Sucre convive con el poder del Estado más desacreditado y ansía su reforma

La capital celebra 212 años de su grito libertario. Juristas y legisladores coinciden en que el sistema judicial del que es sede está en crisis profunda.
martes, 25 de mayo de 2021 · 08:03

Erika Segales / La Paz 

Sucre (Chuquisaca) celebra 212 años del primer grito libertario de América como sede de uno de los principales poderes del Estado (el Órgano Judicial) que “tocó fondo”, marcado por la presunta injerencia política y una serie de anomalías. Juristas, expertos y legisladores coinciden en la percepción de que el sistema judicial en su conjunto atraviesa una de sus crisis más profundas y expresan que se requiere una reforma para devolver al país la confianza en la justicia.

 
Sede   del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
Foto:TCP

Desde la vigencia de la Constitución Política del Estado en 2009 se reconoce al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como las máximas instancias del sistema judicial. Sin embargo, los miembros de todas estas instancias han estado en el ojo de la tormenta en diferentes escándalos o denuncias. 

“Efectivamente tenemos un grave problema en el sistema judicial en general, no solamente en la justicia ordinaria, sino en la Constitucional y Agroambiental, sobre todo en la Constitucional”, afirmó Silvia Padilla, presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca y vicepresidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia.


Hace un año,  juristas detectaron siete anomalías en el TCP. 
Foto:Archivo

Padilla, el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso y la senadora Silvia Salame resaltaron que para Sucre  es “absolutamente relevante e importante” ser sede del Poder Judicial.  “Acá se generó todo lo que es la política, las ideas de la independencia nacieron aquí. Ser sede del poder judicial da bastante movimiento a la ciudad, no solo por los empleos que genera, sino también por el hecho de la afluencia de los abogados, pero como el sistema judicial ha estado tan venido a menos en los últimos años, prácticamente nos estanca en lo que es el progreso”, dijo Salame. 

Hace casi un año, el Colegio Nacional de Abogados advirtió al menos siete anomalías en el TCP entre ellas: dificultades para el acceso efectivo a los expedientes, imposibilidad de obtener copias y/o certificaciones oportunas de los expedientes, una página web que no brinda información completa y oportuna, vulneración del derecho a la defensa y acceso a la justicia mediante omisión de notificación oportuna con sus resoluciones,  fechas de resoluciones que no corresponden a la realidad, vulneración del plazo razonable y denuncias de la existencia de supuestos  “operadores” cuestionables.


Sede  del Tribunal Supremo de Justicia.
Foto:Correo del Sur

Esta instancia volvió a estar en la mira luego de que el presidente del TCP negara la existencia de una sentencia sobre juicios en rebeldía  y por la aparición, además, un auto supremo de rechazo a la demanda de nulidad de la sentencia de reelección indefinida, con fecha de hace más de un año.

Por otra parte, el constitucionalista Marco Antonio Baldivieso  recordó que sobre el Consejo de la Magistratura también existen denuncias y que en noviembre de 2020 el ministro Iván Lima anunció juicios de responsabilidades por haber incumplido la Ley 1173 de Reforma Penal. 

“El Consejo de la Magistratura tiene a los tres consejeros con procesos y denuncias que están siendo tratadas en el Órgano Legislativo, han sido también cuestionados por su afinidad política, por incumplir sus funciones. El ministro Iván Lima quería procesarlos, pero al final no hizo nada”, dijo Baldivieso.

Otra de las instancias del Poder Judicial altamente cuestionadas es el TSJ, que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. El 26 de octubre de 2020, el juez primero de Instrucción en lo Penal, Román Castro, decidió dejar sin efecto la imputación y la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales denominado “caso audio”, que involucraba al jefe del MAS, Evo Morales, pese a los resultados del peritaje internacional que concluyó que hay una “alta probabilidad” de que la voz del registro sea de Morales.

Asimismo, en menos de un mes después de la victoria del MAS en las elecciones nacionales de octubre de 2020, una decena de exautoridades del MAS se beneficiaron con actuaciones de la justicia a su favor, entre ellos los exministros Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca, los exgobernadores Víctor Hugo Vásquez y Esteban Urquizu, entre otros.

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En opinión de Fabián Yaksic, autor del libro  Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo: Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales, la injerencia política es una de las principales causas de la crisis judicial. Señaló que ese flagelo empieza en la preselección de candidatos a estas instancias judiciales.

