La propuesta chilena será sometida a referendo en el mes de septiembre

Proyecto de Constitución de Chile tiene al menos cinco similitudes con la CPE

Las semejanzas van desde el Estado Plurinacional, pasando por la justicia indígena, hasta la democracia comunitaria. Especialistas ven que esas disposiciones en Bolivia no se aplicaron de forma plena.

Nacional
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domingo, 17 de julio de 2022 - 5:00

Desde convertir a Chile en un Estado Plurinacional hasta implantar la democracia comunitaria, el proyecto de Constitución chileno tiene al menos cinco similitudes con la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia. Expertos coinciden en que, en el caso del país, esas disposiciones no se llegaron a aplicar de forma plena.

El proceso de la redacción de una nueva Constitución comenzó en Chile en diciembre de 2019. El proyecto, que será votado en el referendo en el mes de septiembre, tiene 388 artículos y 47 disposiciones transitorias.

Las similitudes detectadas entre la propuesta de Chile y la CPE de Bolivia están relacionadas con: el Estado Plurinacional, las autonomías indígenas, el reconocimiento de las lenguas originarias, la democracia comunitaria y la justicia indígena.

Estado Plurinacional

La principal similitud está relacionada con el modelo de Estado. El proyecto de Constitución de Chile, en su artículo 1, establece que ese país, además de ser un Estado social y democrático, es plurinacional e intercultural. La CPE, que entró en vigencia en 2009, señala en su artículo 1, que Bolivia se constituye, además de independiente, democrático e intercultural, como un Estado de Derecho Plurinacional.

El constitucionalista Julio Veizaga manifestó que existen similitudes entre ambos documentos en ese punto. Sin embargo, sostuvo que en el caso de Bolivia, el Estado Plurinacional no fue implementado a cabalidad.

“En estos más de 10 años de aplicación de la Constitución, la plurinacionalidad no fue aplicada completamente. Si revisamos en las instituciones, no hubo un avance sustantivo. El gobierno del MAS ha cooptado a las naciones indígenas. Haciendo una abstracción general, no hay una aplicación de lo plurinacional”, sostuvo.

Autonomías indígenas

El artículo 34 del proyecto de Chile establece que los pueblos indígenas tienen derecho a su libre autodeterminación, a la autonomía y al autogobierno. En la CPE, al respecto, el artículo 289 establece que la autonomía indígena “consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas”.

Fabián Yaksic, exviceministro de Descentralización y especialista en autonomías, sostuvo que en este aspecto hay una similitud con la CPE de Bolivia y aseguró que le “parece altamente positivo que sea incorporada la autonomía indígena en la propuesta constitucional chilena”.

No obstante, Yaksic manifestó que en Bolivia las autonomías indígenas “no están consolidadas plenamente”. Entre las autonomías concretadas están Raqaypampa y Charagua.

“Lo importante de una autonomía indígena es que toda la dinámica institucional sea realizada por usos y costumbres; es la aplicación de normas alternativas y ahí está la complejidad, porque tiene que construirse una normativa que permita la aplicación de los usos y costumbres”, sostuvo Yaksic.

Democracia comunitaria

El artículo 151 del proyecto de Constitución establece que en Chile la democracia, además de directa y representativa, se ejerce de forma comunitaria. El artículo 11 de la CPE establece que una de las formas en las que se ejerce la democracia en Bolivia, además de la directa y representativa, es la comunitaria, “por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios”.

La historiadora Sayuri Loza indicó que al parecer los convencionales que redactaron la propuesta de Constitución de Chile “se inspiraron muchísimo en la Constitución boliviana”. Con referencia a la democracia comunitaria en Bolivia, comentó que no se aplicó porque no existen fondos, los cuales debieron ser administrados por el Fondioc, pero “lamentablemente” ahí hubo un desfalco.

“Los recursos indígenas son administrados por los municipios, y estas administraciones sólo hacen arreglos de canchitas con sobreprecio. Para eso se va el dinero y no hay para la justicia y democracia comunitaria”, dijo.

