Menacho: No fue desastrosa la labor de la defensa

El procurador general afirma que sin defensa, tal vez el Estado hubiera tenido que pagar 100 millones de dólares.

Nacional
Redacción Diario Página Siete
Por 
La Paz - domingo, 01 de julio de 2018 - 17:09

 Página Siete/  La Paz

Desde que se conoció el fallo arbitral (mayo de 2018) que obligó al Estado a pagar 48,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, no ha tenido tregua. Estuvo a cargo de las negociaciones, de plantear juicios, dar entrevistas y ofrecer explicaciones. Finalmente, el Estado terminó pagando 42,6 millones de dólares y, acto seguido, el Gobierno  le inició un proceso penal al expresidente Carlos Mesa, quien revirtió la concesión minera en el Salar de Uyuni a la citada empresa en 2004. 

Pero, en el curso de los acontecimientos, se supo que el Estado había perdido la oportunidad de pagar tres millones de dólares en 2008 y 27 millones de dólares el 2016. No sólo eso, también se conoció que se habían filtrado documentos desde la oficina de la exsubprocuradora  Carmiña Llorenti  en favor de los abogados chilenos que defendían a Quiborax. Todos los porqués a esas acciones son respondidos por Menacho en esta entrevista.

   Menacho reconoce que en 14 años de defensa pudo haber algún error, pero apela a la buena fe de todo lo obrado.

Al margen de la acusación contra Carlos Mesa, ¿no cree usted que exista algún tipo de responsabilidad de algún funcionario del Estado boliviano en la defensa del caso Quiborax?

Este caso ha sido complejo, es un caso que tiene 14 años, el caso más antiguo que tiene el Estado boliviano y en todo ese trabajo se ha hecho el mayor esfuerzo por defender al Estado boliviano, el esfuerzo más transparente y más sano. Hemos intentado presentar todos los argumentos al tribunal arbitral, hacerle entender que no tenía jurisdicción para conocer el caso, que nunca debieron declararse competentes respecto a una inversión ilegal, hemos presentado todos estos documentos que ustedes han mencionado en estos días que formaban parte del proceso penal, la sentencia contra el señor (David) Moscoso de agosto del año 2009, las actas supuestamente fraguadas también se han presentado, pero ahí ha primado más la visión de protección de inversiones del tribunal arbitral.

Evidentemente, en 14 años seguramente se ha cometido algún tipo de error, seguramente hay cuestiones que deben ser revisadas, tanto para conocer cómo se hizo la defensa de fondo como para la propia retroalimentación y el aprendizaje de la Procuraduría General del Estado. El arbitraje estuvo suspendido bastante tiempo porque habían negociaciones amistosas en curso, pero el proceso ya entra en una fase litigiosa de fondo entre el año 2010 y octubre del año 2013, y el laudo sale el 16 de septiembre del año 2015 (la ratificación sale en mayo de este año). En abril del 2016, el doctor (Héctor) Arce, ya como procurador, habiendo conocido los antecedentes de la defensa, ordena que se haga una valoración de estas actuaciones y esas valoraciones el día de hoy están siguiendo un curso para determinar responsabilidades de quienes llevaron adelante la defensa del Estado durante esos periodos.

 ¿Esas valoraciones son a las que el Vicepresidente se refería como una auditoría? 

Exactamente, es una revisión que se hizo de todo el proceso arbitral y el 4 de abril se emite un informe donde se establecen todas las responsabilidades. Se habla de la responsabilidad en la generación de la controversia,  que es en junio del año 2004 , eso es algo innegable.

 ¿Eso quiere decir que no va a salir ninguna novedad más de esa auditoría?

Claro, fue el informe del 4 de abril del año 2016 y en función de ese informe se ha solicitado el inicio de procedimientos internos y las acciones legales internas y externas para que las partes tengan posibilidad de presentar sus descargos.

Si la fase del litigio fue entre 2010 y 2013, eso quiere decir que la oferta de los tres millones de dólares de parte de Quiborax que data del 2008 ¿realmente hubiera evitado el arbitraje?

