En Bolivia hay 10 procesos contra Arturo Murillo y ninguno avanza

Sólo por las denuncias por la compra de gases lacrimógenos y por los hechos de Huayllani, en Sacaba, tiene imputación formal y orden de aprehensión el exministro.
domingo, 30 de mayo de 2021 · 05:30

 Leny Chuquimia  /  La Paz

 En Bolivia hay al menos 10 procesos penales en contra del exministro de Gobierno Arturo Murillo, pero ninguno avanza. Solo en dos -los casos gases lacrimógenos y Huayllani/Sacaba,  los más antiguos- se cuenta con la orden de aprehensión por rebeldía. Hay además 49 denuncias administrativas por contratos irregulares durante su gestión.

“Hay muchos casos que se están investigando en el país. Por eso es necesario que esta persona (Murillo) tenga que rendir cuentas ante la justicia boliviana”, dijo la diputada del MAS Bertha Acarapi.

Los 10 procesos contra el exministro aprehendido en Estados Unidos esta semana son:  gases lacrimógenos, “masacre” en Senkata, caso Huayllani-Sacaba,  extradición de Lima Lobo, allanamiento a la  UIF, volteo de droga en Horcones,   respiradores españoles; además del denominado caso “golpe” y dos denuncias por difamación. El caso  del juez Huacani  fue rechazado por la Fiscalía.
     
“Hay varios procesos, por eso es pertinente no mezclar las aguas. Cuando hablamos del caso     gases lacrimógenos o de los respiradores, tiene que haber una investigación pertinente porque son hechos de corrupción y toda persona que le cause  daño económico  la país debe ser procesada. Pero cuando se habla  del caso ‘golpe’   eso sí es una persecución política porque lo que hubo fue un fraude”, sostuvo  el diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga.  

 La defensora del Pueblo, Nadia Cruz,  afirmó que es necesario que se haga una fiscalización   del trabajo del Ministerio Público y que la exautoridad sea  traída al país. “Nos sumamos al pedido de extradición, no sólo por los actos de corrupción, sino por los delitos de lesa humanidad  cometidos contra la población boliviana”, sostuvo Cruz. 

Dos órdenes de aprehensión

De los 10 procesos, sólo dos lograron obtener la orden de aprehensión, pero en ambos, éstas se emitieron cuando la exautoridad ya había salido del país. Los casos mencionados son gases lacrimógenos y Huayllani.

   En el primero, la denuncia fue admitida por la Fiscalía el 8 de junio de 2020, pero no fue hasta el 12 de enero de 2021 que se emitió la imputación formal en contra de Murillo y el exministro de Defensa Fernando López. Para ambos  se libró una orden de aprehensión. Pese a que el hecho no sólo era investigado en la justicia, sino también en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la investigación no ha pasado de la fase preparatoria.   

En el caso Huayllani-Sacaba,  que dejó 10 muertes tras los enfrentamientos poselectorales de 2019, el proceso fue instaurado de oficio por la Fiscalía el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, la imputación formal a  Murillo  fue emitida el 25 de febrero de 2021. Al no presentarse a la audiencia cautelar, fijada para el 25 de marzo pasado, la exautoridad fue declarada en rebeldía y se emitió la segunda orden de aprehensión en su contra.  

Investigado en tres procesos

 Si bien hay imputaciones en dos, Murillo se mantiene como investigado en otros tres casos: Senkata, volteo de droga en Horcones    y el denominado por el MAS como “golpe de Estado”.

 “Pedimos la extradición de Arturo Murillo que ha sido detenido en Estados Unidos. Él no sólo debe pagar ante la justicia allá, sino que debe pagar por las muertes  en Senkata en noviembre de 2019. Las víctimas   han dejado viudas y huérfanos. La justicia boliviana  debe actuar”, indicó la representante de los familiares de las  víctimas de  Senkata, Gloria Quisbert.

El caso  fue abierto el 20 de noviembre de 2019. Sin embargo, hasta la fecha sólo cuenta con un imputado, que no es Arturo Murillo. Este último permanece en la lista de investigados dentro de un proceso que, según las mismas víctimas,  no avanza.

 Indicaron que el proceso por el  caso “golpe” tuvo más celeridad que el de la “masacre”. En este último ya se detuvo a la expresidenta  transitoria  Jeanine Añez y a dos de sus ministros, y Murillo sigue siendo sólo  uno de los investigados.

