MAS cierra el capítulo de la Ley 1386 con violencia y procesos contra cívicos

Seguidores del Gobierno atacaron ayer la marcha de la Asamblea de la Paceñidad en el centro paceño. Denuncian que echaron gas pimienta a Iván Arias. Activan procesos contra Camacho, Calvo y Manuel.

Redacción Diario Página Siete
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La Paz - jueves, 18 de noviembre de 2021 - 5:00

Jorge H. Quispe C.  / La Paz

Ya  cerrado el capítulo de la Ley 1386, afines al MAS esperaron ayer con insultos y en apronte a la marcha de la Asamblea de la Paceñidad. Algunos fueron agredidos por los seguidores del Gobierno y el alcalde Iván Arias denunció que le echaron gas pimienta y  la Policía gasificó a ambos bandos. En tanto, diputados oficialistas anuncian procesos a cívicos de Santa Cruz y Potosí.

Luego de  la abrogación de la Ley 1386 o Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que tuvo movilizados a gremiales y cívicos, centenares de paceños liderados por Arias y la Asamblea de la Paceñidad protagonizaron ayer una marcha para celebrar, por lo que consideraron, una victoria ante el Gobierno; no obstante, grupos afines al Movimiento Al Socialismos (MAS) los esperaron en la avenida Mariscal Santa Cruz.

De forcejeos a robos

Al principio fueron insultos, luego forcejeos y provocaciones, y finalmente agresiones. En el tumulto, el alcalde Arias denunció que le echaron gas pimienta. “Casi me dan un palazo”, agregó el burgomaestre al insistir en que la marcha paceña fue pacífica y que no caerán en las provocaciones de afines al MAS.

Videos mostraron además el momento en que una mujer insulta a los periodistas de la red Unitel y a toda la prensa;  segundos después, la misma persona, que portaba un palo, arrebata un teléfono celular a los comunicadores de esa red para luego perderse entre la muchedumbre.

Se oye gritar: “¡Ratera! ¡Agárrenla!”, la mujer escapa a la avenida Mariscal Santa Cruz y luego recibe la protección de sus compañeros. No había policías en aquel sector del centro paceño.

Arias denunció la pasividad de la Policía. “Cada vez se equivoca (la Policía), protege a grupos paramilitares. Me echaron gas pimienta y eso sólo usa la Policía”. Algo similar pasó el lunes, cuando desconocidos provocaron destrozos en el Palacio Consistorial, según denuncia de la Alcaldía, también con la pasividad de la Policía.

En la Capital

En Sucre, hubo ayer dos marchas. El Comité Interinstitucional marchó para celebrar la abrogación de la Ley 1386, mientras que los campesinos de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), afín al MAS, también se movilizaron.

Afortunadamente, las dos protestas no coincidieron;  sin embargo, la Policía gasificó a un grupo de jóvenes que intentaban  evitar que los campesinos llegaran a la plaza 25 de Mayo. Los jóvenes escaparon del lugar.

Por otro lado, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en consejo consultivo, declaró ayer cuarto intermedio en las movilizaciones, pero mantuvo el estado de emergencia.

Alteños piden procesos

Ayer hubo un cabildo en la ciudad de El Alto de organizaciones sociales afines al Gobierno. Al final, el dirigente gremial y que durante la coyuntura conflictiva dio su apoyo a la Ley 1386, Rodolfo Mancilla, demandó al Gobierno para que se realice un proceso, por “subversivos y terroristas”, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo.

“Los denunciamos por el intento de ‘golpe de Estado’, por eso deben procesarlos por subversivos y terrorismo”, sostuvo Mancilla.  El grupo de gremiales, que él dirige, confirmaron que se sumarán a la marcha que organiza el expresidente Evo Morales desde Caracollo el 23 de noviembre y que llegará a La Paz. Mancilla ratificó el apoyo al presidente Luis Arce con quien se reunió  en los anteriores días para respaldar la Ley 1386.

Piden alerta migratoria

En tanto, Rolando Cuéllar,  diputado cruceño del MAS,   anunció un proceso a Calvo por sedición, tras la movilización en contra de la Ley 1386. Hasta el 16 de noviembre, Calvo sumaba 19 procesos. Su abogado Martín Camacho indicó que “ése es el precio por defender la democracia”.

A Cuéllar se sumó en las últimas horas el también diputado masista Daniel Rojas, quien también pide un proceso penal contra Calvo, pero además que se active la alerta migratoria. “Queremos que se lance la alerta migratoria contra Calvo. No esperemos que se vaya a Brasil o Estados Unidos debe responder por muchos delitos cometidos en Santa Cruz”. El cívico Calvo, que el martes anunció el repliegue del paro en ese departamento, fue criticado por algunos sectores cruceños por la determinación.

Las iniciativas de Cuéllar y Rojas también echaron raíz en la Asamblea Legislativa Plurinacional,  dominada por el MAS.

En Potosí, se conoció que el viceministro de Régimen Interior,  Nelson Cox,  anunció procesos contra el cívico Juan Carlos Manuel por los juicios que los cívicos tratan de instaurar a  asambleístas del MAS que convocaron a los  campesinos a la Villa Imperial hace dos semanas. Manuel pidió a los sectores  estar atentos ante las amenazas de Cox.

Cada vez se equivoca (la Policía), protege a grupos paramilitares. Me echaron gas pimienta y eso sólo usa la Policía

Iván Arias, alcalde paceño

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