El arbitraje se inició el 23 de julio del año 2004. La empresa chilena se apoyó en  el tratado bilateral (de inversiones) entre Bolivia y Chile, que establece el consentimiento del Estado boliviano para resolver sus controversias mediante arbitraje. Quiborax-Non Metallic Minerals  notifica la controversia el 23 de julio del año 2004 y empieza a correr un plazo de seis meses para intentar solucionarlo. Le mandaron una carta al expresidente Mesa  durante todos esos meses. El 5 de enero del año 2005, todavía con el presidente Mesa en gestión, le dicen hoy se cumplen los seis meses desde que se inició la controversia y nosotros nos vamos a un arbitraje internacional ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones). Presentan su solicitud de arbitraje ante el CIADI  el 4 de octubre del año 2005, entonces ya existía la controversia, no es que el 2009 (se inicia), pero estaba suspendida en tanto se llevaban adelante las conversaciones amistosas.

Además del arreglo al que se pudo llegar por los tres millones de dólares el 2008,  también ha habido una posibilidad de llegar a un arreglo por 27 millones de dólares el 2016. ¿Por qué no se logró un acuerdo entonces?

Siempre estamos intentando ahorrarle y conseguirle el mayor beneficio al Estado boliviano. Evidentemente, el 2008 habían conversaciones para intentar llegar a un acuerdo amistoso  por un monto de tres millones de dólares, que hoy resulta bajo sabiendo que hemos pagado 42,6, pero en ese momento eran tres millones de dólares, quién tiene tres millones de dólares en una cuenta en banco por unas concesiones que son solamente en yacimiento. Hoy es un monto ínfimo en relación a lo que se pagó, pero en ese momento era un monto altísimo. Quien debió haber descubierto todas las ilegalidades que hoy señala que existen debió ser el expresidente Mesa, en función de esas seis auditorías que decía la ley que se debieron haber practicado. Pagar tres millones de dólares en ese momento, que no sabemos que vamos a tener que pagar 42, era una suma alta para cualquier funcionario público, realmente complicado.

¿Y 27 millones? 

El 15 de septiembre del año 2016 sale el laudo y dice (que Bolivia debe pagar a Quiborax) 48,6 millones, más los intereses a tasa Libor, el monto llegaba a aproximadamente 54 millones de dólares. Antes del laudo no volvieron a haber conversaciones amistosas. Una vez llegó el laudo se retoman el año 2016 nuevamente las conversaciones y se intenta una negociación por la mitad del monto, que en ese momento era 54 millones de dólares. Ellos estaban de acuerdo en cerrar por la mitad porque nosotros habíamos iniciado el procedimiento de anulación del laudo. Mesa dice que Bolivia nunca impugnó, sí impugnó. Y ahí es que empieza a negociar justamente la exsubprocuradora Carmiña Llorenti con su equipo técnico. Ya se tenían avanzadas las negociaciones y el 19 de diciembre del año 2016 el socio minoritario de Quiborax,  en Non Metallic Minerals, el señor David Moscoso, manda una nota a la Procuraduría General del Estado  que dice que cualquier tipo de compensación que se vaya a pagar tiene que ser con Non Metallic Minerals. Frente a eso y existiendo un procedimiento de anulación en curso, era difícil pues llegar a un arreglo con la empresa chilena, teniendo esa objeción por parte del socio boliviano. Ese fue el motivo principal por el cual nuevamente se frenan las conversaciones. No crea que es grato para mí tener que decirlo, así se suspenden las conversaciones.

 ¿Ese es el verdadero motivo procurador? Se lo pregunto porque tenemos una carta que usted envió a Héctor Arce en la que le dice que la fuga de documentos desde la oficina de Carmiña Llorenti puede afectar gravemente a la defensa de Bolivia.

Ahí hay que ser muy cuidadoso, nosotros iniciamos el procedimiento de anulación una semana después de que sale el laudo, el 21 de septiembre del 2016. Con el pedido de anulación le decimos al CIADI que suspenda la ejecución del laudo mientras se lleva adelante el procedimiento de anulación. Ellos (los chilenos) empiezan a quejarse de que el Estado boliviano estaba utilizando los procesos penales para presionar a la empresa. Entonces, esos documentos que estaban siendo conversados por la exsubprocuradora Llorenti podrían hacer que el Tribunal en ese momento cambie de opinión y decida terminar con la suspensión de la ejecución del laudo. Ese era el peligro que nosotros creíamos, pero al final ese daño nunca se materializó.

