El Código del Sistema Penal causó fisuras dentro del MAS

María Carballo / La Paz

El Código Penal causó fisuras entre los miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las autoridades del Ejecutivo, admitieron legisladores del partido en función de Gobierno.

Una primera etapa en la que se notaron los desacuerdos fue  cuando  se debatía el Código del Sistema Penal y el punto de la discordia fue el tema del aborto, admitió la diputada  Mireya Montaño.

“Había diferencias de opinión en el tema del aborto, porque los colectivos pidieron que se elimine ese artículo”, dijo.

La diputada Roxana Huanca coincidió y dijo que esta pugna se dio entre hombres y mujeres. “Los hombres decían que no debería quitarse la vida a un niño; y claro, las mujeres teníamos opiniones diferentes”, indicó.

El aborto provocó discrepancias en el MAS, pero hubo otros aspectos que causaron pugnas, explicó el diputado Julio Huaraya.   “También el Artículo 205,  que sancionaba la mala praxis de los médicos y el Artículo 137, que determinaba triple sanción para los transportistas que ocasionen  accidentes,  fueron razones de divergencias y (en el MAS) hay médicos, y quienes representan a los transportistas”, agregó. 

El Senado sancionó el  Código Penal el 13 de diciembre de 2017,  luego de un acelerado debate  en ambas cámaras. Dos días después, el vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la normativa pese a las protestas de  sectores que se oponían.  

Pero el debate, análisis y elaboración de esta ley, que duró tres años, quedó en la nada, cuando el presidente Evo Morales anunció su abrogación.

“Las diferentes posturas, las divergencias fueron una de las causas para que se retroceda porque nos dimos cuenta que teníamos que debatir un poco más y que tres años no fueron suficientes”, dijo Huanca.

La cuestión de la  abrogación  generó reacciones distintas en el MAS. La presidenta de la Cámara Baja, Gabriela Montaño, quien dijo enfáticamente:  “No vamos a permitir que se abrogue”,  y el Vicepresidente,  que  dio un rotundo “no” a la anulación del Artículo 205, quedaron en  segundo plano. 

  “Hubo algunos que no querían abrogar, otros que sí, otros querían una abrogación parcial”, señaló el senador René  Joaquino. 

 Por otro lado, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales,  dijo que el ministro de Justicia, Héctor Arce guardó “un importante silencio”;  mientras que el ministro de Gobierno, Carlos Romero,  sostuvo en entrevista con el canal estatal que “no veía necesidad de abrogar el Código Penal”.

 “El ministro Arce debería haber jugado un papel importante en todo esto y no lo hizo”, dijo Joaquino.

 Huaraya y Huanca consideraron que Romero tuvo una “opinión diferente”, aunque Huanca señaló: “No creo que haya sido necesario abrogar el Código Penal, pero sí había una necesidad social de hacerlo”.

Fuentes extraoficiales afirmaron que el tema del Código también generó un altercado en el Gabinete,  antes del 22 de enero, debido al manejo del conflicto. 

Las discrepancias de autoridades de esa instancia salieron a la luz cuando el ministro  Romero dijo que podía resolver el problema “en horas”; y   luego de la firma del acuerdo con el sector, cuando Ariana Campero, ministra de  Salud, salió a palestra para hablar nuevamente de descuentos, lo que   encendió  nuevamente el conflicto.  

Vice “no dijo nada” sobre la abrogación

“El Órgano Legislativo tiene un representante, Álvaro García Linera. Él debería haberse pronunciado respecto a la abrogación y no lo hizo, ¿Por qué? Yo no he visto una participación proactiva de nuestro presidente nato de la Asamblea, pero lamentablemente no fue así”, expresó el senador oficialista René Joaquino.

El legislador consideró que la iniciativa de la abrogación del Código del Sistema Penal debió  surgir de la Asamblea Legislativa y no así del Ejecutivo,  porque lo que estaba en cuestionamiento era una norma y no una política pública. 

“Esto provocó en la gente y confirmó lo que la opinión pública siempre dice:  que la Asamblea Legislativa no dice nada y acata todo lo que dice el Ejecutivo, que nos mandan leyes enlatadas y que nosotros no podemos cambiar ni una coma”, aseveró.

Para Joaquino, la abrogación de la norma deja un “nefasto antecedente” para el Gobierno y el oficialismo.

“Yo no he visto en ninguna parte del mundo que se anule todo un sistema penal”, dijo.

 Recordó que más adelante se debatirá el Código Civil y la Ley General del Trabajo y que espera que no se cometan “los mismos errores”. “Hemos aprendido a la mala”, afirmó el exalcalde potosino.

Hay pugnas internas y diferentes corrientes ideológicas

Hay  pugnas internas a raíz de intereses personales, regionales o políticos, además de diferentes corrientes ideológicas dentro del MAS, admitieron los legisladores oficialistas.  

“Hay pugnas internas, personales, hay gente que saca sus criterios que antes no se han debatido en el MAS”, reconoció la diputada Mireya Montaño.

Su colega Roxana Huanca  admitió que existen distintas corrientes ideológicas en el oficialismo. “El Partido Comunista se integró, el Vicepresidente siempre es claro en ello, están los socialistas, están los kataristas, están los indigenistas, el MAS es un movimiento grande”, dijo.

A su turno, el senador René Joaquino manifestó que  las diferentes corrientes  se observan al debatir las normas, ya que los asambleístas representan a diferentes sectores de la sociedad como productores, gremiales o transportistas, entre otros.

“Cuando se tratan normas que afectan o finalmente regulan la situación jurídica de estas entidades sociales, surgen criterios diferentes porque cada quien lucha por sus demandas”, indicó.

 Para el diputado Julio Huaraya, estas diferencias “son normales”,  porque al interior del MAS existe democracia.

“Hay diferencias de opiniones, por supuesto. Pero también hay pugnas internas,  gracias a gente que hizo un paso al costado por intereses personales o políticos”, indicó.

También admitió que estas diferencias se manifiestan al momento de elaborar leyes. 

“Cada legislador del MAS representa a un sector. Yo represento a los pueblos indígenas y hay demandas distintas. Las demandas del área rural son diferentes de  las del transporte, por ejemplo”, aclaró.

Huaraya también se refirió a las denuncias de discriminación que surgieron por parte del senador Sergio Choque, en su momento, y del diputado Manuel Mamani, quien aseguró ayer que quienes son profesionales “se creen más capos que los orgánicos y que hay que aguantarse”.

 “No creo que sea discriminación, son opiniones; si hay discriminación, sería una pena”, indicó el legislador.

  Por otro lado, ayer, Galo Bonifaz renunció como viceministro de Transportes y aseguró que fue discriminado por el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.