Asociaciones de periodistas rechazan pedido de Chávez y le recuerdan que es inviolable el secreto de fuente

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, pidió en una entrevista que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo.

Nacional
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - miércoles, 28 de septiembre de 2022 - 18:43

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazaron las declaraciones del Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien en una entrevista con Fides pidió que se levante el secreto de fuente para conocer quién filtró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atribuye al Estado Boliviano la muerte de Michel Dwyer y torturas a los sobrevivientes del caso terrorismo en 2009.

El también exabogado de Evo Morales admitió que contactó a los medios para que “me digan (...), levanten la fuente, creo que es importante, porque vale la pena en este caso aclarar una situación tan infame hacia una autoridad como mi persona”.

En respuesta, la ANPB y la APLP lamentó que una institución pública como la Procuraduría General del Estado “desconozca que ‘el secreto de fuente’ está protegido de manera directa por la Ley de Imprenta, la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales”, indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto.

Además, recordaron que “el secreto en materia de imprenta es inviolable (art. 8 de la Ley de Imprenta)”. Mediante esta normativa los periodistas tienen el derecho y un deber ético que los obliga a “guardar reserva respecto a las fuentes que proveen información con carácter confidencial”.

“Denunciamos que el procurador General del Estado intenta debilitar el rol que tiene la prensa en una sociedad democrática, por cuanto el secreto de fuente es un derecho que no sólo protege a las y los periodistas sino a la sociedad por cuanto resguarda la libertad de expresión”, señala el pronunciamiento.

El pasado fin de semana un medio de circulación nacional reveló que el informe de la CIDH indica que el gobierno ordenó “ejecuciones y torturas” en el caso Rósza, también llamado caso Terrorismo.

La ANPB y la APLP recordaron que según el Código de Procedimiento Penal, se establece que “no se puede requerir bajo compulsa la entrega de objetos, notas, grabaciones y documentos obtenidos en la cobertura informativa (art. 184)”.

“La normativa nacional se inscribe en los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en su principio N° 8, establece que ‘Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales’ y, en virtud del secreto profesional, ‘guardar discreción sobre la identidad de la fuente para asegurar el derecho a la información; se trata de dar garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que pueda derivar después de haber revelado una información’”, concluye el comunicado.


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