 Pero en ese Informe Técnico Legal que usted le envía a Héctor  Arce menciona la filtración de tres documentos en específico de la computadora de la señora Llorenti y da a entender de que estos documentos comprometen la defensa legal.

Es una pena la forma que está siendo presentado el tema al público. No es algo fácil de explicar. El 6 de diciembre del año 2016, la exsubprocuradora Llorenti se da cuenta, según lo que ella relata, de que estos documentos fueron enviados (desde su computadora). No son documentos de defensa, no son documentos que no estaban en conocimiento de los chilenos, porque eran los documentos que se estaban conversando para ver la posibilidad de ese cierre, de los 27 millones. El 6 de diciembre ella se da cuenta de que eso pasó el 4 de agosto, se le solicita a ella que presente un informe y se hacen las gestiones para el reemplazo de la exsubprocuradora Llorenti. El último día que está en funciones, ella presenta un informe donde detalla todos estos aspectos y allí lo que hay que ver es que no son temas que nosotros hubiésemos ni ocultado ni escondido. El 23 de diciembre ella entrega eso, el 3 de enero entro yo como subprocurador y se me remite a mí una instrucción para que haga un informe. Es ahí donde identifico este posible riesgo de que estén en manos de los abogados chilenos los documentos enviados de una autoridad de la Procuraduría.

Arce remite el informe a la Dirección Jurídica y la Dirección Jurídica el 25 de enero instruye el inicio del proceso administrativo. El 30 de enero (de 2017) yo le mando una instrucción a Jurídica para que inicie el procedimiento administrativo. Recién en enero de este año se contrata al abogado externo que es el que lleva adelante el proceso y ese proceso concluye con el establecimiento de responsabilidad administrativa por parte de la exsubprocuradora Llorenti. Nosotros no vimos nada que nos hubiese indicado que era un tema de mala fe o que había allí un tema oscuro por parte de la exsubprocuradora. Ella  estaba conversando sobre estos documentos para un potencial cierre, uno de los abogados le dice que no funcionaba el internet y le pide que le preste su computadora para remitir unos correos y en esa computadora ella tenía abierto su correo personal, que es de donde se envían los documentos. Ella luego lo dice y por eso se procede a su reemplazo por mí y luego al inicio del proceso administrativo.

¿Usted cree en la buena fe de ese acto? 

No vimos ningún elemento que nos hubiese permitido pensar de otra manera.

¿Y por qué tardaron tanto en la contratación de ese abogado externo? Pasaron como 15 meses antes de que se haga ese proceso administrativo. 

Desde los primeros meses de este año se procedió a la contratación del sumariante externo y en marzo inicia el proceso administrativo que creo que en mayo se emite la resolución jerárquica.

¿Y cuál es la sanción?

La sanción es responsabilidad administrativa y esa documentación, según lo que recomendaba la sumariante externa, iba a ser remitida a la Contraloría General del Estado para fines de verificación. Para trabajar para el Estado piden un documento que se llama solvencia fiscal, que quiere decir que el funcionario público tiene que estar sin ningún tipo de registro negativo para trabajar con el Estado. Los antecedentes del proceso administrativo iban a contar en la Contraloría General del Estado para esa solvencia fiscal.

No me queda claro si esta filtración de los documentos ha comprometido finalmente el arreglo por los 27 millones.

No, porque esos documentos que fueron remitidos eran parte de los documentos que se estaban discutiendo para el cierre.

Pero usted  dice en su informe a Arce que sí iban a afectar gravemente la defensa de Bolivia.

En ese momento, ellos (los chilenos de Quiborax) solicitan que se termine con la suspensión (del laudo), el 6 de diciembre de 2016, para que ellos puedan ejecutarlo (cobrar). Y ellos ahí utilizan, como lo hicieron durante todo el proceso arbitral, de que Bolivia los está presionando, los está coaccionado con los procesos penales, ese era el peligro que nosotros veíamos y que yo hago referencia en mi informe. Pero, se prosigue en la negociación con ellos hasta que el 19 de diciembre David Moscoso, el socio minoritario, se opone al cierre.

