En 2020 se advirtió que el caso gases amenazaba con ser un escándalo peor al de los ventiladores

El exministro Arturo Murillo fue detenido el miércoles en Estados Unidos, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero en una operación de compra de material no letal, en 2019.
jueves, 27 de mayo de 2021 · 10:25

Página Siete y Brújula Digital

A mediados del año pasado se advirtió que el caso gases lacrimógenos amenazaba con ser un escándalo peor al de la compra con presunto sobreprecio de los ventiladores durante el gobierno de transición.

En una nota de junio de 2020, el portal de noticias Brújula Digital informó que la compra de miles de cartuchos de gases lacrimógenos involucraba varias acciones sospechosas y documentos que es su momento el gobierno transitorio no explicó.

A continuación, la publicación del 2 de junio del año pasado, que el portal noticioso tituló: Compra de gases lacrimógenos amenaza con ser un escándalo más grave que el del “caso ventiladores”.

Hasta ahora, el Gobierno ha negado que hubiera alguna irregularidad, pero no ha dado detalles de por qué contrató a una empresa intermediadora para hacer la compra de los gases, y por qué pagó, debido a ello, más del doble que una venta anterior de esa misma empresa, por parte del gobierno venezolano.

La noticia la dio a conocer, como en otros casos, la red Gigavisión. Y pese a los documentos exhibidos en su programa "Detrás de la verdad", no se ha establecido todavía mediante una investigación si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.

El Ministerio de Gobierno rechazó cualquier hecho irregular en esta compra: “La dirección de comunicación del Ministerio de Gobierno denuncia ante los ciudadanos que el señor Junior Arias ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”, afirma un comunicado emitido el lunes por esa cartera de Estado.

Los documentos exhibidos por el programa mencionado establecen que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

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Pero al día siguiente, el 26, el Ministerio de Gobierno da marcha atrás e informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos.

Con ese intermediario ingresa en el tema el ministro de Defensa, Fernando López, quien fue el que firmó el contrato el 19 de diciembre, por el cual se pagaron entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo. El Estado pagó en total 5,6 millones de dólares.

“Detrás de la verdad” obtuvo el contrato por el que el gobierno de Venezuela había comprado los mismos agentes químicos, a la misma empresa brasileña Cóndor, a menos de la mitad de precio cada uno (entre 14,50 y 15,50 euros, entre 111 y 118 bolivianos).

Por lo tanto, si el gobierno de Bolivia hubiera comprado esos productos sin intermediario y directamente a la empresa Cóndor, como lo pensó en un principio, hubiera gastado aproximadamente 2,1 millones de dólares menos. Ese es el monto del supuesto sobreprecio.

El daño económico al Estado por la compra de los respiradores artificiales a la empresa española Innova fue de 2,3 millones de dólares, ya que ese fue el precio pagado de los 170 equipos, pero que no sirven ya que les faltan los accesorios y software.

El intermediario, la empresa IME Consulting, dijo que no entregaría esos artículos faltantes mientras no se le pague el 50% restante del contrato, es decir otros 2,3 millones de dólares. El gobierno ha decidido no pagar ese monto.

Los mismos precios los estableció el MAS

En octubre de 2019,  todavía cuando en el país era gobernado por el MAS, el Ministerio de Gobierno (dirigido entonces por Carlos Romero) envió una invitación a las empresas para que presenten sus propuestas para la adquisición de municiones “no letales”.

El Gobierno a punto de caer fijó un parámetro de precios similar al que se utilizó para adjudicar la compra posteriormente. El monto total fue calculado en 42,8 millones de bolivianos, igual al que se calculó dos meses después cuando el gobierno de Añez suscribió el contrato por un monto algo menor: 39,3 millones de bolivianos. 

De no aclararse. este caso podría ser aún más serio del escándalo de los respiradores, que remeció al oficialismo el mes pasado, ya que involucra a dos de los ministros más poderosos y cercanos a la presidenta Jeanine Añez, es decir Arturo Murillo, de Gobierno, y Fernando López, de Defensa.

Un agravante de este caso es que el padre del representante de la empresa intermediaria, Luis Berkman, tiene amistad con Sergio Méndez, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, según fotos exhibidas por “Detrás de la Verdad”. Méndez aparece también en muchas fotografías con autoridades de gobierno, incluida la presidenta Jeanine Añez.

Murillo también parece conocer a Berkman ya que lo sigue en la red social Twitter.

Otro agravante del caso es que Berkman fue acusado de tráfico de armas y cohecho, estuvo detenido en Palmasola en 2001, luego de lo cual se fue a Estados Unidos.

Comunicado del Ministerio de Gobierno

Tras negar cualquier hecho irregular en esta compra, pero sin aportar datos o poner en duda la legitimidad de los documentos exhibidos por “Detrás de la Verdad”, el Ministerio de Gobierno solicita “al señor Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el señor Arias está dañando la imagen el honor y la dignidad de varias personas”.

Es interesante hacer notar que el comunicado fue emitido por el Ministerio de Gobierno, cuando fue el ministro López el que firmó el contrato.

“La verdad del tema que el señor Arias manipula es simple. Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas y cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige”, agrega el documento.

“Sin embargo esa compra legal y normal es presentada de modo malicioso y manipulador por el señor Arias para construir una historia absurda que suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal”, añade.

El relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó el comunicado del Ministerio de Gobierno y dijo que puede ser entendido como una presión a la libertad de expresión.

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