Las juntas vecinales forman parte del Comité Pro Santa Cruz

Organizaciones sociales cruceñas, entre problemas urgentes y tensiones políticas

En el municipio cruceño hay por lo menos tres federaciones de juntas vecinales que se disputan la representación y legitimidad, y cada una tiene apoyo abierto o velado del MAS, Camacho o Johnny Fernández.

Nacional
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lunes, 19 de septiembre de 2022 - 5:00

Félix Quisbert llega con una hora de retraso a la entrevista, con los zapatos embarrados, porque su vehículo no pudo salir del lodazal que se forma con la lluvia en el barrio La Amistad, de la Villa Primero de Mayo. Junto a otros dirigentes vecinales espera una audiencia en el Concejo Municipal para demandar por cuarto año consecutivo el ingreso de una línea de transporte hasta su vecindario entre el octavo y noveno anillo de Santa Cruz de la Sierra.

En el mes aniversario del departamento, los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz preparan un cabildo para el 30 de septiembre con el objetivo de definir medidas para presionar al Gobierno central por la realización del censo en el 2023, mientras las organizaciones sociales solo miran expectantes porque tienen que gestionar problemas urgentes para mejorar las condiciones de su vida cotidiana.

Es el asunto que lleva a Félix Quisbert, nacido en El Alto pero radicado hace medio siglo en Santa Cruz, a una audiencia en el Concejo porque muchos vecinos de la zona actualmente pagan dos pasajes para llegar al centro o están obligados a seguir los tramos del transporte que les hacen demorar hasta una hora en llegar a su destino.

Esos problemas no se tratan en la asamblea de la cruceñidad, a la que convoca el Comité Pro Santa Cruz, no es de su competencia, aunque las juntas vecinales en general forman parte de esa entidad, según la nómina de miembros.

En los dirigentes vecinales también ha calado el discurso cívico de que el censo va a resolver sus problemas de calidad de vida con la llegada de más recursos. “El censo nos va a beneficiar a todos, apostamos a (que) se realice lo antes posible porque nos faltan muchos recursos para progresar”, dice Olver Parra Flores, presidente de la Asociación de Juntas Vecinales (Asjuve) del Distrito 7.

El departamento de Santa Cruz tiene más de tres millones de habitantes, según proyección del Instituto Nacional de Estadísticas, con más de dos millones concentrados en la región metropolitana compuesta por los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno y Warnes. La migración interna de los últimos años ha reconfigurado la estructura social de la región, así como sus formas de hacer política.

En la capital cruceña, la Villa Primero de Mayo, administrativamente Distrito 7, tenía cerca de 200 mil habitantes en el censo de 2012, pero sus representantes vecinales calculan que hay 450 mil personas ahora. Solo la Asjuve aglutina a 153 juntas vecinales y existe a la vez una Coordinadora de Juntas Vecinales que intenta funcionar apoyada por el alcalde Fernández.

Aunque es por sí sola una ciudadela, carece de un hospital de tercer nivel, atención en la seguridad ciudadana, una estación de bomberos, módulos educativos, sistemas de drenaje y tiene una larga lista de necesidades.

“Con el primer nivel de gobierno (municipio) tenemos tropiezos porque ha dividido a las organizaciones, pero hacemos a un lado estas cosas, exigimos obras que nos corresponde por derecho”, dice Parra mientras espera su turno, junto a otros dirigentes y su asesor, en una audiencia pública en el Concejo Municipal.

La necesidad de resolver esos problemas urgentes les ha llevado a poner una oficina en La Paz para influir en el gobierno central, pero no han tenido éxito. “Hemos abierto sucursal en La Paz para poder llegar con nuestros trámites, pero poca respuesta tenemos”, comenta Parra. La Asjuve abrió esa oficina con ayuda del asambleísta Andrés Romero, de Creemos.

Félix Quisbert dice que el alcalde Fernández ha ganado en votación en la zona que va del séptimo al décimo anillo de la ciudad, sin que hasta ahora hubiera hecho nada por esos barrios marginales.

“A mi barrio no ha llegado nada en sus 29 años de existencia, alguna vez ha pasado la máquina a echar un poco de tierra. Desde que ingresó el alcalde ha seguido los pasos del MAS, ha empezado a dividir los barrios, los simpatizantes de la UCS han creado un grupo denominado Coordinadora que hacen lo que el alcalde les ordena”, comenta.

En el plan

Igual que la Villa, el Plan 3000 es otro barrio densamente poblado. Hace una década había 320 mil habitantes y 134 barrios, según la última medición censal, que tienen permanentes necesidades de alcantarillado, pavimentación, iluminación, seguridad, educación y salud.

Los paros, a los que convoca el Comité Pro Santa Cruz como medida de protesta contra el Gobierno, no se cumplen a cabalidad en esta zona. “El Plan 3000 es un bastión del MAS”, dice Francisco Quisbert, presidente de la Asociación Unión de Juntas Vecinales del Distrito 8.