¿Por recomendación de la Dirección Jurídica es que no se inicia otro proceso que no sea el administrativo contra  Llorenti?

Lo que recomienda es que se vaya al proceso externo y en el proceso administrativo  la sumariante externa pudo haber dicho que ve cuestiones de responsabilidad penal, en ese caso nosotros hubiésemos actuado en consecuencia.

Lo que se ha producido es una filtración de documentos. ¿Tratándose de un caso tan delicado no cree que es una traición a la patria?

El tipo penal de traición a la patria se da en estado de guerra. Solo en estado de guerra cuando se le proporciona información al enemigo.

Hablemos entonces de espionaje. Un periodista de La Razón ha sido procesado por Héctor Arce por haber revelado una información sobre la demanda marítima. En este caso, estamos hablando de que una filtración ha llevado a perder 42 millones de dólares.

Le agradezco por la pregunta, pero eso no llevó a la pérdida del arbitraje porque ya existía un laudo. Las partes pueden presentar pruebas y documentos en el proceso de fondo, mientras que en el proceso de anulación no se presenta prueba, simplemente se discute la forma en que el tribunal arbitral tomó su decisión. Esos documentos filtrados no fueron parte nunca del procedimiento arbitral. Entiendo la preocupación, no es fácil para mí como abogado del Estado encarar un tema así. Realmente la sorprendieron en su buena fe a la subprocuradora y accedieron a su computadora y enviaron documentos, pero esos documentos nunca formaron parte del arbitraje, ni del proceso.

¿Cuál era el valor de esos documentos entonces? ¿Por qué los chilenos se los llevaron?

Buscaban presentar al Estado boliviano como un Estado que presiona a los inversionistas, porque esa es la figura que pintan. 

Sin embargo, dos de los tres documentos eran modelos de acuerdos del laudo, del arreglo de los 27 millones y uno de ellos ya estaba cerrado y les daban (a abogados de Quiborax) la opción para que pudieran modificar el otro modelo.

Eso hubiese afectado al Estado boliviano, si se hubiese introducido antes del laudo, pero un monto de 27 millones, cuando ya había un laudo de 48 millones, más bien nos daba a nosotros la razón de que había algo que podía ser anulable en el proceso.

El Gobierno le inicia un proceso a Carlos Mesa por haber expropiado a Quiborax, pero resulta que si hay un gobierno nacionalizador es el de Evo Morales. Usted ha dado un informe de que se han pagado más de 800 millones de dólares por arbitrajes, por nacionalizaciones de Evo Morales. ¿No le parece un contrasentido con Mesa?

Es que nosotros no criticamos la medida, el espíritu…

¿Usted en lugar de Mesa hubiera revertido igual Quiborax?

Conforme me lo mandaba la ley. Nosotros no criticamos la medida de ampliar el área de reserva fiscal del Salar de Uyuni, el problema es que Mesa promulgó una ley, donde daba obligaciones específicas sobre cómo debería llevar adelante el proceso de nulidad de concesiones mineras, que debía cumplirse.

Y si el gobierno de Evo Morales sí ha cumplido las normas, ¿por qué ha terminado pagando más de 800 millones de dólares por arbitrajes?

Ahí hay una apreciación errónea, nosotros no hemos perdido casos de proceso de nacionalización, no hay laudos.

¿Por qué estamos pagando entonces?

Estamos pagando porque cuando se nacionaliza, se incorpora un activo que no era del Estado al patrimonio del Estado. Hay un cambio de la propiedad, del privado al Estado, todas las nacionalizaciones se compensan, todas las nacionalizaciones se pagan porque eso es lo que manda el derecho internacional. En todos los decretos de nacionalización del presidente Morales dice “hágase la evaluación para la posterior indemnización a esta empresa”. Las condiciones fijadas por la ONU son cuatro: que no se discrimine, que se siga el debido proceso, que haya un interés público y que se pague. Si ustedes ven el laudo del caso Quiborax, el tribunal dice  que se discriminó, se echó a estos inversionistas por su nacionalidad chilena, evidentemente el señor Carlos Mesa los expulsa por ser chilenos.

