Heridas de la emboscada en Playa Verde dejan a mineros sin trabajo ni esperanza

Cinco mineros fueron heridos de bala y uno de dinamita en la emboscada de noviembre de 2019. Tras el informe del GIEI, las víctimas de Potosí se preparan para buscar justicia en estrados internacionales.

Redacción Diario Página Siete
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La Paz - domingo, 05 de septiembre de 2021 - 5:00

Leny  Chuquimia / Potosí

La emboscada de Playa Verde, el 10 de noviembre de 2019,   dejó seis mineros heridos: cinco por bala y uno por dinamita. Casi todos han dejado de trabajar y aunque recibieron con agrado el informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), han perdido la esperanza de conseguir  justicia, ya que consideran que después de los hechos luctuosos  “nada en el país ha cambiado”.

“Jamás pensé vivir esto; no tengo trabajo y a momentos me siento una carga. No hay cambios, el MAS ha vuelto y no sabemos qué va a ser de nosotros. Para las víctimas, no hay justicia”, lamenta Franz Soraide, uno de los heridos de bala.

“No sabemos qué es lo que nos espera si no hay justicia para nosotros, qué nos a va a pasar después”,  cuestiona  Javier Gutiérrez, otra de las víctimas.

Para el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel Huallpa,  la  vía para lograr justicia está en el ámbito internacional, por lo que los cívicos apuntan a nuevas medidas legales.  “Estamos trabajando en ese proceso. Tenemos que buscar justicia y no la vamos a encontrar en Bolivia, porque los operadores están parcializados, contaminados con la política. No podemos creer en ellos”, indica. 

La segunda caravana emboscada en 2019 estaba conformada por más de 70 buses  y  alrededor de  un millar y medio de mineros cooperativistas,  que viajaron desde Potosí para reforzar las protestas   contra el gobierno de Evo Morales en La Paz. Partieron la tarde del  9 de noviembre, luego de enterarse del ataque en Vila Vila  a la Caravana del Sur.     

El informe del GIEI señala que aunque ningún minero perdió la vida durante la emboscada,   se identificó a cinco heridos por armas de fuego. “Todos varones jóvenes, mineros, y con pérdidas severas en su capacidad laboral”, establece el documento e insta  al Estado a garantizar que estos hechos no queden impunes.

Las víctimas por armas de fuego  son:   Darío Willian Cuiza Navarro,  Mijael Medina Uvaldez,   Javier Gutiérrez Fuertes,   Franz Álvaro Soraide Viscarra y    Rafael Moscoso. A ellos se suma Ramiro Ugarte,  quien perdió la mano por una explosión de dinamita  lanzada por los agresores.

