Celebran la ratificación de la sentencia contra Goni y el Zorro

Un juez de EEUU ratificó el fallo de 2018 y obliga a las exautoridades el pago de $us 10 MM y ahora prepara la sentencia final. La defensa dice que apelará.
miércoles, 7 de abril de 2021 · 05:04

Cándido Tancara Castillo  / La Paz 

La Asociación de Familiares de las Víctimas y Heridos de la Guerra por el Gas celebró ayer que un juez de EEUU ratificara la responsabilidad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de su exministro Carlos Sánchez Berzaín (el Zorro) por las muertes de octubre 2003, que los obliga a indemnizar a familiares de fallecidos y heridos con la suma de 10  millones de dólares, aunque la defensa de las exautoridades anunció que apelará el fallo  porque aún hay recursos legales.

“El juez (James) Cohn deniega las mociones de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, dictaminando que los demandantes establecieron que los asesinatos fueron ilegales según el derecho internacional y, por lo tanto, extrajudiciales, y que los acusados eran responsables”, resumió  el Centro para Derechos Constitucionales que impulsa el juicio en EEUU.

En noviembre de 2020, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín intentaron dejar sin efecto el proceso presentando la moción para que el juez Cohn rechace los reclamos de los demandantes o se determine realizar un nuevo juicio. Sin embargo, el pedido fue denegado por Cohn mediante un fallo emitido el 5 de abril de 2021.

El Programa de Derechos Humanos de Harvard informó, en su página web, que con la decisión se “restablece el veredicto del jurado de 2018”. Se señala que se contravino el derecho internacional con las muertes de 2003 causadas por militares  y que los acusados fallaron en demostrar que no fueron asesinatos extrajudiciales.

También se afirma que con la autoridad que tenían los acusados al mando de las FFAA podían prevenir o sancionar las ejecuciones extrajudiciales de  2003. En el documento, se anuncia que la Corte ahora entrará a una sentencia final en favor de los demandantes, de acuerdo con este fallo.

El conflicto social contra el proyecto de Sánchez de Lozada de exportar gas a través de Chile a precios bajos dejó al menos 68 fallecidos y cerca de 400 heridos por las fuerzas de seguridad y militares. Tras esos hechos, el exmandatario dimitió y huyó a Estados Unidos. 

El abogado Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, y el ahora canciller Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas de 2003, presentaron la demanda en 2007 contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. 

Patricio Quispe, uno de los dirigentes de la Asociación de Familiares de las Víctimas y Heridos de la Guerra por el Gas, celebró ayer la ratificación del fallo del juez de EEUU y dijo que corresponde el resarcimiento a  familiares de las víctimas. “El juez Cohn ha revertido esa su decisión anterior (2018), hallando responsables en ambos personajes y ¿qué tienen que hacer? El resarcimiento correspondiente”. Recordó que en la denominada “Guerra del Gas” perdió a su hermano de 43 años y en adelante tuvo que cuidar y “sacar adelante” a su sobrino de 13 años.

Teófilo Salazar recordó la pérdida de su esposa que entonces llevaba cinco meses de embarazo. “Estaba sentada en el sillón, los militares dispararon contra las casas. ¿Qué tenían que ver las casas? Y uno de esos (proyectiles llegó a) mi esposa, ha fallecido embarazada de cinco meses”.

 Becker sostuvo ayer en medios estatales que la determinación judicial es resultado del sacrificio de los familiares de las víctimas. “Las víctimas del 2003 y el pueblo boliviano han mandado no solamente un mensaje a los que matan a su gente en Bolivia, y en otros países, han mandado un mensaje muy poderoso al Gobierno de los EEUU de que no pueden proteger a los violadores de derechos humanos”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo ayer que la ratificación del fallo por Cohn “(es) un acto de justicia e importante precedente contra la impunidad el fallo del juez del Distrito Federal de Miami, James I. Cohn, que ratifica la sentencia de 10 millones de dólares en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, como reparación por la masacre de hermanos alteños en octubre de 2003”. Sostiene que “la decisión de Cohn se basa en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA) de 1992 y abre una línea de jurisprudencia para iniciar procesos civiles en ese país en contra de responsables de delitos de tortura y ejecuciones extrajudiciales perpetrados en países fuera de EEUU”.

La defensa de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín anunció ayer que apelará el fallo. “La orden de hoy (ayer) del tribunal de primera instancia no es la decisión final en este caso. No estamos de acuerdo con la orden y planeamos apelar”, señala  y añade que “confiamos en el proceso y creemos que la sentencia se anulará cuando los hechos se examinen cuidadosamente bajo el estándar legal adecuado”.
 

Algunos  hechos

  • Fallo En 2018, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron declarados culpables de las muertes extrajudiciales ocurridas en 2003. Ese mismo año, el juez Cohn dejó sin efecto el veredicto al observar falta de evidencia, pero en agosto de 2020 una Corte de Apelaciones revocó la decisión y le ordenó la readecuación del proceso. El pedido de los acusados  fue denegado por Cohn con el fallo emitido el 5 de abril de 2021.
  • Demanda   La  demanda civil fue presentada en 2007 por familiares  de las víctimas, con el apoyo de entidades de defensa de derechos humanos, como el del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard. De acuerdo con los demandantes, los fallecidos en 2003 son al menos 68 y los heridos alrededor de 400. Confían en que el caso siente un precedente a exmandatarios.

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