Contraloría desconoce la auditoría de la OEA con 3 aspectos de forma y las actas

La PGE presentó ayer un informe de la Contraloría, en el que se observa la fecha anticipada de entrega del informe preliminar, el énfasis que se puso en el TREP y que no se aclaró la normativa del proceso.
domingo, 29 de agosto de 2021 · 05:19

Página Siete  / La Paz

La Contraloría General del Estado emitió un informe a la Procuraduría mediante el cual desconoce la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral de 2019 sobre la base de tres aspectos de forma y a que la revisión no se haya realizado a las 35.000 actas de los comicios.

“La OEA primero no ha hecho auditoría, segundo, no ha utilizado ningún parámetro de auditoría nacional. No ha hecho auditoría al cómputo, que era el objeto central que había comprometido la OEA. En la segunda conclusión del informe dijo que se basó en el TREP en desmedro de las actas electorales que se convierten en el documento de votos”, declaró ayer el procurador Wilfredo Chávez.

Los aspectos de forma observados por la Contraloría consisten en la fecha y modo en que se dio a conocer el informe; que la auditoría se haya concentrado en el análisis del TREP y que la OEA no haya precisado las normativas de auditoría electoral usadas. Asimismo, observó que no se haya realizado una verificación al total de las actas.

La autoridad indicó que el informe de la Contraloría sobre la auditoría de la OEA fue entregado el 28 de julio y que fue realizado a requerimiento de la Procuraduría General del Estado.

Este informe se da a conocer después de un año y 10 meses de los comicios del 20 de octubre de 2019, y de la suscripción del acuerdo establecido entre el Gobierno y la OEA para llevar a cabo la auditoría a los comicios.

Una misión de la OEA  observó el proceso electoral de 2019.
Foto: Archivo / Página Siete

Observaciones de forma

El procurador indicó que el estudio de la OEA no señala las normas técnicas nacionales ni internacionales aplicadas en el trabajo de la organización.

“No se advierte en el indicado documento (de la OEA) el empleo aunque referencial de las normas especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia y tampoco las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores 400 ISSAI”, indicó.

El 22 de octubre de 2019, la OEA aceptó realizar la auditoría a petición del gobierno de Evo Morales. El acuerdo fue firmado a nombre de Bolivia por el entonces canciller Diego Pary y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, 10 días después del proceso electoral. En el acuerdo se establecieron 16 artículos.

Otro aspecto observado por la Contraloría fue el incumplimiento de la fecha y forma de entrega del informe preliminar.

“El tiempo debido era miércoles 13 de noviembre del año 2019 y ellos se han anticipado al 10 de noviembre en la madrugada. Además, incumplen porque debían entregar primero al Gobierno y no haberlo publicado. Lo han hecho por una labor política golpista”, señaló Chávez.

En un comunicado publicado el 10 de noviembre, la Secretaría General de la OEA informó: “Ante las tensiones que se viven en el país, se ha solicitado al equipo de auditoría los máximos esfuerzos para adelantar los resultados del informe en proceso de elaboración respecto a las elecciones”.

El procurador dijo que el informe de la Contraloría también observa que el análisis de la OEA se haya basado en el TREP.

“La Secretaría General de la OEA priorizó y basó su evaluación principalmente en el TREP, en desmedro de las actas electorales que se constituyen en el único documento oficial de escrutinio y cómputo de votos”, manifestó el funcionario.

Chávez agregó que si bien se estableció servidores clandestinos en la arquitectura del  sistema TREP, este es un sistema que no tiene relación con el cómputo, aunque la auditoría de la OEA señaló todo lo contrario.

“Se comprobó la transferencia de imágenes desde el servidor primario BO2 del TREP hacia el servidor de aplicaciones y publicador que alimentaba el Cómputo Oficial. Es decir, imágenes del TREP que corresponden a fotografías de actas fueron ingresadas directamente desde el TREP al Cómputo Oficial”, dice el informe  de la auditoría de la OEA.

Por último, la Contraloría apuntó que la OEA no cumplió al no revisar el conjunto de las más de 30.000 actas. “Se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido”, señaló el procurador.

Los auditores de la OEA tomaron una muestra de 4.692 actas, que sirvieron para detectar irregularidades en 226 de ellas. En su informe dice que el número de actas quemadas era “incierto”.

Pese a ello el procurador desafió a que se haga una revisión de cada una de  las actas de los comicios anulados en 2019.

El oficialismo respaldó el informe de la Contraloría que desconoce el informe de la OEA sobre las elecciones de 2019.

“Hoy se oficializa lo que hemos denunciado, que el trabajo que presentó la OEA no correspondía a una auditoría, la auditoría implica un conjunto de actividades, un equipo técnico, la presencia de un equipo multidisciplinario de los diferentes municipios, órganos electorales departamentales. Denunciamos que ese informe de la supuesta auditoría de la OEA no era más que un panfleto”, indicó el diputado del MAS Héctor Arce. 

El diputado de CC Alejandro Reyes manifestó las irregularidades detectadas por la OEA son numerosas y el informe goza de respaldo internacional.

“Las evidencias son claras y son una quincena (...). El informe de la OEA es completo y goza del respaldo internacional”, declaró el legislador opositor.

  Trabajo de la OEA
  • Equipo auditor  La auditoría de la OEA a los comicios de octubre de 2019 contó con el trabajo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades.
  • Alcance   El informe final de la auditoría dice que se definió el alcance en torno a cuatro componentes: infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos, autenticidad y confiabilidad de las actas, plan de custodia integral del material electoral y flujo de la carga de datos de los resultados electorales.

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