Juan Carlos Vega cerró su
negocio y cambió de casa.
“No puedo olvidar la sangre de aquel compañero en mis manos”
Juan Carlos Vega  fue minero y también gastrónomo. Fue parte de la caravana de mineros que partió  a La Paz en 2019 y después nada fue igual.  Recibía amenazas constantes y tuvo que cerrar el restaurante que tenía y cambiar de domicilio. Hoy trabaja como  delivery y vive mirando constantemente sobre su hombro.
Durante la emboscada, junto con  un grupo de 20 personas,  se acercó hacia el cerro de donde  aparentemente venían  los disparos para ver quiénes eran los agresores. Fue donde vio caer a uno de sus compañeros.
“Fui parte de los anteriores paros porque soy un activista y luchador, pero no había visto algo igual. Aún escucho el silbido de las balas y veo la sangre en mis manos al levantar  al compañero que se desplomó a mi lado... ese olor a sangre, a pólvora”, relata. “Él  pedía que vaya por ayuda y yo corrí en busca de los paramédicos. Al volver no podía encontrarlo,  se perdió entre la paja, sólo le escuchaba gritar auxilio”.a
Vega está seguro de que quienes dispararon eran francotiradores, porque los tiros provenían desde un cerro lejano a la carretera y tenían una gran precisión. Fue  un alivio  no haber sido herido, pero el daño  y las amenazas no desaparecen.
 “Potosí se levantó y esa gente no era pagada”, afirma hoy.
Javier Gutiérrez  sufrió una herida y teme por el futuro.
“Nos  dispararon  a matar, sin pena”
Javier Gutiérrez es minero cooperativista. Las mañanas frías levantan en su hombro derecho un dolor que nace en la clavícula; uno al que  no se acostumbra, que no sólo es físico, que se convierte en pena.
De rato  en rato, sus dedos  buscan sobre su camisa  una cicatriz , como si necesitara comprobar que  lo vivido hace casi dos años no fue sólo una pesadilla.
“Los mineros tardamos en levantarnos porque los dirigentes estaban alineados al Gobierno. Pero  estábamos molestos y sólo faltaba una chispa para explotar. Eso fue  la emboscada de Vila Vila, ese ataque  a nuestros jóvenes. Ellos partieron  porque nosotros no podíamos. Mi hija  me decía:  ‘Yo  iré a La Paz  papá’”, recuerda Gutiérrez.    
De un momento a otro él se había subido a un bus,  como   un millar de mineros.  A la altura de   Challapata  empezaron a notar bloqueos. En tramos, escoltaban los buses a trote pero al llegar a Playa Verde  llovieron las piedras y, camufladas entre ellas, las  balas.
“Es triste que  bolivianos nos hayan disparado a matar. Los manifestantes eran un cortina, había francotiradores en los cerros. La bala me llegó  directo”. 
Sus  denuncias ante la Fiscalía de Oruro no  avanzaron. Contrataron abogados pero  con el caso en otro departamento poco podíamos hacer. “El informe del  GIEI está bien, pero el Gobierno sólo habla de Senkata y Sacaba y nosotros no existimos. Para mí, como afectado, es algo indignante”, reclama.
Entre tanta pena, hay algo que le saca una sonrisa. Sus dedos dejan de buscar su herida y se agitan imitando la despedida  que la población  les hizo antes de partir de Potosí, con bendición y oraciones. “Todas las familias  éramos una”.
 

