El informe del Relator tiene 129 puntos y 20 recomendaciones al sistema judicial

ONU ve en Bolivia una justicia politizada y señala que Añez merece un juicio justo

El informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, se refirió a las denuncias de extorsión de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias contra litigantes.

Nacional
Carlos Quisbert
Por 
La Paz - miércoles, 22 de junio de 2022 - 5:00

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, presentó ayer el informe final sobre su valoración de la justicia en Bolivia, documento en el que dejó en evidencia la injerencia política sobre jueces y fiscales del sistema. Entre sus observaciones se resalta el derecho que tiene la expresidenta Jeanine Añez a un juicio justo.

En el punto 87 de su reporte, García-Sayán cita que un ejemplo sobre los problemas estructurales de la justicia en Bolivia se ve reflejado en el caso de la exmandataria Añez.

“Su caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva (...). El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la norma boliviana”, cita el documento.

García-Sayán detalló que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de la exmandataria. “Recordó que, en el caso particular de una huelga de hambre, esta obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente”, dice el informe, en alusión a la medida de protesta que Añez mantuvo durante la visita del Relator, en febrero.

El informe fue presentado en la 50 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevó a cabo en Ginebra, sede de la organización. El documento refleja los resultados del análisis que el funcionario hizo por invitación del gobierno de Luis Arce y que llevó a cabo entre el 15 y 22 de febrero en Bolivia.

“El propósito de la misión era examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, la situación de la administración de justicia, su independencia, el acceso a ésta y su capacidad de procesamiento de grandes retos nacionales como la corrupción, la violencia contra la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”, señaló García-Sayán. A continuación, se evidencia la reprobación de la justicia boliviana en los puntos observados.

“La corrupción fue referida como un problema serio. Muchos de los interlocutores comentaron su impacto y la profunda desconfianza que existe en la justicia boliviana. El Relator Especial escuchó testimonios de personas que han sido extorsionadas por jueces, fiscales y autoridades penitenciarias para facilitar procesos o cursar órdenes. El temor les impide denunciar la corrupción públicamente”, señala el punto 38 del informe de García-Sayán, justo en el capítulo sobre acceso a la justicia.

A continuación, el Relator citó el polémico caso del violador y asesino serial Richard Choque Flores, quien fue liberado por el juez Rafael Alcón, basado en un informe médico.

Un segundo caso citado como ejemplo y que revela el grado de corrupción entre fiscales y jueces es el de la liberación de Felipe Froilán Molina Bustamante, alias “El Killer”, condenado por el asesinato del dirigente Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El informe detalla que las víctimas de distintos delitos y sus familiares expresaron al Relator de la ONU los “obstáculos para acceder a la justicia, lo que incluye tener que aportar los medios probatorios para la investigación, verse en necesidad de asumir gastos o realizar pagos para que sus casos avancen”.

Asimismo, entre los 129 puntos del informe contenidos en 20 páginas, se subrayó la necesidad de que Bolivia cuente con una ley de acceso a la información, debido a que los administradores de justicia no actúan con transparencia y la sociedad no tiene forma de fiscalizar su trabajo.

Entre los obstáculos para un sistema judicial independiente e imparcial, García-Sayán citó el bajo presupuesto que el Gobierno asigna a jueces y fiscales, que por un lado son víctimas de amenazas y presiones, lo que limita su trabajo, y en el otro extremo promueve la corrupción entre los funcionarios del sistema.

Una valoración similar se tiene respecto de la injerencia política, que, según el análisis, ocurre desde la preselección de los postulantes a los altos cargos en la Magistratura, Tribunal Agroambiental, tribunales de justicia, constitucional y en la Fiscalía.

Recomendaciones

Entre las 20 recomendaciones que hizo García-Sayán se menciona el de la reforma en el proceso de selección de autoridades judiciales, debido a la falta de legitimidad que se tiene en la elección por voto popular.

“Impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura. El Relator Especial insiste en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del Estado de Derecho y los estándares contenidos en los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura”, sseñala el Relator de la ONU en la parte de las recomendaciones.

Otras observaciones del informe del Relator de la ONU

1 “Los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data no han sido erradicados”, detalla el informe.

2. “El 47% de los 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria desempeñan sus funciones de modo transitorio”. Además, “el 65% de los juzgados (son 865) se encuentran en capitales”.

3. “En 2020, cada juez conocía un promedio de 530 causas”, dice el documento.

4. La Defensora del Pueblo manifestó al Relator que “el país cuenta con apenas 51 defensores públicos”. Por su parte, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública asegura que “son 99 municipios de los 339 que hay en el país” los que cuentan con esta ayuda en las defensas.

5. Observa la bicefalía entre el Consejo de la Magistratura y la Dirección Administrativa y Financiera del Tribunal Superior de Justicia “para ejercer el control y fiscalización”. También describe la “confusión en cuanto a las competencias de cada jurisdicción” como parte de un problema que sufren las víctimas de distintos procesos.

6. El “abuso de la figura de inconstitucionalidad” provoca una carga de trabajo en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Las demandas que llegan al Tribunal Constitucional Plurinacional “frenan los procesos”.

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