Conade pide investigar muertes y recomienda respetar los DDHH

Página Siete  /  La Paz 

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade)  emitió ayer un comunicado en el que demanda  al Ministerio Público una investigación profunda sobre las muertes que se dieron desde el 21 de octubre por grupos irregulares de choque y también por la intervención conjunta de la Policía y Fuerzas Armadas. Además, sugirió respetar los derechos humanos y no aplicar una acción represiva excesiva con los grupos  movilizados para prevenir que los conflictos se acentúen. 

 “Aplicar una acción represiva excesiva con los grupos que están movilizados es otro factor que lleva a acentuar la conflictividad; es importante la protección y defensa de los derechos humanos y demandamos al Ministerio Público una investigación profunda acerca de las muertes que se han dado a partir del 21 de octubre pasado por grupos irregulares de choque y también por la intervención conjunta de la Policía y Fuerzas Armadas”,   dice el documento.

“Más allá de la irracionalidad con la que está actuando Evo Morales y sus huestes que destilan odio, es importante mantener la mayor serenidad posible en los órganos coercitivos del Estado”, señaló Waldo Albarracín, miembro del Conade. 

 El 21 de octubre, día  después de las elecciones nacionales, sobre las que se desató la sospecha del fraude, comenzaron las protestas  en defensa del voto. A éstas le siguieron   movilizaciones  violentas, con saqueos y ataques a la ciudadanía, promovidos    por sectores afines al expresidente Evo Morales, quien renunció y salió de Bolivia después que la OEA emitiera un informe confirmando el fraude electoral.

Fue  durante los ataques de los afines al MAS a la ciudadanía movilizada que se comenzaron a registrar las muertes. De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), los decesos comenzaron el 30 de octubre y hasta el momento se registraron 23 personas muertas, una sin identificar. El Gobierno aún no difundió una cifra oficial sobre los fallecidos.

Polémica por las FFAA

   En esta ola de violencia, el viernes se generó en enfrentamiento entre  militares y cocaleros afines al MAS en Sacaba, Cochabamba,  que dejó personas muertas por disparo de arma de fuego. El ministro de Defensa,  Fernando López, aclaró que las FFAA “no dispararon ni una sola  bala”.

Ese mismo día,  el Gobierno  emitió el Decreto Supremo 4078  referido a la  salida de las FFAA. El artículo 3 del instrumento legal generó debate porque supuestamente libera de responsabilidades a los militares ante el uso de la fuerza.

 “El personal de las FFAA  que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública,  estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones actúe  en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, dice parte central del mencionado artículo.

Al respecto,   Albarracín  aseguró que el Decreto Supremo 4078 no exime de ninguna responsabilidad a los militares. “Si se da una muerte no  debe dejarse sin investigar y el decreto no los salvará, no los eximirá de responsabilidad. En Bolivia no hay  norma que exima a una persona de una responsabilidad penal”, insistió.

En ese contexto, consideró  “fundamental la conducta y accionar  de las FFAA y de la Policía en la actual coyuntura”. “De lo que se trata es de que en un momento tan crítico, como  el que atraviesa el país, hagan prevalecer el orden público y sobre todo la protección de la ciudadanía, frente a grupos que no salen sólo a protestar, sino a aterrorizar a la ciudadanía, armados, con armas de fuego e instrumentos contundentes”, declaró.

El coronel retirado Jorge Santiesteban remarcó que la decisión de sacar a las FFAA  es constitucional porque se enmarca en el artículo 137 de Constitución.  Añadió que también responde a una necesidad: “La situación de conmoción interna que vive el país, donde se atenta contra los derechos civiles de los ciudadanos  por parte de grupos irregulares que usan armas para tomar el poder”. Satiesteban responsabilizó de esta situación al expresidente  Evo Morales. 

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, consideró que las FFAA actúan correctamente y recordó que están en las calles porque la Policía fue rebasada por las movilizaciones violentas de los afines a Evo, donde se evidenció extranjeros armados.  “Las FFAA actuaron correctam   ente. ¿Qué hacían cubanos y venezolanos en las protestas? Todos sabemos que hay fuerzas irregulares armadas”, dijo Carvajal. 

“¿Decimos FFAA, no irregularidades, sí?”, añadió al rechazar las opiniones de asambleístas del MAS en contra de la presencia de las FFAA en la calles.

  
En 2018, Evo emitió decreto que eximió  de culpa a militares

Ante las declaraciones de rechazo  y crítica de los asambleístas del MAS al artículo 3  del Decreto Supremo 4078, el coronel retirado Jorge Santiesteban recordó que en 2018 el expresidente Evo Morales emitió una norma similar  por la que eximió de responsabilidades a miembros de la  Policía y de las FFAA en la lucha contra el contrabando.

Añadió que en Bolivia no se tiene antecedentes de la aplicación de este instrumento legal en un contexto de  estado de conmoción interna  por el que atraviesa hoy  el país, “ ni en gobiernos democráticos ni de facto”.

 “El único que hizo un decreto similar al 4078 es el expresidente Evo Morales, en 2018, para emplear a las FFAA en las tareas de la lucha contra el contrabando, cuando la Policía y los elementos del COA fueron rebasados por la delincuencia contrabandista. Emitió un decreto para que las FFAA hicieran uso y empleo de sus armas contra esa delincuencias”, explicó.

 En abril de 2018,  Morales promulgó la Ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando. El artículo 4 de la norma dice: “Las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana que participen en operativos de lucha contra el contrabando que se desarrollan en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes, estarán exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa y estado de necesidad”.

Santiesteban sostuvo que el Decreto Supremo 4078 tiene como base la evidencia de que en Bolivia “opera el narcoterrorismo”. “No olvidemos la noche de terror en La Paz, el empleo de francotiradores en la vía Oruro-La Paz con muertes de mineros,  quemas de viviendas y los mensajes subliminales de Evo Morales, Álvaro García y Andronico  de alzar las armas y luchar hasta morir. Esas son evidencias de la existencia de grupos irregulares armados en Bolivia”, sostuvo.