Franz  y su madre  piden que la reparación llegue a todas las víctimas de los conflictos.
Foto: Leny Chuquimia /Página Siete.
“Ya no puedo trabajar en la mina”
“Soy minero, pero ya no puedo volver a interior mina. Encima me ha dado  covid. Mis pulmones  no están bien, yo no estoy bien... tenía  planes”, afirma Franz Soraide, víctima de Playa Verde.
Tiene 27 años. Como  gran parte de sus familiares se dedicaba a arrancar  minerales a la montaña. De  ella  vivían él, su esposa y sus dos hijos. Hace   21 meses   que no ha vuelto a trabajar debido a los daños  que  le causó una  bala.
El informe médico dice que el proyectil ingresó por la parte posterior de la axila izquierda, tocó el  pulmón y se alojó a la  derecha del cuello. La trayectoria advierte que le  dispararon por la espalda.
“Quise volver a trabajar, pero  ya no puedo respirar bien. Me sofoco. Y para entrar  a la mina necesitas tener los pulmones sanos”.
Él era parte de la Cooperativa 9 de Abril, la que estaba en la  delantera de la caravana.    “Detuvimos las flotas para  negociar el paso, pero de repente se escucharon las balas. Yo estaba con un compañero y cuando retrocedíamos sentí un dolor en el cuello, le pedí que me revise pero no había nada. Sentí otro más en el costado y le pedí que vuelva mirar, ahí encontró  la herida”, relata.
Franz fue auxiliado en  una ambulancia pero  aún allí dentro escuchaba los disparos. Lo último que recuerda es que llegó  a Oruro y pidió a los médicos que lo salven. Despertó cuatro días después, en una unidad de terapia intensiva. Su vida había cambiado.
En esos cuatro días fue Soraya Viscarra, su madre, quien  logró realizar las primeras denuncias. Llegar de Potosí a Oruro no le fue fácil. Le costó horas de viaje por caminos de herradura  para   esquivar los bloqueos.
Formalizó la denuncia en contra de cinco personas detenidas. Una de ellas  portaba 17 proyectiles que coincidían con el que   extrajeron de Franz.
 Aunque se hallaron pruebas, el caso fue cerrado   y los detenidos,  sobreseídos. Incluido el que portaba las municiones y que   hoy es concejal de Oruro por el MAS.
Soraya  guarda toda la documentación para dar a conocer lo que pasó con su hijo,  para ver si en algún momento los necesita y  logra conseguir la anhelada justicia, ésa que debería  ser para todos. “Para el Gobierno actual, pareciera que nosotros no existimos. Sólo habla de sus víctimas, y todos merecemos justicia. Pero  es azul y no es para nosotros”, dice Soraya. 
Franz aún va al hospital porque  no se recuperó por completo. Parte de su rostro perdió la sensibilidad y el movimiento. Ya no puede ser minero y ha pensado en retomar su formación  y estudiar psicología. Sostiene  que su protesta tenía un fin justo y que   está dispuesto a buscar justicia en otros espacios si es necesario.
Benigno Castillo lamenta que no se atienda  a Potosí.
Una lucha que se arrastra de hace años
Benigno Castillo es un periodista   reconocido en Potosí, fue dirigente del gremio y es un acérrimo  defensor de la libertad de prensa. Para él, como para el resto de los potosinos, las emboscadas de Vila Vila y Playa Verde no fueron sólo resultado   de la crisis electoral, sino de un conflicto de la región con el Gobierno, que  se arrastra  desde hace años.
Los antecedentes datan de 2010, con el  histórico paro de los 19  días que marcó la ruptura de Potosí con Evo Morales y que tenía  seis demandas que hasta hoy no son respondidas. La protesta  denunciaba ante el país la postergación en la que vivía el departamento; y  se repitió   en un paro de 27 días en 2015 y otro de 30, en 2019.
“Fui parte de aquella primera movilización. Tuvimos detenciones y también hubo una emboscada”, relata Castillo.
En aquella ocasión,  bloqueos y piquetes de huelga  pedían a Morales  diálogo. Exigían que   sea realizado en Potosí, pero el entonces mandatario se negó, como también rechazó enviar una comisión ministerial. Tras varios acercamientos, se acordó una reunión en Sucre.
Entonces,  una caravana de cívicos, dirigentes, autoridades, mineros y campesinos partieron al encuentro;  sin embargo,  los representantes del Gobierno no llegaron. Cansados e indignados, los potosinos decidieron emprender el retorno para radicalizar sus medidas.
“Ya había las amenazas y cuando una parte volvía fuimos interceptados por unos 1.000   campesinos afines al MAS. Tenían palos y dinamita. Intentaron emboscarnos y tuvimos que retornar a Sucre”, cuenta.

 

“El informe no tocó todos los hechos”
“Hemos participado  en la presentación del informe del GIEI. Lamentablemente hay hechos que no se tomaron en cuenta y que ocurrieron dentro del período de investigación (1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019)”, señala el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel Huallpa.
Habla desde su oficina a unas cuadras de la plaza principal de Potosí y donde en las ultimas semanas los cívicos  analizan qué acciones tomar para tener justicia. Indica que antes de los conflictos hubo varios hechos que ocurrieron en este departamento   y que no están siendo registrados. 
“Por ejemplo, en octubre el departamento estaba paralizado por un paro (en defensa del litio) y hubo atentados contra Comcipo. Nuestra movilidad fue apedreada, prácticamente fue destrozada por gente del MAS que nos interceptó por el sector de Kantumarca. Había heridos, incluso una persona que trataba de huir de la turba fue aplastada entre dos movilidades”, dice.
Otro de los momentos tiene que ver con el cierre de campaña de Evo Morales, que, sabiendo que la población se encontraba movilizada, llegó a la región. Sus   militantes intentaron levantar los bloqueos por la fuerza apedreando a todo el que estaba en el lugar.
“Eso no está en el informe. Pero además  el Gobierno está viendo sólo Senkata, Sacaba... y  ¿que hay de Potosí? Fuimos hasta emboscados cuando nos dirigíamos a La Paz. En ese camino hasta intentamos negociar, porque el problema no era entre nosotros, pero nos apedrearon”, sostiene.

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