Encuestas: el MAS busca restar competencia al Órgano Electoral

CC rechaza la iniciativa legislativa y pide respetar la independencia de órganos. El partido azul dice que su meta es terminar con “la manipulación del voto”.
martes, 27 de abril de 2021 · 05:22

Yolanda Mamani Cayo  / La Paz 

El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de un proyecto de ley, busca restar la competencia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) en torno a la regulación de la elaboración  y difusión  de  encuestas electorales.

Desde la oposición ven que el MAS pretende  que  el Órgano Legislativo, donde tiene mayoría,  se arrogue una atribución que no le corresponde. En tanto, el partido oficialista  asegura que se busca regular las encuestas para terminar con la supuesta “manipulación del voto”. 

El 9 de marzo, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabezas (MAS), remitió al presidente de dicha instancia, Freddy Mamani, un proyecto para modificar la Ley del OEP (Ley 018), puesta en vigencia el 16 de junio de 2010.  

En la exposición de motivos del proyecto se explica  que “se tiene la necesidad que dichos estudios de opinión y encuestas sean regulados mediante Ley del Estado Plurinacional”.

El documento consta de un único artículo y apunta a cambiar el parágrafo 10 del artículo 6 de la Ley 018. El texto vigente de ese parágrafo señala que entre las competencias del OEP está: “la regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación y de la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral”.
 
 La modificación que se pretende  introducir refiere a que  esa competencia la ejercerá el OEP en función a la ley que  apruebe el Órgano  Legislativo. Según el proyecto, el OEP tendría  la competencia de “regulación y fiscalización de la propaganda electoral en medios de comunicación y de la elaboración y difusión de estudios de opinión con efecto electoral mediante ley”.  

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga afirmó que la elaboración y difusión de encuestas  ya están   normadas por el OEP, además que el Legislativo no puede tomarse atribuciones que no le corresponden.

“El Órgano Electoral es independiente, por lo que el Órgano Legislativo no puede arrogarse atribuciones que le corresponden a esta dimensión y modificar una norma que debe originarse en la instancia estatal que corresponde, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (…). Respetamos la independencia de órganos y rechazamos cualquier sobreposición de un órgano del Estado sobre otro”, afirmó Arizaga a Página Siete.

Para cada proceso electoral el OEP elabora y publica reglamentos entre los que figura  el referido a la  elaboración y difusión de estudios de opinión.

En el caso de las recientes subnacionales, el artículo 1  del reglamento aprobado para ese proceso  dispone  que el objeto de esa normativa es  establecer los criterios técnicos mínimos para regular y fiscalizar la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral (encuestas preelectorales, boca de urna y conteo rápido).

El experto en temas electorales Paúl Coca afirmó que todo lo relativo a encuestas en materia electoral “son atribuciones del Tribunal Supremo Electoral”,  establecidas por ley. Además de aquello, señaló que esta iniciativa busca alimentar la narrativa del presunto “golpe de Estado”.

“Fiscalizando las encuestas lo que el MAS quiere es mostrar y decir que parte del golpe de Estado lo habrían hecho las encuestadoras, porque así es el MAS (…).  La Ley 018 fue promulgada por el propio MAS en 2010, es decir, que tuvo mucho tiempo para regular las encuestas”, manifestó Coca.

Al respecto, el legislador proyectista Renán Cabezas (MAS) aseguró que con este proyecto “no se está quitando de ninguna manera sus competencias al Órgano Electoral”.

Cabezas declaró a este medio impreso  que el fin del proyecto es “terminar con la manipulación pública para direccionar el voto”.

 El legislador sostuvo que en los recientes procesos electorales se publicaron encuestas que presentaron “mucha diferencia” respecto al resultado oficial de las elecciones, y esos resultados siempre eran negativos para el  partido azul,  y a la vez no mostraron la realidad de la preferencia electoral.

“Por ejemplo, en 2014 las encuestadoras nos daban 38% y hemos obtenido el 61%. En 2020 al MAS le daban el 31% y hemos obtenido el 55,1%. Esto nos llama la atención, indignó a muchos hermanos. El MAS tiene antecedentes de ser ninguneado en las encuestas, siempre hicieron aquello”, sostuvo Cabezas.

En ese marco, el legislador afirmó que los estudios de opinión en materia electoral “pueden manipular las elecciones, hacer que el elector indeciso no vote por nosotros”. 
 

Punto de vista 


PAUL coca   Analista político 
“Se ve una gestión meramente política” 


 Sería absurdo pensar que una encuesta defina la votación como tal, porque la encuesta es un sondeo que antes de su publicación tiene que ser aprobada y autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, que tiene esas atribuciones establecidas por la ley y que tiene una propia metodología.

Imagino que el discurso del MAS es que ‘en las elecciones las encuestas daban un porcentaje, pero Arce ganó con 55%’, sin embargo, las encuestas no van a acertar exactamente el nivel de un resultado.

La Ley 018 que buscan modificar fue promulgada por el MAS en 2010 y desde ese año el MAS tuvo un montón de tiempo para regular las encuestas, ¿por qué antes no lo hizo?

Aquí lo que se quiere es fomentar y fortalecer la narrativa de que hubo un “golpe de Estado” y que las encuestadoras también fomentaron, ese es el fondo del tema porque así es el MAS. 

Otro punto es que la característica del gobierno de Arce  es que es absoluta y meramente político. Ya terminaron las elecciones, ya no hay vuelta atrás y por los resultados de las subnacionales están buscando echar la culpa también a las encuestadoras.

Ahora, ¿Bolivia realmente necesita una ley que regule las encuestas?, ¿es de prioridad nacional? O es que hay otros temas prioritarios, como la recuperación económica y productiva, por ende, toda esta gestión del Ejecutivo y Legislativo es meramente política, no es una gestión técnica para solucionar los problemas centrales que tiene Bolivia.

 

 

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