En el caso Horcones, admitido por la Fiscalía el pasado 17 de mayo, Arturo Murillo  es el principal investigado por la desaparición de 400 kilos de droga incautada y que debía ser incinerada. 

El operativo contra el narcotráfico en el que se decomisó dichos estupefacientes se realizó en diciembre de 2019, en la frontera con Chile.  Fue uno de los golpes al narcotráfico más grandes de la gestión de Murillo como   ministro de Gobierno. 

“No se incineró la totalidad de la droga incautada, 400 kilos desaparecieron. El Ministerio Público abrió  una investigación penal en contra de siete personas, entre ellas Murillo”, explicó  el fiscal de Sustancias Controladas Moisés Palma.

Dos denuncias en espera

El 7 de mayo  pasado el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz un  proceso en contra de su antecesor por   “impedir la extradición” del narcotraficante Einar Lima Lobo a Brasil.

“Hay elementos  suficientes para interponer una denuncia por  favorecer al narcotráfico en nuestro país”, dijo Del Castillo.

 Dos semanas antes, el 22 de abril, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz otra denuncia penal contra el exministro   Murillo. 

Según la directora ejecutiva de la UIF, Ana María Morales, los delitos son: allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.

Dos procesos por difamación

El 17 de diciembre de 2020, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, presentó una denuncia contra el exministro  por los  delitos de calumnia y difamación. El caso fue abierto luego de que Murillo acusara a Aguilera de realizar  una “persecución” en su contra. 

El abogado del caso, Wilson Echave, explicó que no pueden notificar al acusado por  razones de conocimiento público. El proceso   se encuentra en el Juzgado Quinto de Sentencia Penal .

Asimismo, el 31 de marzo pasado, la exautoridad fue declarada en rebeldía dentro  del proceso penal por difamación, en el caso bebé Samanta.  La denuncia fue presentada la gestión 2020 por la mujer que fue identificada pública y equivocadamente  por Arturo Murillo como la raptora de la pequeña niña.


Del Castillo  presentó la documentación de los 30 contratos.
Foto: APG

Caso respiradores y el juez

La viceministra de Transparencia, Susana Ríos, consideró que es necesario ampliar las investigaciones del caso respiradores españoles con sobreprecio al exministro de Gobierno.

El nombre de la autoridad fue mencionado en las declaraciones de varios implicados en la compra irregular, incluido el acusado principal: el exministro de Salud Marcelo Navajas.

Pero no sólo se trata del proceso de adquisición. El 30 de octubre se presentó una segunda denuncia en  contra de Murillo pero fue rechazada. La acusación era por la presunta aprehensión ilegal del juez del caso respiradores Hugo Huacani.

La denuncia se dio luego que en mayo de 2020, Huacani fuera  aprehendido antes de que se lleve adelante una audiencia cautelar del caso respiradores. El argumento para la detención fue el haber favorecido a una allegada de Juan Ramón Quintana.

 

Denuncias y procesos  contra   el exministro de Gobierno

  • Gases lacrimógenos Hay una imputación formal y una orden de aprehensión.
  • Senkata  Aún está en calidad de investigado.
  • Huayllani  Tiene una imputación formal y una orden de aprehensión por rebeldía.
  • “Golpe de Estado” La exautoridad es parte de los investigados en el proceso que aún está en curso.
  • Lima Lobo El Ministerio de Gobierno presentó la denuncia en la Fiscalía de Santa Cruz, por evitar la extradición del acusado de narcotráfico.
  • Allanamiento UIF La Unidad de Investigaciones Financieras presentó una denuncia por allanamiento.
  • Horcones  La Fiscalía admitió la denuncia por la desaparición de   400 kilos de droga que debía ser incinerada.
  • Difamación Hay dos denuncias, una presentada por el comandante  de la Policía y otro por el caso bebé Samanta.
  • Respiradores españoles Se pidió sea investigado en este caso.
  • Huacani Se presentó una denuncia por la detención  del juez del  caso respiradores, pero ésta fue rechazada.

 Un año sin avances, hasta la investigación de EEUU

“El proceso penal del caso gases lacrimógenos se encuentra en  fase final de la etapa preparatoria, después de que se emitió  la imputación formal el 12 de enero de 2021. El Ministerio Público ha iniciado el procedimiento de extradición para que la solicitud sea atendida”, señaló el fiscal general, Juan Lanchipa. 


