Rige reglamento: paro de servicios de salud será sancionado o denunciado a la Fiscalía

Conozca las tres principales objeciones del Consejo Médico de Bolivia al decreto que reglamenta la Ley de Emergencia Sanitaria.
lunes, 19 de julio de 2021 · 19:52

Página Siete Digital 

El Decreto Supremo 4542, que reglamenta a la Ley de Emergencia Sanitaria, establece que personal de salud que pare los servicios sanitarios mientras dure la emergencia por la pandemia de la Covid, será sancionado de oficio por las entidades territoriales autónomas (ETA). Además, dependiendo de la gravedad, remitirá la denuncia a la Fiscalía para que inicie procesos penales.

En una reunión de emergencia, el Consejo Médico de Bolivia denunció la reglamentación por atentatoria a sus derechos y llamó la atención sobre las competencias que el nivel central de Gobierno, a través del Ministerio de Salud, usurpa a los gobiernos subnacionales.

El artículo 17 del decreto reglamentario, publicado el 14 de julio,  establece que: "Durante la Emergencia Sanitaria, queda prohibida la suspensión y/o interrupción de los servicios de salud, de ser así, de oficio o por denuncia ante las
Entidades Territoriales Autónomas (ETA), en el marco de sus competencias, ejercerán medidas sancionatorias o administrativas, de corresponder, pondrán en conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento penal".

"Este decreto es totalmente atentatorio, ya que vulnera muchos derechos de los profesionales en salud, al punto que podríamos ser sometidos a proceso penal simplemente por tomar medidas de presión por defender nuestros derechos", dijo el secretario general del Colegio Médico de Bolivia, Freddy Fernández.

Por su parte la senadora de Creemos, Centa Rek, calificó de “dictatorial” el reglamento y la Ley de Emergencia Sanitaria. Añadió que son los salubristas quienes realizan manifestaciones para reclamar al Ejecutivo mejorar el sistema de salud, lo cual ya no será posible.

“Si no son ellos quienes protestan por la precariedad del sistema de salud en el que nos encontramos, ¿quién puede hacerlo? Pretender encarcelarlos o amenazar con encarcelarlos con  un Decreto es persecución propia de cualquier dictadura, más aun cuando el Órgano Judicial y Ministerio Público están absolutamente copados por el MAS; no nos olvidemos que los fiscales de turno son los paramilitares de este gobierno”, enfatizó.

Pero esta no es la única observación. En el artículo 13, sobre el ejercicio de las competencias, se dice que: "El Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias establecerá los alcances de la avocación de competencias mediante normativa expresa, cuando: a) Se detecte que alguna ETA haya sido rebasada en su capacidad de respuesta, instruirá al Ministerio de Salud y Deportes la avocación de competencias; b) Las ETA informen al Consejo Nacional Estratégico para las Emergencias Sanitarias que han sido rebasadas sus capacidades de respuesta".

La avocación es la posibilidad de que un órgano reclame y atraiga para sí la resolución de un asunto cuya resolución correspondía, de forma ordinaria o por delegación, a un órgano dependiente.

"Este decreto reglamenta muchos aspectos rompiendo Ley de Autonomías, les quita competencias, crea un suprapoder, a la cabeza del Ministerio de Salud, al extremo de quitar competencias a los Sedes bajo el término de avocación", explicó Fernandez.

En lo que toca a la población en general, sostuvo que "este suprapoder puede suspender servicios básicos: agua, luz, electricidad e internet. Esto significa quitar derechos a población en general, todo bajo el manto de reglamentar la ley de emergencia sanitaria, esa es la denuncia",

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Y, en efecto, el artículo 18 del decreto reglamentario establece que: "Las Autoridades de Control y Fiscalización y el Ministerio de Salud y Deportes, en el marco de sus competencias, son responsables de efectuar controles y verificaciones para que los establecimientos, empresas o cooperativas de servicios públicos agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, telefonía móvil, fija e internet; y los servicios de salud, no suspendan estos servicios, excepto cuando lo determine el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias",

En febrero, el Gobierno promulgó la Ley de Emergencia Sanitaria. La pasada semana fue reglamentada la ley, sin la participación de los profesionales y trabajadores en salud, pese a que en una primera instancia legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) y autoridades del ejecutivo señalaron que iban a participar en la elaboración del documento.

Los profesionales en salud se declararon en estado de emergencia por la vigencia de la norma. Esto porque debido a que atenta contra el “derecho constitucional” de la protesta, que tiene los diferentes sectores de la población.

 

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