Perito contratado por la FGE fue asesor de Zapatero e informe de Salamanca era «confidencial»

El medio español Ok Diario informó que Juan Manuel Corchado fue coordinador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva de su país.
miércoles, 11 de agosto de 2021 · 13:30

Página Siete Digital

El profesor de la Universidad de Salamanca y encargado del trabajo solicitado por el Ministerio Público para peritar el supuesto fraude electoral, Juan Manuel Corchado, trabajó como exasesor del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el trabajo que elaboró a pedido del Ministerio Público debía ser "confidencial".

Durante el 2010, Corchado fue coordinador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación del país ibérico, reportó con documentación el medio español OK Diario.

De acuerdo con la documentación presentada por ese medio, Corchado fue “Adjunto a la Coordinación del área de Transferencia de Tecnología de la Subdirección de la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva” al interior del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, hasta el 31 de julio de 2010.

Corchado logró además obtener financiamiento gubernamental para al menos tres proyectos del Ministerio de Industria, según OK Diario.

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El primero de ellos, en 2007 fue destinado para la realización de un proyecto llamado “Aliado”, que tuvo un costo de 456.000 euros. Otro proyecto llamado “Open distributed architecture based on agent technology for heavy processing”, ejecutado en 2008, tuvo un costo de 491.000 euros. Por último, también en 2008, el proyecto denominado “Enne Community Platform” (EPC) tuvo un costo de 789.000 euros.

Asimismo, otra documentación señala que el trabajo elaborado por la casa de estudios superiores española, titulado “Pericia de las elecciones generales del Estado Plurinacional de Bolivia de 2019”, tenía carácter “confidencial” y no debía difundirse “sin permiso expreso”.

“Este documento es confidencial y la información que contiene no puede ser copiada, modificada ni distribuida sin permiso expreso”, precisa el documento de la pericia; que clasifica el contenido como “confidencial”.

El trabajo de investigación realizado entre mayo y julio de este año tuvo un costo que superó los 213.000 bolivianos.

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