El Gobierno ve un escenario “nefasto” si se cumplen las determinaciones del cabildo
Arce llama golpistas y grupo minoritario a cruceños; analistas elogian el cabildo
Mientras el Presidente desahucia el diálogo con Santa Cruz, región que según él “opta por paralizar la economía”, expertos ven que el constante rechazo a sus demandas fortalece a la región más poblada del país.
Un día después del masivo cabildo de Santa Cruz que demanda al Gobierno la realización del censo en 2023 y dio un plazo de 21 días, el presidente Luis Arce respondió a los cruceños y reeditó su discurso llamándolos “golpistas”. Aseguró que se trata de un “grupo minoritario” y que “el pueblo” no permitirá que desestabilicen su gobierno.
En tanto, tres analistas políticos ven que en el cabildo, Santa Cruz, a pesar de la fractura política con el alcalde Jhonny Fernández (UCS) que se acercó a Arce, se fortaleció y mostró su musculatura como la región más poblada del país.
Luis Arce en Sacaba
“Hay grupos minoritarios que nunca ganaron en las elecciones, son grupos minoritarios que no son relevantes políticamente y que quieren desestabilizar al Gobierno nacional (...) hoy quieren reeditar, los golpistas, ese su escenario de 2019, pero el pueblo boliviano no lo va a permitir”, aseguró el jefe de Estado en Sacaba, Cochabamba.
Arce puso “la piedra fundamental” en esa localidad para la “construcción de la Planta Procesadora de Hoja de Coca – Kokabol”, factoría que -según el mandatario - producirá desde pasta dental hasta anestesia en base a los 14 alcaloides que tiene la coca.
En ese escenario, el jefe de Estado no pudo evitar referirse al cabildo masivo de Santa Cruz, territorio que, según su perspectiva “opta por paralizar la economía, por poner en riesgo todo lo que hemos hecho, por un simple objetivo político de desestabilizar el Gobierno nacional”.
Analistas
Sobre el cabildo, el analista político Paúl Coca destaca la fortaleza cruceña en el cabildo. “El Gobierno sale mal parado, políticamente golpeado. Está en aprietos porque si bien logró dividir políticamente a Santa Cruz, la población dio un mandato claro que el censo se realice en 2023”, afirmó Coca.
Anotó también la coincidencia de los 21 días de plazo que Santa Cruz le da al Gobierno. “Los 21 días en Bolivia tienen mucho simbolismo. Por una parte el 21 F, los 21 días de protesta en 2019 contra Evo Morales y ahora este plazo de 21 días”.
A ese punto, el experto Franklin Pareja añadió que la fortaleza que mostró Santa Cruz es consecuencia del “persistente rechazo e intransigencia del Gobierno nacional” a las demandas cruceñas.
“Lejos de aislarla y debilitarla, está logrando mayor cohesión y conciencia de la cruceñidad, que al mismo tiempo está construyendo un tejido social más robusto que no se circunscribe únicamente en sus autoridades cívicas”, dijo Pareja.
En cambio, para Omar Aguilar, analista, exsenador y disidente del MAS, si bien Santa Cruz exhibió su musculatura ante el Gobierno, su lucha por un censo para 2023 no tendrá los resultados esperados porque la imagen de sus líderes está “desgastada”.
“Mientras Rómulo Calvo, lidera y (Fernando) Camacho se atribuya la defensa del censo, lamentablemente los 21 días no van a llegar a buen término. Santa Cruz se queda sola porque está liderada por dos personajes totalmente desgastados”, dijo Aguilar.
Desde Santa Cruz, Vicente Cuéllar, que es presidente del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dijo que si se atienden las demandas “las conclusiones del cabildo quedarán sin efecto”.
“El Gobierno debe reflexionar porque la presencia multitudinaria de la gente al pie del Cristo, muestra que el pueblo cruceño y boliviano está exigiendo censo para el 2023”, dijo Cuéllar a Unitel.
En la línea de Arce, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que el pedido de Santa Cruz es político y desestabilizador. “Son intereses políticos. Lo dijo muy bien el señor (Rómulo) Calvo: ‘Hoy nuestro interés es... nuestra bandera es el censo’. ¿Qué le está diciendo? Que ‘por mucho que se vaya a trabajar nuestro interés es la desestabilización de un gobierno democráticamente elegido’”, señaló la funcionaria pública del Ministerio de la Presidencia.