Abogados: Al MAS no le interesa cambiar el sistema judicial

Los juristas señalaron que las declaraciones e intenciones del ministro Iván Lima solo quedaron en el discurso político.
martes, 18 de mayo de 2021 · 23:23

Juan Pérez Munguía / Página Siete Digital 

Abogados coinciden en que al Movimiento Al Socialismo (MAS) no le conviene realizar una reforma al sistema judicial porque ya no podrían disponer de este “brazo operador” que favorecería al partido en función de gobierno. Esta evaluación surge luego de seis meses de gestión gubernamental y del fracaso de la reforma del sistema de justicia en Bolivia.

En noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que con el actual Gobierno nacional ya no habría injerencia en el Órgano Judicial y la Fiscalía. También anunció la presentación de cinco proyectos de ley para garantizar la independencia judicial.

A esto se suma la conformación de un consejo de notables para trabajar los ejes de la reforma judicial y la propuesta de realizar un referendo para garantizar el proceso. El febrero los abogados Eduardo Rodríguez Veltzé y Guillermo Álvarez renunciaron a este está comitiva y dieron a conocer que este cambio que se pretende no acompaña las necesidades del pueblo boliviano.

Al respecto, el abogado constitucionalista Carlos Börth expresó que tras seis meses no se vio ningún acción concreta para cambiar la justicia. Explicó que se notó las intenciones de grupos del MAS de mantener el actual sistema judicial como está porque ya no tiene los dos tercios en la Asamblea Legislativa y difícilmente podrán elegir a magistrados y jueces que les sean funcionales, como los actúales.

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“El Ministerio Público, desde su cabeza, responde militantemente al partido de gobierno y también la gran mayoría de los jueces. A quienes controlan y operan los intereses  partido gobierno y sus dirigentes, en el sistema de justicia, no les conviene una reforma judicial y han impedido o van a impedir que se cambie la justicia”, enfatizó.

El jurista especialista en temas constitucionales, Williams Bascopé, afirmó que no existe voluntad política del oficialismo para cambiar el sistema judicial y hacerlo independiente. Por el contrario solo les conviene mantener a sus “operadores internos”, los cuales son funcionales a los gobiernos de turno porque están en el cargo por favores políticos y no por su capacidad.

“Con este sistema judicial, el ciudadano ve que el Estado en vez de preservar su seguridad, su vida y su vivir bien, es quién le atosiga, atormenta, persigue y le da total inseguridad. Además es un ente que no le da calidad de vida en los democrático, a parte de ser corrupto el aparato estatal y el sistema judicial”, explicó.

Bascopé indicó que una reforma judicial efectiva se da por la implementación de una escuela de jueces y fiscales, lo cual toma tiempo. También elegir a representantes de la justicia por meritocracia y no por voto popular, que de paso es “paupérrimo”, como se vio en las dos elecciones judiciales.

Intención de Lima quedó en el discurso 

El ministro Iván Lima, quien en un principio dijo que como titular de la cartera de Justicia no iba a referirse a los casos llevados por la justicia, durante las elecciones subancionales hizo declaraciones sobre distintos procesos que se llevaban contra opositores, como es el caso de la inhabilitación de Manfred Reyes Villa cuando era candidato a la alcaldía de Cochabamba y otros.

A estos se suma que aseveró que se cumplió con el debido proceso en los procesos contra la expresidente Jeanine Añez y los exministros, Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. También dentro de estos casos reveló que se proceso a la exmandataria por sedición y conspiración, porque el MAS no tiene dos tercios en el Parlamento para iniciarle un juicio de responsabilidades.

Por otra parte, desde la oposición se denunció que Lima fue el “operador político” para que a los exgobernantes se les dicte detención domiciliaria. Otro factor fue la suspensión de la jueza Ximena Mendizábal, luego de que el Ministerio de Justicia anunció un proceso por no respetar el “debido proceso” y liberar a líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina.

Al respecto Carlos Börth dijo que es muy difícil saber si Lima tenía una intención real de cambiar la justicia o solo fue un discurso para distraer a la opinión pública. Sin embargo es probable que los anuncios que hizo a un principio no hubieran contado ni con el aval del Gobierno ni del partido azul.

“El ministro de Justicia se ha tenido que acomodar a los intereses políticos de su Gobierno y como cabeza del sector justicia en el Ejecutivo, es el operador. A nadie debe extrañar eso, porque cuando aceptó estar el cargo también aceptó operar de esa manera, porque sino lo hace lo cambian”, puntualizó.

Williams Bascopé indicó el titular de Justicia es un “operador” del expresidente Evo Morales y del exvicepresidente  Álvaro García porque responde a esa línea del Movimiento Al Socialismo. A su vez la Procuraduría General del Estado, dirigida por Wilfredo Chávez, es otra institución que se acciona para cumplir las órdenes del partido de gobierno 

“Lima paga una factura, a costa de violar derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, el derecho a la defensa, el juez natural. Están forzando el enjuiciamiento de varios opositores y ellos los saben muy bien. Una cosa es declarar cosas bonitas y poéticas sobre la ley en cámaras, pero subterráneamente se ha visto cuáles son los resultados”, aseguró.

No es conveniente una justicia imparcial 

Tanto Börth como Bascopé coincidieron en que al MAS no le conviene una justicia imparcial porque perdería su poder de instrumentalizar a este sistema para sus fines políticos y de esta manera ya no impondrían su voluntad.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yañez, sostuvo que a ningún gobierno sea de “color político que sea” le interesará darle independencia al Órgano Judicial porque no existe la madurez política para entender que se necesita encarar una reforma que permita dotar de seguridad jurídica a todos los bolivianos.

“Es un problema crónico de toda la clase política boliviana, y no de un determinado partido o determinando gobierno. Cuando están en la oposición discursean para que haya independencia en la justicia y cuando están de gobierno prefieren tener al sistema de justicia de su lado”, resaltó.

Yañez  dijo que actualmente no todos los jueces y fiscales son funcionales o corruptos porque existen administradores de justicia que han podido sobrevivir en el actual sistema y otros que renunciaron. Puntualizó que a lo largo de la historia, el Órgano Judicial ha tenido luces y sombras, pero esto empeoró en los últimos años.

“Nos es el mismo sistema judicial el de hace 20 o 30 años, que el actual. También ha habido alguno que otro avance, pero al final del día cuando uno ve malos ejemplos y que concentran el interés público, que muestran que no se hace justicia y hay graves problemas”, concluyó.

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