Federaciones de Evo reciben $us 1,6 MM; piden investigar

Desde el Movimiento Al Socialismo, expresaron que la compensación se realizó conforme a la norma vigente, pero agregaron que no se cierran a las pesquisas.
sábado, 8 de enero de 2022 · 05:19

Pablo Peralta M. / La Paz

YPFB Transporte reconoció ayer que compensa con 1,6 millones de dólares a la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, por la construcción del Gasoducto Carrasco Cochabamba. La firma indicó que realiza la compensación a esa organización -cuyo presidente es Evo Morales- porque representa a las comunidades campesinas.

Legisladores y políticos críticos al Ejecutivo cuestionaron la acción y anunciaron peticiones de informe, además de pedir una investigación. Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), expresaron que se procedió conforme a la norma, pero agregaron que se abren a las pesquisas.

“En cumplimiento al artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos (Ley 3058), YPFB Transporte S.A. compensa por impactos socio-ambientales, derivados de la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (2008), a la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, en representación de las comunidades campesinas”, se lee en el pronunciamiento que emitió esa empresa.

El tema salió a la luz luego de que se divulgara un video en el que se escucha decir a Morales, presidente de Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, que la firma compensará con recursos a esa organización. El exmandatario se refirió al respecto en el ampliado del 30 de diciembre de 2021, que llevó adelante ese sector.  

Según YPFB Transporte, en 2008 se empezó la construcción del gasoducto.  En ese marco se realizó la consulta a las comunidades campesinas que se encuentran sobrepuestas en el área de influencia del proyecto. En ese año también se suscribió el acuerdo de compensación.

El gasoducto tiene una extensión de 251 kilómetros y -señala YPFB Transporte- en un 90% está sobrepuesto a comunidades campesinas pertenecientes a la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico.

YPFB Transporte indicó que los 1,6 millones de dólares que se estableció como compensación deben ser invertidos en proyectos de estaciones de servicio de provisión de gas natural, gasolina y diésel. De ese monto, ya se transfirió el 50% en diciembre de 2021 y el resto será depositado cuando se demuestre “el avance físico y financiero”.

Al respecto, Elizabeth Reyes, presidenta de Unidad Nacional, declaró a Página Siete que la compensación a la organización cocalera es un antecedente negativo.

“Es un precedente nefasto para el espíritu de la Constitución Política del Estado y de las normas vigentes que tienen como intención compensar a los pueblos indígena originarios y no así a sectores, a sindicatos o a grupos de dirigentes”, aseguró.

Reyes agregó que se requiere que el Ejecutivo, y no Morales, informe al respecto.  “Creemos que las instancias pertinentes deben ser las que informen al país y en base a eso se tendrá que ver y hacer una investigación seria”, manifestó. 

Henry Montero, senador de Creemos, aseguró a este medio  que las declaraciones de Morales destaparon un acto de supuesta corrupción e informó que su bancada elevó una petición de informe.

“Ya se ve que existiría un acto de corrupción al respecto, distorsionando lo que sería esta compensación. Como bancada de Creemos, estamos ya presentando una petición de informe escrito para que se pueda dar respuesta a toda las cuestionantes que tenemos y que tiene la población”, aseguró.   

El diputado Alberto Astorga, de CC, indicó que su bancada también formulará peticiones. No obstante, no cree que las autoridades investiguen porque Morales es el jefe del MAS. Por ello, sostuvo que esa fuerza tomará la posta en las pesquisas. 

“Si es necesario viajar al Chapare para conocer esos predios, sin duda lo vamos a hacer”,  dijo.

El diputado Gualberto Arispe, jefe de bancada del MAS, declaró a este rotativo que la compensación procedió conforme a  la normativa. No obstante, manifestó que ese partido se abre a cualquier investigación. 

“Entiendo que dentro de las normativas que corresponde eso es lo que se ha transferido en todo caso, pero la oposición,  la sociedad civil están en todo su derecho para hacer las investigaciones correspondientes”, expresó.

 

2008
es el año 
en que  empezó la construcción
del Gasoducto Carrasco Cochabamba.

 

Dentro de las normativas que corresponde, eso es lo que se ha transferido, pero la oposición y la sociedad civil están en su derecho de investigar”.

Gualberto Arispe, diputado y jefe de bancada del MAS

 

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