Él dice que los expulsa porque estaban estafando al Estado.

El tribunal dice eso, que la expropiación fue discriminatoria en función a la nacionalidad de los inversionistas, que fue ilegal, porque no se cumplió ni con la ley ni el decreto supremo. Declaran que, como es ilegal, hay que compensar plenamente al inversionista, que es una full compensation,  por eso es tan alto el monto indemnizatorio, por la ilegalidad de la toma.

¿Por qué hemos pagado si la defensa ha sido tan desastrosa?

No ha sido desastrosa la defensa.

¡Pero si hemos pagado 42 millones de dólares!

Hay diferentes enfoques, uno de ellos es el de los costos, en el que se le paga al inversionista lo que gastó. Si gastó 100, se le devuelven 100, eso ocurre cuando la inversión aún no está en marcha y no hay flujos de caja y no se sabe cuánto irían a ganar en 30 años. Pero en este caso, la empresa ya estaba trabajando dos años en Bolivia, en función de esos ingresos que había tenido  se valoró  cuánto pudieron haber explotado y ganado. En la audiencia en Washington  le dijimos al CIADI que era aberrante la decisión del tribunal arbitral de darle un 12.000 por ciento a una empresa que sólo había invertido alrededor de 800 mil dólares, pero el CIADI tiene una línea que es no anular sus laudos porque sino nadie va a querer acudir a los servicios del CIADI.  Hubo una demanda de 150 millones de dólares, si nosotros no defendíamos no iba a ser 48, tal vez iba a ser 100 millones.

¿Cuánto se pagó al bufete de abogados?

En el proceso de anulación hemos pagado 450 mil dólares.

¿Y en toda la defensa?

No lo tengo el dato específico.

¿El bufete da una explicación ante la derrota?, porque pudo haber sido 100, pero también pudo haber sido tres o 27 millones.


Si hubiese sido tres también hubiese sido considerado una derrota. Para el común de la gente cualquier laudo es visto como una derrota.


¿Quién era el árbitro de Bolivia y cómo actuó en el caso?


Así funciona: un árbitro elige el demandante y un árbitro elige el demandado, y entre esos dos eligen a un tercero. Bolivia eligió al árbitro Brigitte Stern, abogada suiza, y ella justamente emitió la opinión disidente que está en el laudo, que fue la que nosotros utilizamos para el procedimiento de anulación.


¿ Cuál es la situación de Bolivia ante el CIADI?


Ya no estamos, porque son tribunales por lo general parcializados en favor del inversionista extranjero, hay una carga negativa hacia los Estados que llevan adelante procesos de nacionalización, somos casi unos terroristas contra el libre mercado, los árbitros entran con una carga negativa en contra del Estado. En los arbitrajes es como entrar a un partido de fútbol perdiendo 3-0 porque ya toda esa carga negativa está en la mente de los árbitros y hay que intentar empatar y de suerte alguna vez algún Estado ha podido ganar algún arbitraje. Desde el 3 de noviembre de 2007 estamos fuera del CIADI.

¿Cómo buscan que termine esto? ¿Buscan que Carlos Mesa pague los 42 millones, que vaya a la cárcel o que no sea candidato?

Hacer un proceso penal a cualquier persona nunca es grato para nadie. Los indicios de la responsabilidad penal de Carlos Mesa surgen el año 2008 a raíz de un informe del Ministerio de Defensa Legal donde ya se veía la ilegalidad del DS 27589. 

¿No se arrepiente de plantear esa denuncia, pues a raíz de eso surgieron estas irregularidades?

Es nuestra responsabilidad, es el mandato que nosotros tenemos. Si creemos que hay indicios de responsabilidad penal tenemos que actuar en consecuencia.  Tenemos una posición jurídica, creemos que el señor Mesa la va a tener en algún momento, hasta ahora sólo  hemos visto una posición mediática. Hemos visto que no se cumplieron con las auditorías, hemos actuado en consecuencia.

 

 

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