Al menos 8 sectores se oponen al proyecto de antilegitimación

Están en contra las bancadas opositoras, cívicos, plataformas, gremiales, el gremio de la prensa, evangélicos, comerciantes informales de El Alto y exportadores.
martes, 28 de septiembre de 2021 · 05:19

Yolanda Mamani C.  / La Paz

Al menos   ocho  sectores  se oponen a  la aprobación del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas. Hay organizaciones que  exigen que se suspenda su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no ocurre aquello, advierten con  movilizaciones.

Al rechazo  de las bancadas de  oposición, cívicos, plataformas ciudadanas, gremio de la prensa, dirigencia nacional de los gremiales, en los últimos días se sumaron las iglesias evangélicas, comerciantes informales de la ciudad de El Alto y la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb). Esta última organización pidió que se efectúe  un control de constitucionalidad al proyecto.

El dirigente de la Confederación Sindical  de Trabajadores Gremiales de Bolivia,  Francisco Figueroa, dijo ayer que en la reunión del comité ejecutivo de su sector se sumaron al rechazo, además,  la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) y el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública.

“Hemos tenido la visita de Cofecay, Adepcoca, los médicos y otros sectores, y nos hemos puesto de acuerdo para hacer una movilización unitaria con cierre de fronteras, bloqueos de caminos y marchas en todas las ciudades en contra del proyecto de Ley 218”, expresó  Figueroa. Se prevé que las movilizaciones comiencen el 5 de octubre.

Observaciones

Entre los artículos observados  del proyecto está el 11,  que señala  que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”,  cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pida información  “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”.

También objetan el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, porque involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de Fe Pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.

El artículo 31 del proyecto  de ley establece que  en casos de pesquisas de  legitimación de ganancias ilícitas,  el Ministerio Público, con el  apoyo de los investigadores policiales,  podrá, entre otras acciones:  acceder a “toda” documentación e información física o informática,  realizar búsquedas de  personas, allanar lugares específicos,  identificar a personas que  controlan cuentas, rastrear bienes  sin previo aviso al titular, y  “todo acto necesario para la obtención  de medios probatorios”.

Rechazo

El secretario ejecutivo de la  Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto, Antonio Siñani Medina, aseguró  que temen que si se aprueba el proyecto de ley, su sector sea el más perjudicado. “A los gremiales nos van a molestar por la facturación. Somos comerciantes minoristas, no facturamos y en la ley (proyecto) dice eso”, sostuvo.

El denominado Consejo de Trabajadores Gremiales de El Alto también rechazó el proyecto de ley. “No queremos esa Ley 218,  porque nos perjudica a los gremiales minoristas y mayoristas (…). Queremos decirle al Gobierno que de a  buenas vamos a llegar a soluciones,  pero de a malas vamos a actuar y vamos a tomar decisiones:  bloqueos en toda Bolivia”, dijo una dirigente.

El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas en Bolivia, Luis Aruquipa, señaló que con este proyecto de ley el Gobierno, supuestamente,  pretende quitar la libertad de culto, lo que viola la Constitución Política del Estado.

“En su artículo 18 dice que tienen el deber de emitir información a solo requerimiento de la ley las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias,  y aquí nos ponen tanto a pastores,  curas y sacerdotes. Entonces sancionan el derecho al culto (...).  Están vulnerando la Constitución porque este proyecto de ley dice que puede investigar de forma retroactiva hasta 10 años”, manifestó.

El representante informó que después de una reunión las iglesias evangélicas se declararon   en emergencia. “Apoyamos a los gremiales, a los médicos, a los transportistas y a todos los sectores sociales que rechazan este proyecto de ley. Los únicos exentos son los cocaleros del Chapare”, observó Aruquipa.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Marcelo Olguín, días atrás planteó que el proyecto sea sometido a un control de constitucionalidad antes de ser sancionado   por el Senado y promulgado por el Ejecutivo.

“Entendemos  que hay preocupación por algunos aspectos que podrían vulnerar algunos derechos.  (Entonces) va a requerir el control de constitucionalidad este proyecto de norma. Estaríamos expectantes a la respuesta de ese control de constitucionalidad para ver si continúa hacia su promulgación o no”, señaló el gerente a ANF.

Oficialismo

El senador Félix Ajpi dijo que en el MAS no están “cerrados a cualquier observación”. Aseguró que el proyecto  garantiza el respeto a la propiedad privada siempre y cuando esté en el marco de lo legal. Subrayó que Bolivia “no puede ser un paraíso de ganancias ilícitas”.

“Los hermanos gremiales no tienen por qué asustarse. Aquel que vive honestamente no va a ser afectado (...).  Los que sí tienen que estar de miedo son las personas que están amasando fortunas producto de negocios ilegales”, manifestó  Ajpi a Página Siete.

El legislador informó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución para su análisis, y que si no se presentan observaciones documentadas, la próxima semana podría ser   tratado en el pleno del Senado.

El diputado del MAS Juanito Angulo expresó  que el rechazo al proyecto de ley se debe a la “desinformación” de algunos sectores,  que es promovida por la oposición. El asambleísta aseguró  que se descontextualiza y genera duda en la población. Sin embargo, dijo que el oficialismo está abierto a explicar la propuesta.

“No afecta a ninguna persona gremial, transportista, artesano y mucho menos a la Iglesia. Si hay alguna duda, estamos dispuestos a explicar, a hacer entender, si es posible revisar, ver artículo por artículo”, dijo Angulo. 

 

“Será una movilización con cierre de fronteras, bloqueos y marchas en todas las ciudades en contra del proyecto de Ley 218”.

Francisco Figueroa, gremiales

 

“Apoyamos a todos los sectores sociales que rechazan este proyecto. Los únicos exentos son los cocaleros del Chapare”.

Luis Aruquipa, evangélicos

 

“Los que sí tienen que estar de miedo son las personas que están amasando fortunas producto de negocios ilegales”.

Félix Ajpi, senador del MAS

 

 

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