En su informe de 2021, el grupo sugirió registrar a todos los afectados

Incumplen el censo de víctimas de 2019 que recomendó el GIEI

No se cumple ninguna de las recomendaciones, según víctimas de Cochabamba y La Paz. El MAS en la ALP apuesta, primero, por una “ley de reparación”.

Nacional
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La Paz - miércoles, 17 de agosto de 2022 - 0:00

Representantes de las víctimas de los hechos luctuosos de 2019 de Senkata (La Paz) y Huayllani (Sacaba, Cochabamba) indicaron a Página Siete que el Gobierno no cumple con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Entre ellas está la de realizar un censo de todos los afectados.

A pesar que en agosto de 2021, el ministro de Justicia Iván Lima anunció el inicio del censo, los representantes de las víctimas de Senkata, Marisol Rodríguez, y Sacaba, Roberto Jucumari, afirmaron, por separado, que no se censó a las víctimas.

“Justo hoy (ayer) nos hemos reunido con los coordinadores del GIEI y les hemos dado a conocer que no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones. Una de ellas era el censo y tampoco el Gobierno ha cumplido (...). Es decir, no se está cumpliendo con ninguna de las recomendaciones ni con el censo de víctimas”, informó Rodríguez a este medio.

El presidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani, Roberto Jucumari, dijo escuetamente a este periódico que “aún no se ha empezado con el censo” de las víctimas. Agregó que la directiva de esa organización se reunirá este miércoles, y mañana tiene una cita con la delegación de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, explicó a este medio que el censo “se ha descartado”, ya que “de acuerdo a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (para Bolivia, Antonio Menéndez) no corresponde hacer un censo, sino más bien elaborar una ley de reparación integral”.

Esa norma fijará los “requisitos para determinar la categoría de víctima”, divididas en cuatro: las víctimas mortales, los heridos a bala, las víctimas detenidas y procesadas injustamente y las que han sido torturadas. Esta clasificación se realizará de acuerdo con la documentación que presenten los afectados para ser consideradas víctimas.

“Antes que hacer un censo se tiene que hacer una identificación de las víctimas y este trabajo será mediante la ley de reparación integral”, explicó Inca.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Bety Yañíquez, informó a Página Siete que la mesa integral de trabajo conformada por el Ministerio de Justicia, Naciones Unidas con Antonio Menéndez y la comisión que preside elaboró un primer borrador del proyecto de ley de reparación integral a favor de las víctimas de 2019.

Ese borrador se presentó a las víctimas en junio y el proyecto modificado con los aportes de los afectados se prevé que se presente en septiembre, precisó la legisladora. No obstante, dijo que más allá de sus competencias como asambleísta, el tema del censo está abierto.

“Sin perjuicio, no podría cerrar el tema del censo; si tendría que darse tendrían que hacerlo, si va a favorecer a las víctimas, pero al respecto pueden dar más datos en el Ministerio de Justicia”, agregó.

Para el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, el incumplimiento del censo y de todas las recomendaciones del GIEI obedecen sólo a cálculos políticos del gobierno del MAS.

“Hay una línea y objetivos políticos (...), todas las recomendaciones del GIEI han caído en saco roto. No se realizó el censo comprometido ni una investigación imparcial de los gobiernos de Añez y Morales, por lo que tampoco se ha realizado una reforma judicial, lo cual es gravísimo”, afirmó Reyes.

Este medio buscó al director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Tito Tornero, responsable de realizar el censo, para tener su versión. No obstante, funcionarios de esa oficina pidieron una solicitud escrita, además de una autorización del Ministro de Justicia, para que dé una entrevista o informe.

En agosto de 2021, el GIEI presentó en La Paz su informe final con 36 recomendaciones sobre los hechos de violencia suscitados entre septiembre y diciembre de 2019. Una de esas recomendaciones al Gobierno es que realice un censo de víctimas, “conforme al principio de universalidad”. Después de un año, arribó al país una delegación de seguimiento a la implementación de esas recomendaciones y se reúne con los distintos sectores involucrados.


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