“Han sido preseleccionados por el MAS, no hay gente meritocrática. Se preseleccionó a militantes, a afines y a gente poco calificada y eso hay que cambiar. Definitivamente no puede pasar esto por una preselección de la clase política”, dijo.

La senadora chuquisaqueña Silvia Salame ve con preocupación al estado de situación del sistema judicial y anunció que en junio presentará un proyecto de ley para la modificación a la forma de elección de magistrados.

“En realidad no podemos decir que el sistema judicial en Bolivia hubiera gozado de buena salud, yo diría que ningún momento, pero la situación por la que está atravesando ahora es una crisis profunda”, resaltó.

Entre 2020 y este año, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y Human Rights Watch recomendaron a Bolivia una reforma al sistema judicial.  

Por su parte, Salame y Yaksic consideran que es necesaria la reforma judicial. “Hay que pensar en una reforma judicial, pero con una movilización ciudadana”, apuntó Yaksic.

Padilla indicó que basta con que los administradores de la justicia hagan valer “la independencia de poderes”. Mientras que Baldivieso expresó que basta con que la Asamblea Legislativa permita elegir a las personas más idóneos y más capaces para administrar la justicia.

 

Entre 2020 y este año emitieron informes o resoluciones
NNUU, Parlamento Europeo y HRW recomendaron reformar la justicia

 Página Siete  / La Paz 

Entre  2020 y este año, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el Parlamento Europeo y Human Rights Watch recomendaron a Bolivia una reforma al sistema judicial.  

El 24 de agosto de 2020, la  Oacnudh  publicó el informe “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”, en el que,  entre otros detalles, recomendó  reformar la justicia.

La sesión  plenaria del Parlamento Europeo en la que se aprobó la resolución sobre Bolivia.
Foto:AFP

“(La Oacnudh recomienda a las autoridades del Estado) desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso. Esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y Fiscal General; adoptar una ley sobre la carrera judicial...”, se lee el informe.

En ese documento también se recomendó  “asegurar que la detención preventiva se aplique de manera excepcional, por el menor tiempo posible, y como un último recurso”,  y “revisar la legislación penal para eliminar las definiciones ambiguas de aquellos delitos, que puedan facilitar la aplicación arbitraria y discrecional de la ley (...)”.

El 12 de septiembre de 2020, Human Rights Watch (HRW) publicó el informe “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia”. En ese documento, esa organización sobre Derechos Humanos  recomendó también reformar la justicia.

“(Se recomienda) reformar el sistema de justicia de Bolivia para garantizar su independencia, comenzando por abrir un proceso público participativo que promueva e incluya las perspectivas de todos los partidos políticos, de miembros de la sociedad civil y de organizaciones que trabajen en la reforma del sistema de justicia, así como de expertos internacionales en la materia”, se lee en el reporte.

Parlamento Europeo

El 29 de abril, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que, entre otros detalles, instó a Bolivia realizar un cambio  en el sistema judicial.

“(El Parlamento Europeo) insta a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición, con el fin de garantizar juicios justos y creíbles, la imparcialidad y la tutela judicial efectiva”, se lee en la resolución aprobada.

Ese legislativo también  pidió  que se   “modifiquen los artículos del Código Penal sobre los delitos de sedición y terrorismo, que incluyen definiciones demasiado amplias del terrorismo, lo que da lugar a posibles violaciones de los principios de legalidad y proporcionalidad”.

 

Informes  o resoluciones 

  • Oacnudh  En agosto de 2020, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) publicó el informe “La situación de los derechos humanos tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019”.
  • Planteamiento  En ese informe se plantea desarrollar una progresiva reforma estructural a la justicia, para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso; además de asegurar que la Fiscalía General  sea “plenamente imparcial”.
  • PE  En abril de este año, el Parlamento Europeo (PE), emitió una resolución en la que pide la liberación de la expresidenta Jeanine Añez, y de dos de sus exministros de están detenidos. 
  • Reforma  Ese organismo legislativo internacional  instó a Bolivia a que emprenda sin demora cambios estructurales y reformas en el sistema judicial, en particular con respecto a su composición.
  • HRW  En septiembre de 2020, Human Rights Watch (HRW) difundió el informe “La justicia como arma:  Persecución política en Bolivia”.
  • Independencia:  En el reporte,  esa organización internacional  recomienda reformar el sistema de justicia  para garantizar su independencia. 
     

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