Durante el paro de 48 horas, realizado el 8 y 9 de agosto, la Policía y la Fiscalía cargaron contra cuatro jóvenes, a los que identificaron como “unionistas”, es decir miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, un brazo del Comité Pro Santa Cruz. Los arrestados por portar petardos y fueron imputados por cuatro delitos, incluido el atentado contra funcionarios de la seguridad interior del Estado.

A diferencia de sus pares en la villa, los dirigentes en la Asociación Unión de Juntas Vecinales del Plan 3000 tienen otra percepción de las autoridades ediles. Su presidente Francisco Quisbert, posesionado por el exasambleísta del MAS Lucio Vedia, explica: “El nuevo alcalde nos está atendiendo muy bien, antes solo la parte central (del plan) era desarrollada en proyectos; y la parte de laderas, olvidada, pero con el alcalde y subalcalde se está llegando hasta el último rincón del distrito”.

Francisco Quisbert es dueño de un negocio de gigantografías ubicado en el segundo anillo de la ciudad y su taller bulle de clientes. En general está en contra de los paros cívicos y tiene simpatías con el alcalde que se ha opuesto a la última medida realizada el 8 y 9 de agosto.

“El alcalde puso el pecho a las balas con las amenazas del paro cívico, saliéndose de ese grupo (comité interinstitucional) que hicieron para postergar las aspiraciones de Santa Cruz. Se salió él y calmó todo, hay que apoyarlo porque todos vivimos del trabajo diario”, dice Quisbert, antes de explicar que nunca acata los paros, aunque su negocio funciona en pleno territorio cívico.

Condicionados por políticos

Al margen de las gestiones para conseguir obras y acciones que mejoren la calidad de vida de sus barrios, los dirigentes vecinales tienen que lidiar con el surgimiento de agrupaciones paralelas, “ilegales” o informales. En el municipio hay por lo menos tres federaciones de juntas vecinales, otros cuentan hasta cinco, que se disputan la representación y legitimidad, y cada una tiene apoyo abierto o velado del MAS, Camacho o Johnny Fernández.

En cualquier caso, los partidos ofrecen obras u otras dádivas a cambio de apoyo político. “La alcaldía está ofreciendo trabajo, muchos dirigentes son funcionarios, eso está haciendo mucho daño a la dirigencia”, dice Parra.

Los dirigentes vecinales se autoidentifican como apolíticos, entendiendo ser político como alguien que vive haciendo maniobras para obtener beneficios personales.

Si bien en la página web del Comité Pro Santa Cruz las juntas vecinales aparecen como sus miembros, su principal interacción está vinculada a las autoridades municipales y al funcionamiento político que se desarrolla alrededor de ellas.

Indígenas urbanos

Los sectores populares de Santa Cruz se multiplican por cientos entre comerciantes, transportistas, mototaxistas y trabajadores de otros gremios, sin contar a los sectores asalariados que tienen sus propias reivindicaciones y alianzas con las agrupaciones políticas.

Pero un sector importante, aunque poco visibilizado, es el de los migrantes rurales salidos de las comunidades indígenas. “Nosotros nunca nos fuimos”, se apresura a corregir Florinda Urañavi, una mujer guaraya y presidenta de la Asociación de Pueblos Indígenas de Santa Cruz de la Sierra (Apisac), para desvirtuar el calificativo de migrante.

La población indígena urbana -organizada en la Apisac con residentes de los pueblos guarayo, chiquitano, mojeño yuracaré y afroboliviano- reafirma su presencia en estas tierras antes de la colonia, como marca identitaria y para contrarrestar la discriminación social y económica que les ha llevado a ubicarse en sectores arrinconados de la ciudad.

En Santa Cruz, la mayor concentración de familias de indígenas urbanos está en los distritos 6, 7, 8 y 14, es decir en la Pampa de la Isla, Villa Primero de Mayo, Plan 3000 y Paurito.

El comité cívico “no nos representa, no vamos a sus reuniones, no mencionan a los pueblos indígenas urbanos”, dice Urañavi, en un breve descanso de su trabajo diario. También es vecina del Distrito 7, pero desconoce la movida de la dirigencia vecinal.

“Es un gran logro, un orgullo, no estar debajo de la manga de un partido político”, dice Urañavi. Eso no los compromete a apoyar ni los obliga a rechazar los lineamientos de una autoridad electa solo por afiliación política, y afirma que toman decisiones a partir de analizar si la propuesta es correcta o no.

La Apisac tiene su propia agenda que por ahora está en la congeladora. Entre sus demandas planteadas a las autoridades están la creación de una secretaría de pueblos indígenas en la estructura municipal, una representación elegida por usos y costumbres y un distrito municipal discontinuo. Hasta ahora, su activa búsqueda de espacios de participación ha logrado la creación de la unidad de pueblos indígenas dentro de la Secretaría de Culturas del gobierno edil, un pequeño presupuesto y en esta gestión fueron tomados en cuenta en la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral.

“Con el municipio tenemos tropiezos porque ha dividido las organizaciones, pero dejamos eso y exigimos obras”.
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“El alcalde Johnny Fernández calmó el paro, hay que apoyarlo porque todos vivimos del trabajo diario”.
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