Allanamiento  al domicilio de Murillo en Cochabamba.
Foto: APG

El caso gases lacrimógenos data de junio de 2020. Desde entonces se hicieron muy pocos avances en la investigación. La imputación formal contra Arturo Murillo        no  fue emitida  hasta  siete meses después, pese a que la denuncia fue pública y era investigada por una comisión  mixta de la ALP, donde el MAS tenia los dos tercios.

Los principales avances se dieron en los últimos días, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó mediante su página web que el exministro de Gobierno  fue arrestado en Florida por los cargos de soborno y lavado de dinero, dos delitos no tipificados en el país. 

Esta unidad realizó una investigación de los mensajes de WhatsApp, las  llamadas telefónicas y las cuentas bancarias de la exautoridad y otros  involucrados. Apenas se conoció de la investigación estadounidense, los datos fueron usados por las autoridades bolivianas  para activar las investigaciones. Se realizaron varios allanamientos, además de la detención del excuñado y el exedecán de Murillo.   

“Corresponde a la ALP hacer un proceso de fiscalización de la Fiscalía General del Estado. Desde junio de 2020 -cuando se anunció el inicio de las investigaciones- se esperó a que este señor huya del país y recién se presentó la imputación. Se debe preguntar si el fiscal general actuó con miedo al gobierno transitorio o incumplió su deber de investigación y actúo en complicidad”, manifestó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

El comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, afirmó que hubo una obstaculización del proceso en el anterior periodo de gobierno. Dijo que la persona encargada de la investigación presentó un informe que establece los pormenores. 

  “Cuando se encargaban requerimientos fiscales a los ministerios de Defensa y de Gobierno,  éstos eran rechazados, igual que   la alerta migratoria que  nos fue  negada para permitir la fuga”, explicó.

La diputada del MAS Bertha Acarapi señaló que no se puede decir que hubo  negligencia, porque “la justicia boliviana está trabajando en este tema”. Tomó como ejemplo la   Guerra del Gas  de 2003. Cabe recordar que este  fallo judicial  tardó años y no fue conseguido en Bolivia, sino en EEUU.

49 procesos por    contrataciones irregulares

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que se activaron 49 procesos administrativos  por  30 contrataciones irregulares. Los casos, que suman un daño económico de más de 156 millones de bolivianos, fueron detectados en   una treintena de auditorías que se realizó a la gestión del exministro  Arturo Murillo. Hay 52 personas involucradas en estos hechos.

“Estamos iniciando 49 procesos administrativos, donde existen 52 personas involucradas, contratadas por el señor Arturo Murillo. Con esto hemos desbaratado la red de corrupción que existía el interior del ministerio. También estamos iniciando cuatro procesos penales contra siete personas por la suma de más de 73.205.214 bolivianos”, explicó Del Castillo.

Según la autoridad, las auditorías evidenciaron que no se cumplió con los procesos establecidos para las contrataciones estatales, que se direccionó las adjudicaciones a determinadas empresas y se mal usó los recursos que podían ser usados en la emergencia sanitaria que vive el país.

 El costo de los contratos observados suman un total de 156,7 millones de bolivianos. Los objetos de la compra  son desde talco para pies, indumentaria para determinadas unidades, hasta mantenimiento de vehículos y helicópteros, entre muchos otros.

  “Por ejemplo, en uno de los contratos para ropa táctica para la unidad Diablos Negros se descalifica a la mejor proponente sin dar explicaciones del porqué se usa otro proveedor”, explicó Del Castillo.

   Otro de los casos que llamó la atención es el de equipamiento para esa misma unidad. La compra no fue registrada en el PAC (Programa Anual de Contrataciones), requisito para toda compra estatal. El pago fue hecho con recursos de otros ítems, lo que  implicaría una malversación de fondos. “En este caso, además, hubo un incumplimiento de contrato”.

 Durante el pico de la  primera ola de contagios de  Covid-19, desde el Ministerio de Gobierno se destinó   449 mil bolivianos para la compra de talco para pies. Este proceso de adquisición no cuenta con los respaldos de las empresas proponentes. Solo una -la que fue adjudicada- tiene una cotización real.

 

 

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