Corrupción: ciertos casos podrán estar en reserva y eludir vía penal

Se plantea prescindir la acción penal cuando la víctima y el acusado en un caso de corrupción decidan someterse a un programa de justicia restaurativa.
martes, 29 de junio de 2021 · 05:04

Erika Segales  / La Paz

El proyecto de ley de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción  encendió las alarmas de opositores y expertos,  que ven con preocupación la   incorporación del principio de “confidencialidad”  en los casos de corrupción derivados a los denominados programas de justicia restaurativa. En éstos,   si las partes llegan a un “acuerdo”, tras quedar “materializada la reparación del daño”,   podrán  solicitar al juez la extinción de la acción penal. 

 El proyecto, que fue presentado por el Ejecutivo,  fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado  24 de junio. El Movimiento Al Socialismo (MAS)   destaca la iniciativa legislativa, la califica como  un avance y pide no tergiversar su  objetivo. 

  “En los delitos de corrupción o vinculados, que no causen grave daño económico al Estado, los fiscales podrán disponer del ejercicio de la acción penal pública, a través de la Derivación a programas de justicia restaurativa”, se lee en la disposición que busca introducir el proyecto de ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.  En ese marco  se define como “Grave daño económico” a “la afectación económica ocasionada al Estado, cuyo detrimento sea igual o superior a siete millones de bolivianos”.

En el proyecto se indica que el fiscal podrá prescindir del ejercicio de la acción penal pública, cuando la víctima y la persona imputada se hayan sometido voluntariamente y de común acuerdo a un programa de justicia restaurativa. 

Las partes podrán solicitar la derivación a ese programa en cualquier etapa del proceso, incluida la fase de ejecución penal. El procedimiento, se lee en el documento, se regirá, entre otros principios, por el de “confidencialidad”.

“El procedimiento será llevado a cabo por un equipo profesional multidisciplinario coordinado y facilitado por un mediador cuya idoneidad esté debidamente acreditada. El procedimiento se regirá por los principios de imparcialidad, desformalización, celeridad y confidencialidad. Los encuentros tendrán carácter reservado, debiendo todos los participantes guardar estricto secreto de todo aquello que se tome conocimiento” se lee en el proyecto de ley.

Se plantea también que los programas de justicia restaurativa estarán a cargo de instancias especializadas propias del Ministerio de Justicia, del Órgano Judicial y del Ministerio Público.

 El proyecto de ley señala que producido el acuerdo y materializada la reparación del daño, como resultado del procedimiento restaurativo, los acusadores o la víctima solicitarán al juez del caso que se declare la extinción de la acción penal, la suspensión del proceso o de la sanción, la libertad condicional, o la conmutación  de la sanción privativa de libertad, según corresponda.

Al respecto,  el abogado Marcelo Gonzales Yaksic, especialista en derecho tributario,    subraya que este principio de confidencialidad atenta contra el principio de publicidad que se consagra en los artículos 178 parágrafo I, 180 parágrafo I y 232 de la Constitución Política del Estado. “Se puede poner fin a un proceso penal por corrupción entre cuatro paredes, porque el proyecto de ley permite la confidencialidad y el secreto, que en materia de corrupción es amplio interés público”, expresa.

Advierte que la falta de publicidad evitará que los medios de comunicación  tengan acceso a casos de corrupción, que pueden ser tratados en “absoluto secreto”. “Estos detalles precisamente se convierten en una garantía para que un proceso por delitos de corrupción puede terminar siendo ‘cerrado corruptamente’. Aquí es cuando entran en juego las negociaciones personales para disminuir la pena, la conmutación por otra más leve, incluso reducir la magnitud de la reparación del daño”, señala.

Por su parte el constitucionalista Henry Pinto apunta que si bien la justicia restaurativa que se propone puede permitir al Estado recuperar el daño económico causado, en muchos delitos de corrupción puede ser una vía de escape en casos sensibles.

“Eventualmente va a permitir que el Estado pueda recuperar el daño económico causado en muchos delitos de corrupción (...). El lado negativo es que quizás eso se puede convertir en la vía de escape de muchos casos sensibles que van a reparar el daño económico y se van a liberar de la pena”, indicó.

  Por su parte,  el diputado Carlos Alarcón, jefe de bancada de CC, alertó que se podría “abrir las puertas a una doble corrupción” para determinar el daño económico y que se aplique la figura de la justicia restaurativa. Asimismo, observó que la aplicación de la misma al inicio del caso permitiría que todo el proceso se maneje de manera “discrecional” . 

 

“Cuando eso va a ser de entrada (el acogimiento a la justicia restaurativa) sin siquiera tramitar el proceso penal queda abierto a la total discrecionalidad. Entonces,  el equipo interdisciplinario puede decir al inicio que el daño asciende a un millón y resulta que después el daño era de 100 millones. ¿Qué hacemos ahí cuando ya se aplicó la justicia restaurativa y se dejó de lado el proceso penal? ¿Quién va a determinar al inicio del proceso con certeza   de cuánto es el daño? porque por lo general el daño se ve después del proceso penal”, manifestó.

 
 Por su parte,  Andrés Flores, diputado del MAS,   presidente de la Comisión de Justicia Plural, señaló que la justicia restaurativa es un avance en materia judicial y pide no tergiversar el objetivo de la norma que busca juzgar la corrupción en todos los niveles gubernamentales.

“La justicia restaurativa es un avance. Se puede interpretar de diferentes maneras, pero nosotros como parlamentarios hemos aprobado este proyecto de ley para que se juzgue todo, para luchar contra la corrupción de autoridades del Gobierno central, departamentales, municipales, todos. Hay quienes siempre tergiversan la información, se trata de algunos diputados de la oposición”, dijo.

Este medio también intentó comunicarse con diputados de Creemos para conocer su postura , pero no se tuvo éxito.

 

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