nuestra denuncia de persecución política y violación de los derechos humanos”. Rek dijo que viajaron con su dinero y no exigieron viáticos al Legislativo.

El MAS usa foto manipulada contra opositores que anuncian proceso penal

Parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizaron ayer una fotografía trucada de asambleístas de oposición que se encuentran en Washington para acusarlos de haber posado con la bandera de Estados Unidos. “Tenemos esta imagen que podemos observar como realzan  la bandera de EEUU unos parlamentarios bolivianos”, dijo el diputado masista Daniel Rojas que tomó en sus manos la fotografía manipulada y la mostró para acusar a los opositores de dar  más valor a la bandera estadounidense que a la boliviana.

Desde Washington, el diputado Marcelo Pedrazas (CC), junto con  su colega  Luisa Náyar (Creemos), anunció que se iniciará un proceso penal contra los parlamentarios del MAS por los tipos penales de uso de instrumento falsificado, calumnias e injurias. Pedrazas dijo que la actitud de la bancada del MAS es propia de supuestos “delincuentes y no de parlamentarios”. Náyar mostró la bandera boliviana y dijo que fue esa tricolor la que fueron a defender. “Vinimos a  defender el interés legítimo y democrático de la defensa de la lucha contra la violencia y la persecución política del MAS”.

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) acusó a los asambleístas opositores que se encuentran en el país del norte de “traicionar a la patria” y anunció que “vamos a pedir al presidente de los diputados (Freddy Mamani), remitir al tribunal de ética a los parlamentarios de la derecha y que se los suspenda del cargo; los parlamentarios de derecha quieren volver al país a organizar un segundo golpe de Estado”. Dijo que los asambleístas buscan una reunión con exautoridades como Arturo Murillo, Carlos Sánchez Berzaín e incluso con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. “Es para desestabilizar la democracia y la reactivación de la economía de este Gobierno constitucional”, dijo. Y, su correligionario Rojas dijo que viajaron para “recibir instrucciones para convulsionar el país”.

 

 

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