Lenguas indígenas

En cuestión de los idiomas del Estado, el proyecto de Constitución de Chile, en su artículo 12, reconoce al castellano y a los “idiomas indígenas”. La CPE, en el artículo 5, instituye como idiomas oficiales de Bolivia “el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

Al respecto, el historiador y analista político Pedro Portugal manifestó que ésta es otra similitud entre el texto constitucional de Bolivia y el proyecto de Constitución de Chile, y que responde a las estrategias de grupos de izquierda de “sustituir mitos en sus retóricas”.

Agregó que en Bolivia pocos hablan las lenguas de los 36 pueblos indígenas, y que se convirtió en una farsa la forma en cómo servidores públicos cumplen la obligatoriedad del uso de al menos dos idiomas oficiales.

“Sabemos que es una farsa la obligatoriedad de saber una lengua nativa para los funcionarios. Cualquier funcionario puede hacer un curso básico de una lengua nativa unos meses y puede obtener un certificado, pero en realidad no tiene ni el conocimiento básico del idioma”, dijo.

Justicia indígena

El proyecto de Constitución de Chile, en su artículo 307, especifica que la justicia es ejercida por los tribunales de justicia y “las autoridades de los pueblos y naciones indígenas”. En el artículo 309 establece que una ley determinará “los mecanismos de coordinación de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales”.

En el caso de la CPE, el artículo 190 señala que las naciones y pueblos indígenas “ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades”. En el artículo 192 establece que la ley de deslinde jurisdiccional “determinará los mecanismos de coordinación y cooperación” entre la jurisdicción indígena y las otras jurisdicciones reconocidas.

El Legislativo aprobó en 2010 la Ley de Deslinde Jurisdiccional. No obstante, esa norma “limita excesivamente el derecho de las naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos propios”, señala el reciente informe emitido por Diego García-Sayán, relator especial de sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, quien visitó Bolivia en febrero.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé afirmó que esta semejanza puede ser riesgosa para Chile porque su realidad es otra. “Este discurso que ha llevado García Linera a la Constituyente de Chile es muy peligroso, podría quebrar la institucionalidad de años que tiene el Estado chileno”, enfatizó.

¿Fin político?

Portugal indicó que en los países de la región hay la ilusión de que la plurinacionalidad y las autonomías son parte de un modelo exitoso, pero lo cierto es que, según su desarrollo en Bolivia y Ecuador, no se aplican y sólo sirven en el discurso.

“Existe la ilusión, en los países del continente, en que la plurinacionalidad y las autonomías fuesen algo exitoso en países que la han puesto como parte de su política, como es el caso de Bolivia y Ecuador. En ambos casos, ha sido un fracaso, una pantalla que no se aplica (...), sólo sirve para el discurso político”, sostuvo.

La constitucionalista María Cristina Escudero aseveró que el tema de la plurinacionalidad era algo pendiente en Chile. Agregó que cuando trabajó la Convención Constitucional, la mitad de las normas fueron trabajadas durante el gobierno de Sebastián Piñera y lo restante en la actual gestión de Gabriel Boric.

“La plurinacionalidad no sólo existe en Bolivia, hay también en Ecuador y era un tema pendiente en Chile. (...) El contexto chileno es muy distinto del de Bolivia, cuando se dio el proceso constitucional. Eso no quiere decir que si en Bolivia hubo algunas malas experiencias en Chile pase lo mismo”, puntualizó.

Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional de Chile y profesora de la Universidad del Desarrollo, consideró que definir al Estado chileno como plurinacional no reflejará la realidad, por la baja cantidad poblacional indígena (menos del 15%).

Con referencia a la disposición sobre autonomías indígenas, expresó que haría posible que haya territorios a los que no se pueda entrar, además de “avivar la llama” de los mapuches que quieren independencia.

“Uno de los expertos de la Constituyente fue el profesor portugués Boaventura de Sousa Santos, que dirige un centro de investigación en Portugal y postula que “las constituciones emergentes deben ser instrumentos transformadores de la realidad social para remover todo vestigio del Estado patriarcal, colonial y capital. Pareciera que somos un laboratorio de algunos académicos de Europa”, afirmó.

El senador José Miguel Insulza, del Partido Socialista, aseguró que no existe una sola Constitución que tenga “artículos originales”. Sobre la plurinacionalidad, argumentó que principalmente la población chilena se autodetermina mestiza.

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