Encañonados y golpeados: el grave riesgo de ser periodista en Santa Cruz

Los periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos han sido víctimas de agresiones verbales y físicas en las protestas y contraprotestas desarrolladas en el marco del paro cívico indefinido en Santa Cruz de la Sierra. Pero incluso antes del conflicto, la emboscada en Las Londras, ocurrida en 2021, expresa que los trabajadores de la prensa corren riesgos en el ejercicio de su oficio. Estos hechos de violencia no han merecido investigación penal con la celeridad esperada ni un registro como atentados a la libertad de prensa desde las organizaciones del gremio.

El paro cívico iniciado el 22 de octubre en la capital cruceña se inició con actos de violencia entre grupos de adversarios a favor y en oposición a la medida, pero también contra los periodistas que hacían la cobertura de esa primera jornada.

Ese día, la periodista Gabriela Linares Terrazas y su camarógrafo Luis Fernando Ruz Hurtado, de Gigavisión, fueron agredidos por filmar a un grupo de personas que intentaban levantar un bloqueo en la avenida Santos Dumont. A ella le quebraron el micrófono y él resultó con la nariz rota.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, explica que la violencia vino de “grupos de choque del Movimiento Al Socialismo” y que la Felcc identificó como uno de los agresores a David Elías Ocampo Mamani, funcionario de Vías Bolivia, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. No existe un caso abierto para procesar este hecho hasta el momento. “Para mí es un caso cerrado”, dijo Linares, como única respuesta a la consulta de Página Siete.

En esa misma jornada se registraron agresiones verbales a los periodistas Guider Arancibia y a los fotoperiodistas Juan Carlos Torrejón y Jorge Ipa Ibáñez, relata Méndez.

El 28 de octubre, la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) recoge la agresión al reportero de Radio FM 91.0 y la red digital “La Cruda Verdad Noticias”, Carlos Justiniano Flores, mientras preparaba un informe periodístico en la avenida San Aurelio, del Quinto Anillo.

La misma entidad registra que la periodista Valeria Durán y el camarógrafo José Manuel Posiabó, de la Red Uno, “fueron retirados a empujones de una cobertura informativa” en el Plan 3000, el 26 de octubre, frente a la pasividad de un jefe policial y efectivos antimotines.

El martes 1 de noviembre, el periodista Mario Rocabado y su camarógrafo Enrique Sánchez, de la Red Unitel, fueron agredidos física y verbalmente. El primero quedó malherido y con un impedimento de 35 días. Franklin Cisternas, de Periodismo Somos Todos, que socorrió a Rocabado y logró filmar a algunos atacantes, también fue agredido junto a su camarógrafo.

Lo cierto es que los casos no están documentados ni registrados por las organizaciones del gremio, sino que se enumeran entre los trabajadores de la prensa como parte de la memoria de los últimos sucesos.

Milton Montero, exdirigente de la Confederación de Periodistas, es uno de los que lleva la cuenta de los casos y dijo públicamente el pasado viernes que ha contado 19 colegas agredidos en estas semanas, cinco de ellos en los actos violentos de ese día.

El defensor del Pueblo condenó las agresiones violentas contra los periodistas en la capital cruceña y el investigador de Human RightWatch, César Muñoz, además, recordó que las autoridades deben garantizar su seguridad.

“Lamentablemente, nuestras instituciones, por ejemplo la Federación de la Prensa, no tienen una base de datos de las agresiones que se vienen sufriendo este año. Nuestras organizaciones se están quedando atrás, al margen del medio de comunicación (del colega afectado) que debería darles apoyo jurídico. Los jefes de prensa no miden las consecuencias, te trasladan de un lugar a otro”, dijo Montero.

El fiscal del distrito, Roger Mariaca, informó que tanto en el caso de los periodistas de Gigavisión como de los de Unitel se libraron mandamientos de aprehensión contra los supuestos responsables que deben ser ejecutados por la Policía.

Además, añadió que el Ministerio Público abrió de oficio otro caso, sucedido la noche del 9 de noviembre contra la periodista Oriele Egüez, de Cadena A, quien fue agredida verbalmente y resultó con un corte en el pómulo en un bloqueo de la avenida Mutualista y Cuarto Anillo.

Hecho grave

Si bien los casos están abiertos en el Ministerio Público, el único hecho que tiene el impulso de la víctima y su abogada es el que se suscitó en La Guardia, cuando Rocabado y Sánchez cubrían los choques con violencia entre grupos enfrentados cerca de la medianoche. “Él mostraba imágenes de cómo la Policía lanzaba gases hacia los civiles que estaba parados en las aceras, incumpliendo sus normas de lanzar gases hacia arriba. Horas más tarde de la transmisión en vivo fue atacado por unas 50 a 60 personas. Lo primero que hace es identificarse. Ellos le dicen no me interesa que seas prensa”, dice Guerrero.

Rocabado sufrió el robo de sus dos celulares y 2.000 bolivianos de su salario, pero la peor consecuencia fue que resultó con dos dedos y un pie fracturados y un corte en la cabeza. Los exámenes continúan para saber el estado de su columna. El forense declaró 35 días de impedimento. “Las investigaciones las hicimos yo y Mario. El viernes presentamos las capturas de las imágenes. La única actuación que había realizado (la Fiscalía) era abrir la denuncia e imprimir los requerimientos médicos forenses, ninguna diligencia más”, dice la abogada Raquel Guerrero, que patrocina a los dos periodistas por la Asociación de Periodistas.

El 4 de noviembre, Guerrero y Rocabado ampliaron su denuncia contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos Sanjinés, el comandante de la Policía en Santa Cruz, Johnny Omar Chávez Bascopé, y el comandante de La Guardia, Edson Rojas Orellana. En el mismo documento identifican como autores directos a Marco Antonio Pinto y Constantino Carachuyo Choque, y como instigadores a Juan Pinto Urquizo y Dalcy Vallejos.

En el documento, Rocabado relata que los hechos ocurrieron “a vista y paciencia de la Policía, que contemplaba la masacre a la que estaba siendo sometido”, “es más, éstos se negaron a socorrerme, ya que entre los agresores, según testigos, había policías vestidos de civil”.

Según Guerrero, la explicación de la Policía para no avanzar en las investigaciones y notificar a los sospechosos es que sus efectivos no pueden desplazarse por las restricciones del paro y bloqueos en la ciudad. Pero una semana después de los hechos, ella misma y seis policías se dirigieron a La Guardia a buscar los videos de las cámaras de seguridad en la carretera, en negocios particulares y en el edificio del municipio.

“No llegamos a la Alcaldía porque no teníamos seguridad. La alcaldía (de La Guardia) ha sido usada como lugar de junte y de (distribución de) gases”, explica. No pudieron colectar los videos. Sobre el tema, Roberto Méndez explicó: “No podemos quejarnos del papel del Ministerio Público porque actuó de oficio abriendo la investigación por los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves”.